El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha reunido en su primer día en Argentina con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, con el objetivo de "tejer alianzas progresistas"; a la izquierda, César Mogo. Europa Press / PSdeG
España Líderes del PSOE y del BNG viajan a Buenos Aires y a Cuba para captar votos con la versión alterada de la 'ley de nietos'Galicia es la comunidad autónoma de España con más electores inscritos en el CERA, 510.699, muy por encima de Madrid y Cataluña.
Más información:Radiografía del 'pucherazo legal' en marcha: así está alterando el Gobierno el censo electoral con presuntos nietos de españoles.
David G. Maciejewski Publicada 23 julio 2026 02:42h Las clavesLas claves Generado con IA
La izquierda gallega ha pisado el acelerador de la ley de nietosal otro lado del Atlántico en una suerte de ofensiva electoral simultánea que abarca desde las aguas del Caribe hasta el Río de la Plata.
Por un lado, el líder del PSOE gallego, José Ramón Besteiro, está recorriendo Argentina y Uruguay mientras reivindica la Ley de Memoria Democrática y teje "alianzas progresistas" con la izquierda argentina de Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y contrapunto de Javier Milei.
Por otro, la eurodiputada del BNG Ana Miranda ha viajado a La Habana en el marco de la misión humanitaria 'Rumbo a Cuba' para exigir una mayor atención a la diáspora gallega en la isla.
El secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro, durante un acto en La Coruña. López
Ambos viajes no parecen casuales. Galicia es la comunidad autónoma con mayor volumen de electores residiendo en el extranjero, y el peso que tiene el voto exterior o voto CERA en la comunidad gallega se ha consolidado como un factor determinante en el tablero electoral.
Según los datos oficiales a 1 de junio de 2026, la autonomía sumaba 510.699 inscritos en el CERA, lo que representa casi un 19% del total nacional.
La diáspora electoral gallega supera a la de comunidades con un peso demográfico muy superior, como Madrid (486.223), Cataluña (335.937) o Andalucía (306.737).
Analizando los datos de las provincias gallegas, la implantación de este voto exterior es masiva. La Coruña lidera el censo con 176.461 electores, seguida de Pontevedra con 148.163, Orense con 109.961 y Lugo con 76.114.
El PP pide al Gobierno la revisión de la versión alterada de la 'ley de nietos' para poder llevarla al Consejo de EstadoEste inmenso caudal de potenciales votantes no ha dejado de crecer a raíz de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, la popularmente conocida como ley de nietos.
Desde las últimas elecciones generales, el censo exterior ha experimentado un notable crecimiento, y ha escalado de 2,33 a más de 2,71 millones de inscritos en junio de 2026; es decir, un incremento del 16,1% que incorpora más de 375.000 nuevos electores al sistema.
Además, los nuevos españoles nacionalizados en el extranjero que nunca han residido en España son adscritos electoralmente al municipio de mayor arraigo de sus ascendientes.
Esto significa que decenas de miles de votos procedentes de, por ejemplo, América Latina se pueden computar directamente en las cuatro provincias gallegas de cara a las elecciones generales y autonómicas.
Moncloa admitió tras la 'ley de nietos' que las generales pueden decidirse fuera de España: "El voto CERA será determinante"En segundo lugar, el debate sobre las garantías del censo ha añadido una enorme tensión al debate político, y ha levantado suspicacias de "ingeniería electoral" entre la oposición y sindicatos como el CSIF.
Al no existir criterios del todo uniformes para acreditar el arraigo, la Junta Electoral Central (JEC) ha tenido que intervenir exigiendo un mayor control, trazabilidad y una instrucción homogénea para garantizar la transparencia del proceso.
El tour exterior
Todo ello explica que la izquierda gallega compita en el exterior para seducir a sus potenciales electores. José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG) ha acudido a Argentina y viajará a Uruguay con un discurso centrado en la "reparación histórica".
Acompañado de César Mogo, responsable de Exterior del PSOE, su principal objetivo será el de consolidar el papel de Pedro Sánchez como artífice de esta ampliación de derechos.
No en vano, Besteiro ha recordado que la ley de nietos no ha contado con el voto favorable del PP ni de, incluso, el BNG, que se abstuvo.
Con encuentros clave ante la militancia socialista en Buenos Aires y colectivos de descendientes en el histórico Centro Betanzos –asociación fundada en 1905 por emigrantes gallegos–, el PSdeG quiere capitalizar la gratitud de miles de nuevos ciudadanos que ven en la nacionalidad un vínculo recuperado con sus raíces.
César Alejandro Mogo Zaro es el actual Secretario de Exterior de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Arte E.E.
Por su parte, el BNG de Ana Miranda ha desplegado en Cuba una estrategia basada en la fiscalización institucional y la acción social.
En la isla caribeña, la eurodiputada ha participado en la entrega de ayuda humanitaria frente a los apagones y la escasez que sufre la isla y ha aprovechado para denunciar el bloqueo estadounidense y exigir a la Xunta una mayor implicación con la emigración.
Al reclamar que Alfonso Rueda abra una delegación exterior en Cuba para atender a personas mayores y niños, el BNG anhela con disputar al bipartidismo el protagonismo en el exterior y erigirse en defensor de parte de la diáspora.
La estrategia no es baladí. Medios de comunicación de América Latina, como Clarín, vienen meses advirtiendo de que en un futuro cercano Buenos Aires podría convertirse en la tercera ciudad con más población española, sólo por detrás de Madrid y Barcelona.
La mayoría de la Junta Electoral ve ilegal la ampliación de la 'ley de nietos' de Sofía Puente pero no se cree facultada para actuarArgentina, de hecho, es el país con más españoles inscritos en el CERA, con 511.210; Cuba, el quinto, con 168.853, sólo por detrás de Francia (263.244), Estados Unidos (208.800) y México (188.348).
La batalla por la legitimidad
En el epicentro del debate político se sitúa el procedimiento de inscripción en el CERA.
Según la normativa, quienes nunca han residido en la península deben ser adscritos al municipio de mayor arraigo de sus ascendientes.
Sin embargo, la legislación vigente permite que, a falta de criterios claros, los consulados determinen de oficio el municipio de inscripción con los datos que tengan disponibles.
Este resquicio ha alimentado las acusaciones de "ingeniería electoral" formuladas por la oposición y el sindicato consular CSIF.
Ana Miranda, del BNG, en el Parlamento Europeo. PHILIPPE BUISSIN
La falta de un control estricto sobre estas adscripciones consulares ha obligado a intervenir a la Junta Electoral Central (JEC).
El órgano de garantías exige ahora un informe ampliado de trazabilidad y ha ordenado la redacción de una instrucción homogénea para todos los consulados.
El objetivo es obligar a acreditar con documentos el arraigo real y exigir que cualquier decisión consular de inscripción de oficio quede "suficientemente motivada" en el expediente.
Este mismo martes, el PP registró ante la Secretaría de Estado de Justicia una petición formal para que se abriera un procedimiento de revisión de oficio y se examinara la "nulidad de pleno derecho" de la "revisión alterada" de la ley de nietos propiciada por Sofía Puente, hermana de Óscar Puente, "en contra de lo aprobado por el Congreso".
Los diplomáticos denuncian el "oscurantismo" de la 'ley de nietos' y avisan a Albares: "Tiene graves consecuencias"La denominan así, versión alterada, porque el texto final que salió de las Cortes hablaba de exiliados por motivos políticos, ideológicos o de creencia.
Sin embargo, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dirigida por Sofía Puente, firmó una instrucción que reinterpretaba el alcance de la norma.
"Se presumirá la condición de exiliado para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955". Esto ampliaba el abanico de beneficiarios al no implicar necesariamente motivos de persecución ideológica.
Los de Feijóo confían en que Justicia "no tenga más remedio" que hacer caso de su petición y eleve una consulta al Consejo de Estado sobre la validez de la norma.
Según el PP, el dictamen del órgano consultivo podría ser similar al de la JEC, declararla contra legem y obligar al Gobierno a declarar la nulidad de la instrucción.