Eduard Rivas (i) durante una reunión de trabajo con Jordi Minguito (d), ex director de la Fundació FIL y principal investigado por anticorrupción de los Mossos en una presunta trama de malversación de fondos en Esparreguera (Barcelona). E. E.
Reportajes INVESTIGACIÓN Investigan al jefe de gabinete de Salvador Illa por su vínculo con el presunto líder de una trama corrupta de contratos públicosEl juez ordenó intervenir su teléfono para rastrear contactos con la cúpula de la Fundación FIL y esclarecer si su etapa al frente de Esparreguera influyó en la adjudicación de contratos públicos bajo sospecha de desvío de fondos.
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Julio César Ruiz Aguilar Publicada 23 abril 2026 02:45hEl 15 de enero, en plena calle, un agente de los Mossos d'Esquadra interceptó a Eduard Rivas, exalcalde de Esparreguera (Barcelona) y hoy jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para requisarle el teléfono móvil por orden judicial.
Fue una intervención directa, ejecutada el mismo día en que la policía autonómica entraba en el Ayuntamiento para reclamar documentación sobre contratos públicos. Desde entonces, ese dispositivo se ha convertido en una de las piezas centrales de la investigación.
En ella, se trata de determinar qué relación mantuvo Rivas durante años con Jordi Minguito, quien es señalado por los investigadores como presunto eje de una trama que habría desviado dinero público a gastos privados a través de una fundación de inserción laboral.
Eduard Rivas y Salvador Illa, en una imagen de archivo de enero de 2023. PSC.
La causa, que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Martorell, ha ido avanzando en paralelo en dos planos. La pieza principal está centrada en el funcionamiento de la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL).
Otra pieza separada, declarada secreta, se enfoca en el contenido del teléfono de Rivas y en la contratación pública del Ayuntamiento de Esparreguera durante su mandato, que diversas fuentes sostienen que llevan la firma última —"y por tanto su conocimiento"— del propio exalcalde.
Según fuentes judiciales consultadas por EL ESPAÑOL, el objetivo es determinar si los contactos entre el entonces alcalde y Minguito —quien dirigía la fundación— tuvieron alguna traducción en la adjudicación de contratos municipales o en el uso de fondos públicos.
Es en ese cruce donde se sitúa ahora el foco de los investigadores. No tanto en la existencia de una relación, que está acreditada en actos institucionales y reuniones de trabajo, sino en la naturaleza de esa relación y en sus posibles consecuencias administrativas o penales.
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Según confirmó el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, la investigación abierta en Esparreguera está vinculada a un presunto delito de malversación de caudales públicos, una tipología que el Consejo General del Poder Judicial encuadra dentro de los delitos de corrupción.
La hipótesis que sostiene la instrucción es que parte de los fondos que la FIL recibía —procedentes de contratos y subvenciones públicas— pudo haber sido destinada a sufragar gastos privados de personas vinculadas a la entidad.
Esa línea de investigación ya llevó en febrero de 2025 a la detención de tres personas relacionadas con la fundación, entre ellas el propio Minguito, que entonces ocupaba la dirección general.
Jordi Minguito, durante la firma de un contrato con el Ajuntament d'Abrera en marzo de 2023. E. E.
Ninguno de los arrestados ostentaba cargo público, pero la estructura de la fundación —en cuyo patronato participaban varios alcaldes de la comarca— situaba a la entidad en una zona de contacto permanente con las administraciones locales.
Rivas, que gobernó Esparreguera durante nueve años, entre 2015 y 2024, dejó la alcaldía tras las elecciones autonómicas para incorporarse al núcleo de confianza de Illa.
Cuando los Mossos irrumpieron en el consistorio en enero de este año, lo hicieron para requerir expedientes vinculados a contratos de limpieza viaria y mantenimiento del espacio público adjudicados entre 2022 y 2024, años en los que la FIL prestaba servicios para el municipio.
La policía buscaba rastros documentales de posibles irregularidades en esas adjudicaciones, en un contexto en el que la fundación había incrementado notablemente su volumen de financiación pública: 1,6 millones de euros en subvenciones en 2021 y 2,3 millones en 2022, según su propia memoria.
La fundación
La FIL, creada en 1999 para facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y colectivos en riesgo de exclusión, se había consolidado como un actor relevante en el Baix Llobregat.
Gestionaba servicios de limpieza, jardinería, mantenimiento de espacios públicos y trabajos industriales, y operaba no solo en Esparreguera, sino también en otros municipios e incluso en instalaciones del Ayuntamiento de Barcelona.
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Su función social, reconocida en el territorio, convivía con una creciente dependencia de contratos públicos que ahora están bajo escrutinio judicial. Tras las detenciones de 2025, el patronato de la fundación acordó apartar temporalmente a Minguito de la dirección general y reubicarlo en un cargo, de nueva creación, vinculado a proyectos de I+D.
La decisión, presentada como una medida provisional, no impidió que la investigación siguiera avanzando. Un año después, el caso ha escalado hasta alcanzar a quien fuera uno de los principales interlocutores institucionales de la entidad desde el Ayuntamiento: el entonces alcalde.
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El propio Rivas figura como investigado en la causa y se ha personado con abogado defensor tras un primer intento fallido. Su letrado alegó "indefensión" al no tener acceso a una pieza separada que continúa bajo secreto, mientras su cliente permanecía sin su teléfono móvil, intervenido por los Mossos.
Finalmente, el juez aceptó su personación, reconociendo su condición procesal dentro de la investigación. Fuentes municipales insisten en que el Ayuntamiento ha colaborado desde el primer momento con la justicia y recuerdan que la apertura de diligencias no implica la existencia de responsabilidad penal alguna.
En paralelo, los investigadores continúan a la espera de poder analizar el contenido del teléfono intervenido, un paso que consideran clave para reconstruir la red de contactos y comunicaciones mantenidas durante los años en los que se adjudicaron los contratos bajo sospecha.
La demora, explican fuentes policiales, responde a la acumulación de trabajo en la unidad encargada de los volcados de dispositivos, un cuello de botella habitual en investigaciones complejas.
Eduard Rivas, en una imagen realiza en Lérida en 2023 y enviada a los medios por la 'Federació de Municipis de Catalunya', organismo que presidía. E. E.
La causa, en cualquier caso, se mueve aún en un terreno preliminar. La pieza principal trata de determinar si existió un desvío de fondos en la fundación; la pieza separada, si hubo una relación entre esa posible irregularidad y la actuación del Ayuntamiento.
Entre ambas, el teléfono de Rivas funciona como una bisagra: un archivo potencial de llamadas, mensajes y contactos que puede confirmar o descartar la existencia de vínculos relevantes entre el poder político local y la gestión de una entidad financiada con dinero público.
Mientras tanto, en Esparreguera, la investigación ha introducido una tensión contenida entre la dimensión social de la fundación y la sospecha judicial que la rodea. La FIL sigue siendo, sobre el papel, una herramienta de inclusión laboral para colectivos vulnerables.
Pero también es ahora el epicentro de una causa que examina si parte de los recursos destinados a esa función acabaron desviándose de su objetivo. En ese cruce —entre la utilidad pública y la posible corrupción— se sitúa la figura de Rivas, cuyo papel, según las fuentes consultadas, no se da por definido, sino por determinar.