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Jesús Manuel Mirantes, Ana María Rodríguez, Adrián Rodríguez y José Antonio Casillas. E.C Imputados por homicidio imprudente los responsables del accidente mortal de la mina de CerredoEl juzgado de Cangas del Narcea atribuye a Jesús Rodríguez Morán, su mujer y su hijo, y al director facultativo, cinco delitos de homicidio por imprudencia
Ana Moriyón
Miércoles, 11 de febrero 2026, 09:47 | Actualizado 10:22h.
... empresario minero Jesús Manuel Rodríguez Morán, conocido como 'Chus Mirantes', a su esposa, a su hijo y al director facultativo de la explotación, José Antonio Fernández Casillas, por cinco delitos de homicidio por imprudencia.La empresa tenía permiso en vigor exclusivamente para la retirada de materiales residuales y acondicionamiento del lugar, pero todas las investigaciones apuntan a que la compañía realizaba en esa galería labores de extracción de carbón sin autorización. La firma sí tenía concedido por parte de la Dirección General de Minas un Proyecto de Investigación Complementaria que le permitía extraer de aquella mina, aunque de una galería diferente a donde ocurrió el fatal accidente, 60.000 toneladas de carbón. No obstante, aquel permiso no llegó a activarse ya que la empresa no había presentado el necesario plan de labores previo.
La jueza, que acaba de levantar el secreto de sumario, considera que Mirantes, apoderado de la empresa Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl), actuaba también como administrador «de hecho» de la explotación y de la empresa Blue Solving, titular de la concesión minera cuando se produjo el siniestro, aunque oficialmente ejerciera como tal su hijo Adrián Rodríguez. La esposa de Mirantes y madre de Adrián, Ana María Rodríguez, aparece como administradora única de la empresa Combayl, sociedad que adquirió en octubre de 2021 la titularidad de la mina y que, a finales de 2023, tras un accidente en el que falleció un trabajador y otro resultó herido de gravedad, traspasó la concesión a Blue Solving, firma también vinculada a la misma saga familiar. El cuarto imputado sería José Antonio Fernández Casillas, director facultativo en la explotación en el momento del accidente.
Además de los cinco delitos de homicidio por imprudencia, el auto judicial al que ha tenido acceso EL COMERCIO atribuye a los cuatro investigados un delito contra los derechos de los trabajadores y cuatro delitos de lesiones, ya que conviene recordar que en aquel accidente minero resultaron también heridos de gravedad otros cuatro trabajadores y dos más resultaron ilesos. Como medida cautelar, el juzgado ha ordenado el embargo de 1.150.000 euros de sus cuentas «a fin de garantizar el cobro de la posible indemnización que corresponda a los perjudicados, es decir, a los herederos de los cinco trabajadores fallecidos».
La magistrada Marta Ruiz Rivera ha levantado el secreto de sumario en la causa que investiga el accidente minero una vez practicados los embargos y al considerar que han desaparecido las circunstancias que justificaban mantener reservadas las actuaciones. A partir de ahora, las partes personadas disponen de un plazo de un mes para examinar el conjunto de la causa, que según recoge el auto está compuesta por un importante volumen de actuaciones, además de una «extensa investigación patrimonial» de los investigados y una voluminosa pieza de medidas cautelares. El auto concede además a los investigados la posibilidad de personarse formalmente en el procedimiento y recurrir la resolución.
Los cuatro imputados fueron llamados a comparecer recientemente a la comisión parlamentaria que se celebra en la Junta General para tratar de dirimir posibles responsabilidades políticas, pero todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar alegando precisamente que los hechos eran objeto de investigación judicial. El empresario minero, que acumula un amplio historial judicial, con varias investigaciones y causas abiertas por distintos asuntos ajenos y relacionados con la actividad minera, se personó en la Junta acompañado por su letrado, Luis Tuero, y se refirió al siniestro como «una tragedia que nos ha marcado profundamente». Aseguró que el esclarecimiento de lo ocurrido es para su familia «una prioridad absoluta», garantizando que una vez que se levantara el secreto de sumario y el proceso judicial lo permita estaría «a entera disposición de las autoridades y de sus señorías» para aportar «toda la información que sea necesaria». En la misma línea se manifestó también el director facultativo, José Antonio Fernández. Sus declaraciones, entienden los partidos políticos, pueden ser claves para determinar si hubo, también, responsabilidad política.
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