Los cambios normativos frecuentes y la creciente complejidad regulatoria han convertido la seguridad jurídica en una de las principales demandas del tejido empresarial español.
Uno de los grandes retos que afrontará el próximo Gobierno será ofrecer un marco regulatorio estable, predecible y capaz de reforzar la confianza de empresas e inversores.
En los últimos años, los cambios normativos frecuentes y la creciente complejidad regulatoria han convertido la seguridad jurídica en una de las principales demandas del tejido empresarial español. Para Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, esto se consigue con un marco normativo "claro, estable y previsible". Desde su punto de vista esto debe ir unido también, entre otras preferencias, a "consolidar la fortaleza e independencia de las instituciones".
En la misma línea se sitúa Eduardo Soler Tappa, socio director de Herbert Smith Freehills Kramer en España, que señala que "España necesita un marco normativo estable, predecible y competitivo, que reduzca la complejidad administrativa y facilite la inversión, especialmente en ámbitos estratégicos como la energía, las infraestructuras y la economía digital".
Para conseguir la ansiada seguridad jurídica, José María Michavila, exministro de Justicia y socio cofundador de Michavila Acebes Abogados, pide simplemente "que se cumpla la Constitución". En este sentido, exige "que se recupere el espíritu de consenso, que se legisle con el parlamento y no por real decreto-ley, y que las leyes sean para resolver problemas y no para confrontar con otros".
Por ello, desde el sector legal se pide una mayor estabilidad a la hora de legislar y el fin del abuso del real decreto-ley. "Desde la abogacía vemos las consecuencias a diario: litigios evitables e inversiones aplazadas. La agenda es exigente", subraya Cristina Camarero, socia directora de Ontier, que recuerda que "la seguridad jurídica se construye con normas consensuadas que duren".
Directivas sin transponer
Otro de los principales retos será la adaptación del marco regulatorio español a las nuevas exigencias de la Unión Europea. "La transposición de la normativa comunitaria pendiente y el desarrollo de nuevas reformas serán esenciales para avanzar en los objetivos recogidos en la Brújula de la Competitividad: impulsar la innovación, favorecer la transición energética, reforzar la autonomía estratégica de Europa y ofrecer un entorno de mayor seguridad jurídica para empresas e inversores", añade Javier Fontcuberta, consejero delegado de Cuatrecasas. En concreto España mantiene 101 directivas pendientes de transponer, 50 de ellas ya fuera de plazo.
Siguiendo esta línea, Ignacio Hornedo, socio director de A&O Shearman, pone el foco en alguno de los ámbitos en los que esta adaptación normativa tendrá especial impacto, como la eficiencia energética, la inteligencia artificial, los servicios financieros o las infraestructuras. A su juicio, "España y sus empresas cuentan con fundamentos sólidos para seguir siendo uno de los grandes destinos europeos de la inversión extranjera". A pesar de ello, para aprovechar esa posición, sentencia, "es imprescindible un marco jurídico estable y predecible, sustentado en el pleno respeto al Estado de derecho, que impulse el crecimiento económico del país".
Preocupaciones actuales
Otro tema que preocupa al sector legal es el actual problema socioeconómico con respecto al acceso a la vivienda y la actual oleada de protestas que se viven en toda España. Para Pedro Pérez-Llorca, socio director de Pérez-Llorca, el nuevo gobierno debe promover la construcción de vivienda que los conciudadanos jóvenes o sin recursos necesitan y exigen. "Es necesario interesar a quienes van a invertir su capital en construirlas y comprarlas, con un marco legal estable de respeto a la propiedad y a la seguridad jurídica. También simplificar los trámites administrativos. Optar por lo imprevisible o lo confiscatorio disminuirán aún más el parque de viviendas", explica.
En este sentido, la socia directora de Broseta, Rosa Vidal, considera que es esencial el impulso de mecanismos de financiación adecuados, la colaboración público-privada y una mayor disponibilidad y liberalización de suelo.
La inmigración y el reto demográfico serán otro de los retos que deberá abordar la próxima legislatura. En este ámbito, Pérez-Llorca considera que España debe apostar por una inmigración ordenada y vinculada a las necesidades económicas del país: "La inmigración debe continuar, pues los españoles no estamos queriendo o pudiendo tener los suficientes hijos para sostener nuestro sistema". A su juicio, el reto pasa por "organizarla para atraer personas que vayan a ser felices en nuestro país", con perfiles que contribuyan al aumento de la productividad, ya que "el crecimiento económico debe basarse no sólo en el aumento poblacional por inmigración, sino también en el de la productividad". Para ello, considera clave impulsar la inversión y ofrecer un marco jurídico estable que permita atraer capital privado.
En materia de Defensa y Seguridad, el próximo Gobierno deberá dar respuesta a los desafíos derivados de los compromisos asumidos por España en esta materia. "Especialmente en relación con los objetivos de inversión y capacidades exigidos en el marco de la OTAN", explica la socia directora de Broseta.
En cuanto al mercado de trabajo, Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy, coloca como una de las prioridades las políticas activas de empleo, para conseguir un mayor dinamismo del empleo a través de la formación, atendiendo a las necesidades actuales de las empresas. Y en materia normativa, el experto destaca dos líneas concretas de actuación: "simplificar la normativa, su interpretación y actualizarla para acomodarla a las nuevas realidades sociales y económicas; y dotar de un mayor papel regulador la negociación colectiva, con el consiguiente retroceso de la normativa legal y reglamentaria allí donde no sea garantía consustancial del reequilibrio de la relación de trabajo".
En este ámbito, Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, solicita que se vuelva a reunir Trabajo y Seguridad Social en un único ministerio, una experiencia que califica de "muy negativa". Además, señala que "el absentismo tiene que tratarse como una cuestión de Estado", por lo que se alinea con las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo de la semana pasada y solicita que "las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social puedan tramitar las altas en los procesos de incapacidad temporal, siempre con todas las garantías para la persona trabajadora".
Escuchar a la abogacía
Desde el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid (ICAM), señalan como una de las prioridades ante el cambio de Gobierno la necesidad de escuchar a la abogacía antes de legislar. "Quienes aplican diariamente las normas están en condiciones de anticipar problemas, mejorar su calidad y contribuir a una regulación más eficaz y a una mejor Justicia", sentencia Eugenio Ribón, decano del ICAM.
La situación de la Justicia también preocupa al sector legal. Así, José María Michavila solicita "que se respete la independencia judicial y la neutralidad de los órganos o entes del Estado", así como insiste en la importancia de que haya Presupuestos Generales del Estado de manera anual y un cambio de la Ley electoral para que dicha normativa "no permita que quien pierde las elecciones gobierne bajo chantaje de minoritarios".
Fernando Vives, por su parte, también reclama que todas las inciativas de modernización de la Justicia vayan acompañadas de una reducción de los tiempos de respuesta, "que se han prolongado con algunas de las últimas reformas implantadas".
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