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Juan Romo, el matemático y exrector de la Carlos III, en el banquillo tras una polémica de adjudicación de plazas

Juan Romo, el matemático y exrector de la Carlos III, en el banquillo tras una polémica de adjudicación de plazas
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Romo se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a otros cinco cargos por anomalías en la adjudicación a plazas para acceder a docente. Más información: Ayuso convierte Madrid en la 'Oxford española': 40.000 extranjeros, 14 universidades privadas y 6 públicas

El rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo UC3M

Sociedad Juan Romo, el matemático y exrector de la Carlos III, en el banquillo tras una polémica de adjudicación de plazas

Romo se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a otros cinco cargos por anomalías en la adjudicación a plazas para acceder a docente.

Más información: Ayuso convierte Madrid en la 'Oxford española': 40.000 extranjeros, 14 universidades privadas y 6 públicas

J. S. Publicada 15 enero 2026 02:00h

El antiguo rector de la Universidad Carlos III de Madrid y  actual rector de la Universidad Alfonso X el Sabio, Juan Romo Urroz se defendió este lunes en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa.

Este matemático y estadístico madrileño afirmó en su declaración que se limitó a firmar una convocatoria de plazas para selección de personal docente en diciembre de 2017 para el departamento de Tecnología Electrónica, un proceso que fue denunciado por supuestas irregularidades. Unas supuestas irregularidades que se produjeron cuando estaba al frente de la Universidad Carlos III.

Romo se ha sentado en el banquillo de los acusados junto a otros cinco cargos de la citada universidad a instancias de un particular que denunció en 2019 quese había incurrido en supuestas anomalías en la adjudicación de dichas plazas para acceder a docente.

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En el juicio, la fiscal no acusa al considerar que no hay delito, mientras que la acusación particular ejercida por el abogado Marcos García Montessolicita hasta tres años de inhabilitación para el exrector.

En su declaración, Romo ha explicado que, en su condición de rector, se limitó a firmar la convocatoria de diciembre de 2027 de plazas de cuerpo de docentes, las cuales venían impuestas por los Presupuestos Generales y obligaban a regularizar puestos ocupados de forma interina.

Al respecto, ha detallado que la Universidad Carlos III convocó un total de 31 concursos para cubrir 39 plazas distribuidas en distintos departamentos, actuaciones que, recalcó, se realizaron conforme a la normativa vigente.

Asimismo, ha subrayado que no formó parte de ninguna comisión de selección ni tuvo relación alguna con ésta "ni antes, ni durante, ni después" del proceso, aunque ha reconocido que conocía a algunos de sus miembros por tratarse de profesores de la institución.

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El resto de acusados han destacado que los criterios de selección de personal son "inamovibles, están sujetos a ellos y no pueden ser manipulados". "Son los mismos en todas las universidades y tienen un carácter internacional", ha subrayado uno de los procesados. Otro ha recalcado que están obligados a aplicar dichos criterios.

En un escrito, el fiscal solicita la absolución de Romo y otros cinco altos cargos de la universidad por las supuestas irregularidades en la adjudicación de plazas de trabajo en la institución académica.

Según el relato, el consejo de gobierno de la Universidad Carlos III constituyó el 13 de febrero de 2018 una Comisión de Selección integrada por los otros cinco investigados. Esta comisión tenía como finalidad seleccionar a través de un concurso a profesores de los cuerpos docentes de dicha Universidad.

No consta impugnación, según destaca la Fiscalía. Las pruebas de selección se celebraron según las bases previstas en la convocatoria para concluir finalmente con una resolución publicada en el BOE por la que se seleccionan tres candidatos.

El querellante, candidato en este concurso universitario, no resultó seleccionado, "entendiendo que sus méritos fueron postergados por razones espurias, consistentes sustancialmente en presumir relaciones personales de colaboración asidua entre los miembros de la comisión examinadora y las candidatas seleccionadas, abriéndose la vía de impugnación en el orden administrativo y contencioso-administrativo, pero él optó asimismo por ejercer la acción penal".

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