- DAVID CASALS Barcelona
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El president de la Generalitat, Salvador Illa, no esperará a ERC. Este lunes, ha anunciado que el viernes el Govern remitirá al Parlament el proyecto de Presupuestos de 2026, pese a que la negociación con los republicanos no ha arrancado.
Con este gesto, Illa quiere marcar la agenda. Sin embargo, los republicanos son imprescindibles para aprobar las cuentas, tanto en la Generalitat como en el Congreso.
Tanto la comunidad como el Estado viven una situación de excepcionalidad a nivel financiero, con tres prórrogas consecutivas de las cuentas por falta de acuerdo.
En Cataluña, la situación se torció a finales de enero, coincidiendo con el accidente ferroviario de Gelida (Alt Penedès), que evidenció la falta de mantenimiento de la red ferroviaria de titularidad estatal. A esta crisis, que tuvo lugar tras una de las borrascas de este invierno, se sumó la baja de Illa, que estuvo un mes convaleciente tras diagnosticársele una patología infecciosa.
El lunes de la semana pasada, Illa regresó a la actividad y se mostró "más determinado que nunca". "Sé lo que Cataluña necesita", proclamó.
Siete días después, Illa y los consellers Alícia Romero (Economía y Finanzas) y Miquel Sàmper (Empresa) han mantenido un acto oficial con los agentes socioeconómicos más representativos.
Tanto las patronales como los sindicatos llevan tiempo exigiendo a la clase política unidad y determinación para cerrar un acuerdo sobre las cuentas. Consciente de que el entorno era favorable, Illa ha aprovechado la ocasión para mostrarse muy rotundo: "No hay vuelta de hoja, Catalunya necesita Presupuestos".
"Catalunya no puede esperar más", ha dicho, quien ha tenido la mano al resto de grupos. Ha exigido a los partidos a "sentarse y negociar", pero está por ver cuál es ahora la reacción de ERC.
Este mismo lunes, y muy poco antes del acto público de Illa, los republicanos han vuelto a poner sobre la mesa sus condiciones para las cuentas de la Generalitat y del Estado. La más importante es la Hacienda propia: blindar un punto que se quedó fuera del nuevo sistema d financiación: que sea la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) quien asuma la recaudación del IRPF.
La semana pasada, el Govern de Illa firmó un acuerdo con En Comú Podem, quien ha conseguido a cambio una reforma legislativa para restringir las compraventas a los grandes inversores. Es una medida que cuenta con la frontal oposición del sector inmobiliario, así como de Foment del Treball, quien la tildó de "filocomunista".
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