- JAVIER AYUSO
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- Regulación masiva sin todas las garantías
Al final, el PP sigue tragando con las exigencias de Vox dudosamente democráticas. María Guardiola fue investida ayer presidenta de Extremadura tras un pacto vergonzante y vergonzoso en el que se acepta el principio de "prioridad nacional" en la gestión de los recursos públicos. Un concepto creado por la ultraderecha francesa y que han importado los de Santiago Abascal en su cruzada radical, racista y xenófoba. Por muchas justificaciones que den los populares sobre el arraigo para recibir ayudas oficiales, el principio de situar a los españoles por delante de los inmigrantes conculca los más mínimos derechos constitucionales de igualdad ante la ley. Tanto como la prioridad catalana o la vasca que ejerce el Gobierno de Pedro Sánchez.
Coincidiendo con la votación en el Parlamento de Extremadura, el líder popular en Aragón, Jorge Azcón, anunciaba un pacto similar en su comunidad autónoma, por el que concede a Vox la vicepresidencia, dos consejerías y un senador, a cambio de ser investido. Todavía no se conoce la letra pequeña del acuerdo, pero se confirma que el PP ha vuelto a aceptar las exigencias sobre inmigración. Algo que se repetirá, con toda probabilidad, en Castilla y León y que puede costarle caro a los populares en las próximas elecciones en Andalucía.
Una vez más, el partido ultraderechista ha vuelto a imponer su relato, mientras el PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, se enreda en explicaciones difíciles de entender. Una fuerza política democrática y con vocación de Estado no puede aceptar unas políticas que van contra sus propios principios. Lo ha hecho con la prioridad nacional y con sus ataques furibundos a la regularización de inmigrantes ilegales aprobada por el Consejo de Ministros. Se olvida, sin duda, de que José María Aznar ya regularizó inmigrantes durante su mandato y que la propia lógica económica invita a integrarlos en un país que se envejece año a año. Lo razonable sería aceptar la medida, pero imponer las garantías suficientes para que no sea un coladero de indeseables.
Menos mal que ayer el PP frenó en el Congreso de los Diputados una moción de Vox por la que pretendían trasladar lo aprobado en Extremadura a nivel nacional, e incluso aumentarlo. El texto establecía garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado del Bienestar de los españoles "promoviendo las modificaciones oportunas del sistema de Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva queden reservadas a los españoles".
De entrada, los populares intentaron enmendar la moción, aclarando que se procure "la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Al no aceptarlo el partido de Abascal, el PP votó en contra, al igual que el resto de las fuerzas parlamentarias. 33 votos a favor y 310 en contra.
Habrá que ver qué pasa ahora en las comunidades autónomas en las que va a volver a gobernar con Vox. Desde Génova se insiste en que lo pactado no va contra la ley y que lo que primará será "el arraigo" y se actuará siempre de acuerdo a la ley y a la Constitución. Sin embargo, los de Abascal tienen claro que han conseguido centrar la agenda política en un asunto que les beneficia e insisten en sus postulados nacionalistas y xenófobos. No se sabe hasta dónde están dispuestos a tensar la cuerda, pero los líderes regionales del PP deberían mostrar firmeza frente a ese ultranacionalismo.
Lo que está claro es que el PP no puede dejar que Vox le siga llevando del ronzal en asuntos tan polémicos y susceptibles de ser utilizados por el PSOE contra ellos. El Gobierno lanzó la regularización masiva de inmigrantes con toda la intención de embarrar el terreno electoral en Andalucía. Ha contado con la inestimable ayuda de Vox y ha llevado a los populares a caer en una nueva trampa. Una vez más, Sánchez y Abascal se retroalimentan y se asocian contra Feijóo.
Ayer, el presidente del Gobierno aprovechó su intervención en el Congreso de los Diputados para calificar de "patadas a la Constitución" lo firmado en Extremadura. Aunque no se dio por aludido cuando le recordaron que lo que defiende Vox para esa región o para España es lo que está ejecutando él mismo en Cataluña y en el País Vasco. La prioridad catalana se ejerce cada día en las cesiones políticas y económicas, en los indultos y la amnistía y en lo que llaman la "financiación singular", que no es otra cosa que el cupo catalán. Sánchez no tuvo ayer inconveniente en afirmar que sus propuestas "van a hacer a Cataluña y a España países mejores". Eso sí que es una patada a la Constitución. En Euskadi, el precio se fija en salidas de la cárcel de asesinos etarras y en ir sacando al Estado poco a poco de la región.
El populismo y los nacionalismos se han adueñado de la política española. En todo el mundo. En nuestro país, las extremas derecha e izquierda y los independentistas se aprovechan a diario de la debilidad de los dos partidos teóricamente constitucionalistas para empujarles hacia una radicalidad que impide cualquier acuerdo, ni siquiera el diálogo. La regularización de inmigrantes exigía un consenso nacional, igual que el enésimo Plan de Vivienda presentado el martes por el Gobierno sin apoyos parlamentarios ni autonómicos y sin Presupuestos. La prioridad debería ser el pacto, no el muro ni el frentismo.
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