Fedea cifra en 1.855 millones el coste de la policía autonómica catalana, la partida más elevada, y propone revisarlo
Regala esta noticia Añádenos en Google Un vehículo de los Mossos d'Esquadra. (EFE) 26/08/2026 a las 12:42h.Ninguna competencia singular -aquellas que solo ejercen algunas comunidades- le cuesta tanto al Estado como la policía autonómica catalana: 1.855 millones de euros, por ... delante del personal al servicio de la Administración de Justicia (1.765 millones) y de la participación provincial en los ingresos del Estado (1.329 millones). Estas son las tres partidas más elevadas de un conjunto de competencias no homogéneas que suman un total de más de 8.300 millones de euros, con datos de financiación de 2023. Así se desprende elaborado por Fedea sobre la reforma de la financiación autonómica a pocos días que se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se debatirá este asunto. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, ese ejercicio las comunidades autónomas recibirán 20.975 millones de euros adicionales respecto al modelo actualmente vigente.
El origen de estas diferencias para este economista está en cómo se financian estas competencias desde el momento del traspaso. Cuando el Estado transfiere una competencia a una comunidad, le asigna como financiación inicial lo que gastaba en prestarla en ese momento, «posiblemente con ajustes pactados en comisión mixta». Esa cantidad, sin embargo, nunca se revisa ni se contrasta con la que reciben otras regiones por el mismo servicio: queda fijada y se actualiza cada año en función de la evolución de la recaudación tributaria del Estado.
Cesión del IVA
El procedimiento, admite el propio informe, «está pensado para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios tras su traspaso, pero no asegura una valoración coherente de cada competencia en los distintos territorios», afirma el economista. Las diferencias también son importantes en la financiación provincial. Extremadura recibe 367 euros por habitante frente a los 136 de Madrid, una brecha que De la Fuente considera «muy superior a lo que sería razonable».
Entre las fórmulas que baraja el Ejecutivo para financiar estas competencias no homogéneas figura la cesión a las comunidades de un tramo adicional de IVA de hasta el 90%. De la Fuente rechaza esta vía porque, a su juicio, «no parece la más adecuada» y reduce la transparencia del sistema, dificulta la comparación de los costes reales entre territorios y complica que estas competencias puedan integrarse en el futuro en el esquema general de financiación.
Fedea propone que las competencias que puedan extenderse al conjunto de las comunidades -como los profesores de religión o el personal de justicia- vayan adaptando gradualmente su financiación a fórmulas objetivas, basadas en la población escolar o en la población total, hasta integrarse en el sistema ordinario. Para las que seguirán siendo exclusivas de unos pocos territorios, como las prisiones o la policía autonómica, plantea fijar costes de referencia que permitan comparar su financiación entre comunidades.
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