El juez de la causa de los 'refugiados' envía una comisión rogatoria a Caracas sobre 14 etarras para evitar la impunidad y dice que el ascenso de Delcy Rodríguez «permite inferir una colaboración»
Regala esta noticia Añádenos en Google Delcy Rodríguez toma posesión como presidenta interina de Venezuela el pasado 5 de enero. (Efe) 01/06/2026 Actualizado a las 06:11h.La Audiencia Nacional cree que el «cambio político operado recientemente en Venezuela» con el derrocamiento de Nicolás Maduro por EE UU puede abrir ... por fin una vía de colaboración judicial con Caracas para esclarecer el papel de 14 etarras huidos en el país caribeño y su posible integración en el aparato exterior de la organización terrorista hoy extinta. El juez Francisco de Jorge sostiene que ese nuevo escenario «permite inferir una colaboración» del Ejecutivo que ahora encabeza Delcy Rodríguez para acceder a datos que España no había logrado obtener durante décadas sobre la colonia de miembros de la banda refugiados fuera del alcance de la justicia española.
La lista remitida a las autoridades venezolanas incluye a Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, 'Arbe'; José Ignacio de Juana Chaos, 'Iñaki'; José Luis Eciolaza Galán, 'Dienteputo'; Ángel María Lizarbe Oses; Luis María Olalde Quintela, 'Txistu'; José Ángel Uriz Zabaleta; Arturo Cubillas Fontán; Javier Urruti Imaz (recientemente fallecido); Asunción Arana Altuna, 'Olivia'; Juan José Aristizábal Cortejarena; María Artola Echeverría; Manuel Asier Guridi Zaloña, 'Gari'; Jesús María Huerta Fernández; e Ignacio Echevarría Landazábal. El juzgado pide información sobre su «vinculación o pertenencia» al colectivo de refugiados, las «funciones desarrolladas», los «contactos con otros miembros de ETA», las «labores de enlace» y el «grado de responsabilidad» en el seno de esa estructura.
El 'Pollo' Carvajal
La frase más relevante del auto se encuentra en el fundamento jurídico tercero. «El cambio político operado recientemente en Venezuela permite inferir una colaboración para acceder a los datos solicitados por la acusación popular», afirma De Jorge. El juez añade que esos datos «pueden verse avalados por la declaración testifical» de Hugo Armando Carvajal -'El Pollo Carvajal'-, el exdirector de Inteligencia Militar venezolana actualmente preso en Estados Unidos. Por ello, concluye que, «para que la investigación pueda completarse» y se pueda «determinar la participación de las personas reseñadas en el delito de integración en organización terrorista», las diligencias son «útiles, necesarias, idóneas y proporcionadas».
«El cambio político operado recientemente en Venezuela permite inferir una colaboración para acceder a los datos solicitados por la acusación popular»
Francisco de Jorge
Juez instructor de la Audiencia Nacional
La decisión judicial parte de una petición de la asociación de víctimas que preside Daniel Portero, hijo del fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA y que está personada como acusación popular en este procedimiento. DyJ reclamó al juzgado aprovechar el nuevo escenario abierto en Venezuela para pedir información sobre los etarras asentados allí. La acusación sostuvo que el país caribeño ha sido «uno de los países donde se ubica una de las mayores colonias de miembros de ETA» que «han huido y sustraído a la acción de la justicia española» para no responder por los delitos cometidos por la banda.
El escrito de Dignidad y Justicia subrayaba que durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro los etarras huidos en Venezuela «han gozado de la protección por parte de las autoridades del país caribeño». Esa protección, según la acusación, hizo «inviable la puesta a disposición de estos ante la justicia española» por la negativa de Caracas a colaborar en las solicitudes de extradición cursadas durante los últimos 25 años. La consecuencia, sostenía la asociación, fue que muchos de esos investigados no pudieron ser enjuiciados y que, en algunos casos, los delitos atribuidos acabaron prescritos.
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