La Audiencia Nacional ha dejado este lunes en libertad al empresario Luis Felipe Baca Arbulu, detenido en la isla de Aruba, al tiempo que le ha prohibido abandonar el espacio Schengen. Tras cursar la extradición desde la isla caribeña, Baca compareció ayer ante el juez que investiga a la aerolíneaPlus Ultra por blanqueo de capitales. Lo hizo después de aterrizar hace unos días en Madrid vía Amsterdam al ejecutarse la orden de detención internacional que pesaba sobre él.
Según han informado fuentes de la investigación a EL MUNDO, la Fiscalía le atribuye su participación en operaciones de lavado de fondos vinculadas a los préstamos que solicitó la aerolínea española de capital venezolano durante la pandemia para evitar su quiebra.
Tal y como ya informó este periódico, el Convenio Europeo de Extradición, suscrito por Países Bajos (país al que pertenece la isla de Aruba) y España, ha facilitado la entrega de este empresario peruano. Fuentes próximas a Baca Arbulu ya mostraron desde el primer momento su «total disposición» a ser entregado a las autoridades judiciales españolas; en concreto, a comparecer ante el instructor de la causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.
A este empresario afincado en Suiza se le investiga por la reintroducción en el circuito legal de fondos de origen ilícito a través de diversas operaciones inmobiliarias, así como mediante la referida concesión de préstamos a la compañía aérea. La causa permanece bajo secreto de sumario y el juez acaba de prorrogarlo un mes más.
Junto a Baca, en el foco de las pesquisas se encuentra el financiero Simon Leendert Verhoeven, ya que Plus Ultra solicitó entre los años 2020 y 2021 préstamos por importe de 1,3 millones de euros a su entramado societario.
Por su parte, también están siendo investigados por el titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; el empresario Julio Martínez Martínez (amigo y pagador del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero), y un abogado de Madrid, entre otras personas.
Asimismo, bajo la lupa de los investigadores se encuentra desde hace meses el papel desarrollado por Zapatero, a quien el empresario Julio Martínez pagó 460.000 euros por supuestos trabajos de asesoría, tal y como desveló este periódico.
Por su parte, el ex líder del PSOE ha negado en todo momento haber intercedido en el rescate de Plus Ultra, compañía a la que el Gobierno de Pedro Sánchez inyectó 53 millones de fondos públicos.
Por otro lado, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid remitió ya a la Audiencia las diligencias que practicó en el año 2022 contra los miembros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que respaldaron conceder las ayudas públicas a la aerolínea. La instructora tuvo que decretar el sobreseimiento provisional de la causa por un error en los plazos de investigación.
Aquel archivo impidió investigar la concesión de las ayudas a la aerolínea, si bien la investigación actual es de mayor entidad y busca determinar también el destino último y uso del dinero del rescate. No en vano, en la causa actual se investigan delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Distintas fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que, al tratarse de un archivo provisional, la Audiencia Nacional puede ahora investigar el rescate de la compañía Plus Ultra a raíz de los nuevos datos que han conducido, primero, a la reapertura del procedimiento en el juzgado de Plaza de Castilla (Madrid) y, después, a la posterior inhibición en favor del magistrado José Luis Calama -que actúa en sustitución del juez Ismael Moreno-.
En los recientes autos de prórroga, el juez Calama señaló que «nos hallamos ante una investigación por hechos que podrían ser constitutivos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida, delitos que por su propia naturaleza exigen una actuación sigilosa, coordinada y técnicamente compleja». Además, el magistrado añade que «la estructura delictiva investigada presenta ramificaciones internacionales, con indicios de transferencias de fondos al extranjero».