- EXPANSIÓN
El líder del PP carga contra el plan de Hacienda y tiende su mano al Gobierno para negociar otra reforma si anula el acuerdo alcanzado con ERC la semana pasada.
Los barones del PP, liderados por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, escenificaron ayer su rechazo al plan de reforma de financiación autonómica acordado entre el Gobierno y ERC la pasada semana y que tendría como resultado la llegada de 4.700 millones de euros más para Cataluña. El plan fue rechazado por todas las comunidades autónomas, incluyendo las gobernadas por el PSOE, hace unos días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y parece condenado al fracaso en el Congreso de los Diputados.
Los barones firmaron ayer un documento en la cumbre de los populares en Zaragoza para responder ante una propuesta que, según consideran, "potencia el enfrentamiento, la única estrategia de supervivencia política" de Pedro Sánchez para mantener su puesto en Moncloa.
No obstante, Feijóo tendió su mano al presidente del Gobierno para negociar una reforma de financiación autonómica alternativo. "Reinicie usted [por Sánchez], retire este proyecto, retire este sistema y nos ponemos a hablar", apuntó el líder del PP.
Feijóo también subrayó que Junqueras está "inhabilitado por malversar fondos públicos" y no gobierna en ninguna comunidad, por lo que "no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes", y en cambio Pedro Sánchez le ha "nombrado ministro de Hacienda". "Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes, tampoco tiene el derecho a repartir el dinero de los españoles", enfatizó, al tiempo que reafirmó su apoyo "firme" al pueblo de Cataluña. "No estamos aquí contra Cataluña, estamos aquí en favor de los catalanes".
En este sentido, acusó a Sánchez de "comprar el proyecto independentista a cambio de seguir en La Moncloa". "No es por principios, es por poder", ha dicho el líder del PP.
Según Feijóo, en España a día de hoy no hay un nuevo modelo de financiación porque no hay "un presidente de gobierno libre" sino que está "maniatado" por los partidos separatistas.
En respuesta, el Gobierno menospreció ayer el documento presentado por el PP, tachándolo de "seis folios genéricos sin una sola cifra". En su opinión, los populares no se atreven a hablar del contenido de la propuesta rechazada en bloque por todas las comunidades autónomas a excepción de Cataluña "porque saben que es beneficiosa para el conjunto" de las regiones, a pesar de que incluso los gobiernos autonómicos en manos de los socialistas se han manifestado en contra.
Uno de los tonos más críticos, de hecho, fue el del consejero de Hacienda del gobierno socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, que denunció que "la propuesta del modelo de financiación nace del chantaje de los independentistas catalanes al Gobierno", y que ahora este "traslada el chantaje a las comunidades, diciendo que el modelo puede ser voluntario" y que quien se oponga a su diseño perderá la parte correspondiente de los 21.000 millones de euros más que reparte. "No deberíamos estar sujetos a chantajes y si esa es la vía, a lo mejor aparte de la vía política habrá que utilizar la judicial", repuso, amenazando con acudir a los tribunales como han anunciado varias regiones del PP, con Madrid a la cabeza.
La vicepresidenta de Asturias, Gimena Llamedo, también compartió con los representantes del PP el calificativo de "precocinado" con el secesionismo catalán al hablar del plan planteado por Hacienda.
Propuesta
La propuesta de financiación autonómica de Feijóo descartaría el llamado principio de ordinalidad, que los independentistas catalanes exigieron para Cataluña al Gobierno actual, y que consiste en que cada región reciba fondos en el mismo orden del ranking en que los aporta.
Además, el PP asevera que su propuesta se negociará de forma multilateral -frente al diálogo bilateral mantenido ahora entre la Moncloa y ERC- y evitará dar privilegios a unas regiones sobre otras -en especial a las más pudientes-, si bien Feijóo no dio cifras por ahora, sino sólo las líneas maestras de su propuesta de financiación.
Mientras tanto, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, continúa defendiendo su propuesta, considerando que lo planteado no es un "cupo separatista" y que el plan de financiación acordado con ERC "aumenta la solidaridad interterritorial y lo hace de forma más transparente", aunque no detalló cifras que lo prueben, y ofreciendo a las comunidades autónomas que el nuevo modelo sea de cumplimiento voluntario para sus gobiernos.
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