El Gobierno de EEUU recomienda al Supremo que rechace las alegaciones de España contra la ejecución de laudos de renovables en el país. Si el tribunal sigue esta recomendación, algo que podría ocurrir a finales de junio, las opciones de dilatar esta batalla legal se agotan para España.
El Gobierno de EEUU acorrala a España en la pugna legal por la retirada de las primas de las renovables. La Administración Trump ha recomendado formalmente al Tribunal Supremo del país que rechace la petición presentada por España para revisar las sentencias que permitían ejecutar en suelo norteamericano tres laudos arbitrales a favor de los inversores afectados, por un importe total de unos 358 millones de euros.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos solicitó en octubre de 2025 al procurador general John Sauer, máxima autoridad jurídica que representa al Gobierno federal ante el propio Supremo, que presentase un escrito en el que expusiera la opinión del país acerca del argumento de inmunidad soberana que defiende España para evitar el pago de la cantidad.
En un escrito de 28 páginas consultado por EXPANSIÓN, el procurador general expresa su posición y concluye que las alegaciones de España "deben ser denegadas". El Gobierno de EEUU considera que el recurso promovido por la Abogacía del Estado "no reúne las condiciones necesarias para que el Supremo asuma la revisión de las sentencias que condenan a España al pago de los laudos".
A través de esta vía, el Supremo recurrió al Gobierno estadounidense para que le ayudase a resolver cuestiones de "importancia crítica" que planteaba España por la ejecución de tres laudos arbitrales por un total de 358 millones de euros. Estos condenaban a España a indemnizar con 290 millones de euros a NextEra, con 41 millones a 9Ren y con 26,5 millones a AES -que posteriormente vendió los derechos al fondo Blasket- por el recorte de las subvenciones a los proyectos renovables entre 2010 y 2013.
Estos tres laudos fueron emitidos por el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial, y confirmados en agosto de 2024 por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, en una sentencia que daba luz verde a la ejecución y que fue apelada por España ante el Supremo.
Si el Supremo de EEUU sigue la recomendación formulada por el procurador general, algo que históricamente suele ocurrir, quedará cerrada la última vía de recurso disponible para España en Estados Unidos. Esto abriría definitivamente la puerta a la ejecución de los laudos reconocidos por los jueces del país. Aunque esta decisión del Gobierno se refiere a tres laudos que suman 358 millones, los tribunales federales ya han emitido siete sentencias firmes que reconocen aproximadamente 688 millones de euros contra España.
La decisión final del Tribunal Supremo podría conocerse, como muy pronto, a finales del mes de junio. Si se retrasa más allá del receso estival, cabe la posibilidad de que se dilate hasta comienzos de otoño.
Los argumentos de España
El procedimiento se encuentra en sus últimas fases en la jurisdicción estadounidense. Tras las siete sentencias adversas en EEUU, España reclamó al Supremo que le concediese una exención apelando a la "inmunidad soberana" como medida para evitar el pago de los laudos y el embargo de bienes o activos estatales.
En su escrito al Supremo, el Gobierno de EEUU reconoce que se trata de un asunto jurídico complejo, como todos los referidos a la inmunidad soberana y al cumplimiento de sentencias de arbitraje internacional, pero considera que ello no justifica la intervención del Supremo a favor de España. El procurador general apunta, además, que los argumentos presentados por la Abogacía del Estado son esencialmente procesales, pero no afectan a la cuestión de fondo y los fundamentos de derecho que, en última instancia, avalan la postura de los demandantes.
En este sentido, invoca expresamente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y subraya que "un Estado no puede utilizar su legislación interna como justificación para incumplir los compromisos internacionales que ha aceptado libremente". El documento señala que el argumento empleado por España sobre arbitrajes intraeuropeos "constituye, precisamente, el tipo de razonamiento que la Convención de Viena impide utilizar para eludir obligaciones convencionales previamente adquiridas".
La Administración Trump también considera poco convincente el segundo gran argumento planteado por España, relativo a la doctrina conocida como forum non conveniens, que pedía trasladar los procedimientos a otras jurisdicciones. Así, aboga por dar plena cobertura a las sentencias ya promulgadas y evitar que los acreedores deban acudir a los tribunales de otros países para ver resarcidas estas deudas.
La recomendación del Ejecutivo norteamericano supone un nuevo revés para la estrategia desplegada por España desde hace años para evitar el pago de las indemnizaciones derivadas de la retirada retroactiva de los incentivos a las renovables. Según los datos más recientes, la deuda acumulada ya ronda los 2.315 millones de euros, de los que más de 550 millones corresponden a intereses de demora, costes judiciales y otros gastos.
En la actualidad, permanecen pendientes de pago 27 resoluciones favorables a los inversores afectados, entre los que figuran compañías como E.On, EDF y NextEra.
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