Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts, junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, en el Congreso Efe
Política Junts, alertado por el 'sorpasso' de Aliança Catalana, se une a PP y Vox en la ofensiva contra la 'ley de nietos' y la regularizaciónLos de Puigdemont coinciden de nuevo con las derechas españolas tras tumbar la senda de déficit y el rescate de RTVE, y pedir la dimisión de Sánchez.
Más información:Puigdemont dice que ahora le juzga "el Bernabéu": confía en el amparo del Constitucional pero teme la reacción del Supremo.
Alberto D. Prieto Publicada 20 julio 2026 02:12h Las clavesLas claves Generado con IA
Junts ha dado un giro defensivo en su estrategia ante el avance de Aliança Catalana, la formación ultra de Sílvia Orriols que ya la ha superado en intención de voto en Cataluña.
El barómetro del CEO y las encuestas difundidas esta semana confirman el sorpasso y sitúan a Orriols como gran alternativa de la derecha independentista, mientras el partido de Carles Puigdemont se desploma.
En ese contexto, Junts ha decidido endurecer aún más su discurso sobre inmigración y demografía y lanzarse a una ofensiva contra lo que denomina el "descontrol" de la llamada ley de nietos y de la regularización masiva de extranjeros.
El objetivo es recuperar iniciativa en un terreno en el que Orriols ha construido su relato, marcadamente antiislamista, y evitar seguir perdiendo votantes hacia esa nueva derecha radical.
La ofensiva de Junts se suma a la del Partido Popular, alejada de Vox en la forma de plantearla.
La mayoría de la Junta Electoral ve ilegal la ampliación de la 'ley de nietos' de Sofía Puente pero no se cree facultada para actuarMientras la formación de Santiago Abascalinsiste en un discurso de alarma y rechazo frontal, Junts y los populares ponen el foco en la "opacidad" del Gobierno y en la "falta de datos sobre el impacto demográfico y electoral" de las nuevas nacionalizaciones y regularizaciones.
Esa unidad de acción se traduce en iniciativas parlamentarias, no coordinadas pero sí coincidentes, que exigen información concreta y transparencia.
Junts aspira así a diferenciarse tanto de la extrema derecha catalana como de Vox, presentándose como el actor que, desde su posición de ruptura con el "incumplidor" Pedro Sánchez, reclama planificación y control institucional ante "uno de los mayores cambios demográficos de las últimas décadas".
La diputada de Junts en el Congreso Marta Madrenas ha registrado una batería de solicitudes de datos, informes y documentos dirigidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y al de Interior, muy similar a las impulsadas por Ester Muñoz, portavoz del PP.
En ellas, la formación separatista reclama información detallada sobre los expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, de su disposición adicional octava, conocida como ley de nietos, y sobre el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras.
Junts exige conocer cuántas solicitudes de nacionalidad se han presentado, cuántos expedientes se han admitido, cuántos se han resuelto favorablemente, se han denegado y cuántos siguen pendientes, así como el número de inscripciones practicadas en el Registro Civil.
La formación exige además que esos datos se desglosen por país de residencia de los solicitantes, con la vista puesta en "medir el impacto en Cataluña y en el conjunto del Estado".
Madrenas también solicita cifras pormenorizadas sobre el proceso de regularización masiva: número de solicitudes y expedientes tramitados, resultado de las resoluciones y distribución por nacionalidades.
La Junta Electoral exige más control sobre el censo CERA y "reforzar" los criterios de arraigo de los nuevos votantesJunts quiere saber cuántos de los nuevos residentes quedarán sometidos a los distintos plazos del artículo 22 del Código Civil para pedir la nacionalidad por residencia.
Y reclama estudios y proyecciones demográficas que avalen estas políticas, que el Gobierno aún no ha hecho públicos.
Otro bloque de preguntas se dirige al funcionamiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y a la determinación del municipio y la provincia de adscripción de los nuevos españoles. Una exigencia de claridad ahora avalada por la propia Junta Electoral Central.
Junts exige saber si el municipio propuesto por cada beneficiario de la ley de nietos se acepta de forma automática o si la Administración lo revisa, quién decide la adscripción final y cuántas reclamaciones se han presentado contra esos cambios desde 2022.
Provincia a provincia
Paralelamente, el Partido Popular había abierto otra vía de presión sobre el Gobierno en el mismo terreno.
Como adelantó EL ESPAÑOL, el PP denuncia que la aplicación de la llamada ley de nietos está permitiendo a cientos de miles de nuevos españoles elegir la circunscripción en la que votarán, lo que puede alterar el mapa electoral en provincias clave sin que el Ejecutivo haya explicado el alcance de ese fenómeno.
Los populares han registrado iniciativas para que el Gobierno facilite datos provincia a provincia sobre cuántos nuevos electores vinculados a la Ley de Memoria se han inscrito en cada censo.
La dirección de Alberto Núñez Feijóosostiene que la combinación de nacionalización masiva y libertad de elección de circunscripción "puede desvirtuar la representación territorial si no se controla con transparencia y reglas claras".
En su argumentación, el PP insiste en que no cuestiona el derecho de esos descendientes de españoles a adquirir la nacionalidad, sino "la forma en que el Gobierno está gestionando su integración en el sistema electoral".
Radiografía del 'pucherazo legal' en marcha: así está alterando el Gobierno el censo electoral con presuntos nietos de españolesLa preocupación es doble: por el peso que pueden tener estos nuevos electores en determinados escaños y por la posibilidad de que la elección de provincia se utilice para reforzar mayorías en territorios concretos.
La aproximación de Junts al planteamiento del PP refuerza una imagen de convergencia entre ambos partidos en esta batalla demográfica y electoral. Aunque los objetivos de cada uno son distintos, ambos coinciden en señalar al Gobierno por la falta de datos y por el manejo discrecional de la ley de nietos y de la regularización extraordinaria.
Esa cooperación no es nueva en el Congreso. Junts ya ha votado en varias ocasiones junto a PP y Vox para reclamar el fin anticipado de la legislatura, convencido de que la mayoría que llevó a Sánchez a La Moncloa está agotada.
Intereses compartidos
La estrategia de los independentistas pasa por bloquear las principales iniciativas del Ejecutivo y forzar un escenario de adelanto electoral que, en su análisis, podría darle más margen de maniobra.
La foto conjunta se ha repetido esta semana con especial fuerza. Como adelantó EL ESPAÑOL, Junts se ha sumado al PP y a Vox para tumbar la senda de déficit que el Gobierno quería enviar a Bruselas y para rechazar el rescate financiero de RTVE, incluido en un decreto que convertía en dinero público los 941 millones de deuda de la corporación con Hacienda.
La votación obligará al Ejecutivo a presentar una nueva senda de estabilidad, si quiere seguir intentando presentar Presupuestos, y deja a la televisión pública cerca de la causa de disolución.
Junts defiende estos movimientos como respuesta a "los reiterados incumplimientos de compromisos" y a su único empeño de "aprobar lo que beneficie a Cataluña" en las Cortes españolas.
Pero cada vez aparece más cerca del PP y de Vox en votaciones clave, mientras intenta marcar perfil propio para frenar el avance de Aliança Catalana y retener a su electorado, con iniciativas sobre inmigración.
La ofensiva contra la ley de nietos y la regularización masiva se convierte así en el último frente de esa estrategia.
A la espera de que la sentencia del TJUE sea aplicada por el Supremo y el Constitucional, y de poder contar con la baza del regreso de Puigdemont, Junts intenta sobrevivir exigiendo cuentas a Sánchez por decisiones que pueden afectar a Cataluña.
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