El tribunal de la Audiencia Nacional encargado del juicio a la familia Pujol ha acordado este miércoles seguir adelante con la vista oral y mantener su propia competencia sobre el caso, lo que supone rechazar la petición de algunas defensas de remitirlo a la Audiencia de Barcelona.
La Sección Primera de lo Penal ha dado respuesta a las numerosas cuestiones previas planteadas por las defensas durante las tres primeras jornadas de juicio. Una de las solicitudes del primogénito de la familia del ex president, Jordi Pujol Ferrusola, fue que se enviara el caso a los juzgados de Cataluña al entender que, conforme a la doctrina reciente del Tribunal Supremo, el asunto no era competencia de la Audiencia Nacional.
La respuesta del presidente, el magistrado José Ricardo de Prada, es que el asunto ya ha sido abordado y resuelto "en múltiples ocasiones" y se va a mantener el criterio, ya que no hay "circunstancia novedosa" que justifique un cambio. Los magistrados consideran que el caso se ajusta a parámetros de la sentencia del TS que esgrimieron las defensas, porque hay "hechos cometidos plenamente en el extranjero", aunque otros no lo fueran. "La competencia de la Audiencia Nacional abarcaría todos ellos y debe mantenerse la competencia".
Los letrados de la familia Pujol y los empresarios también acusados habían solicitado igualmente que se anulara la inmensa mayoría de las diligencias, al estimar que tenían un origen ilícito: formaban parte de la operación Cataluña impulsada desde el Gobierno para socavar el independentismo. Eso se extendía a la publicación por EL MUNDO de los datos bancarios de los Pujol en Andorra, que generó la petición de datos a ese país.
"Requiere un examen profundo contextualizado. No se puede fragmentar y no tenemos más remedio que dejarlo para la fase definitiva de sentencia", ha indicado De Prada.
La anulación de las diligencias relacionadas habría supuesto, en la práctica, el archivo de la causa. No se ha acordado, porque el tribunal ha considerado que para valorar la veracidad de lo que afirman las defensas es necesario celebrar en juicio. La respuesta, por tanto, se dará en la sentencia que se dicte.
Este es el criterio para todas las demás cuestiones previas planteadas: que se trata de una investigación prospectiva, que no se respetaron los plazos de investigación, que los hechos estaban prescritos, que los registros deben ser anulados, que el pendrive con información de la familia se introdujo irregularmente en la causa... A todo dará respuesta el tribunal, pero no ahora, sino en la sentencia. En algunos casos, como el de los plazos, el presidente ha dicho que los analizaría pormenorizadamente.
Tras informar de lo decidido sobre las cuestiones previas, el tribunal ha dado comienzo a la fase testifical. Este miércoles están citados tres testigos: Cristina Isabel de Francisco, ex secretaria de Jordi Pujol Ferrusola; Núria Pujol Gironès, hija del primogénito de los Pujol; y el empresario José Luis Perelló Molne.
La ex secretaria ha respondido al fiscal Fernando Bermejo que no tuvo conocimiento de viajes de Pujol júnior a Andorra ni recibió correos de bancos de ese país. En cuanto a la hija, ha respondido por pagos y donaciones de sus padres que Anticorrupción relaciona con delitos de blanqueo.
La Fiscalía pide para el ex president de la Generalitat nueve años de prisión por los delitos de pertenencia a una asociación ilícita (cuatro años) y blanqueo de capitales (cinco años). La pena más alta corresponde al mayor de los hermanos, Jordi Pujol Ferrusola: 29 años de prisión. A los de su padre añade cinco delitos fiscales (tres años por cada uno), un delito de falsedad documental (tres años) y un delito de frustración de la ejecución (otros dos años) por haberse desprendido de bienes con los que tenía que hacer frente a deudas. A su ex esposa, Merçé Gironés, se le piden 17 años. Al resto de hijos, ocho, excepto a Josep, que llega a los 14.
"Actuando conjuntamente ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana", sostiene Anticorrupción.