La Constitución 'rígida' que mantiene en pie España y desmiente a radicales y separatistas

El Congreso conmemora hoy, de gala y por todo lo alto, que la Constitución en vigor, a sus 47 años, se convertirá en unos días en la más longeva de la Historia de España. Superará a la de 1876, sancionada por Alfonso XII el 30 de junio de aquel año y suspendida en septiembre de 1923 por Miguel Primo de Rivera. La Constitución que restauró la Monarquía tras el impasse de la Primera República tiene dos atributos significativos: fue producto de la convergencia de centros y sus inspiradores trataron de preservar el predominio de los dos grandes partidos que sostenían la Corona. A la luz del presente, llama la atención que los promotores de la Ley de Memoria Democrática de 2022 se olvidasen de ella en su exposición de motivos. Por desgracia y sintomáticamente -muestra una inercia disruptiva-, no la consideran un referente.

Aquella Constitución de 1876 vio nacer al PSOE en 1879; superó la crisis existencial de 1898 y resistió el magnicidio frustrado del Rey Alfonso XIII y varios magnicidios consumados, entre ellos, el de su padre fundador, Cánovas del Castillo. Las costuras del sistema -atenazado por las amenazas bolchevique y separatista- comenzaron a desgarrarse en 1917. Finalmente, el desastre de Annual, en 1921, aceleró el golpe de estado y el colapso. El último quinquenio y pico de La Restauración es narrado con quirúrgica precisión por el profesor Roberto Villa en dos concienzudas obras: 1923. El golpe de Estado que cambió la Historia de España y 1917. El Estado catalán y el soviet español.

A pesar de la fragmentación del sistema de partidos -que dificultaba su funcionalidad-, ni los resultados electorales, a partir de los cuales no se apreciaba una desafección alarmante, ni la situación económica mostraban el desgaste del sistema. No obstante, parte de las clases medias celebró en las calles el advenimiento del directorio. Como sostiene el autor: «Es conocido que, disueltas las Cortes el 17 de septiembre [1923], Alfonso XIII expresó su deseo, el mes siguiente, de convocar otras, a lo que Primo de Rivera se negó porque veía en ello una resurrección de la vieja política por la puerta de atrás». El Parlamentarismo era «vieja política».

La Constitución de 1876 era corta (89 artículos), la de 1978 es larga (169); la de 1876 no incluía procedimiento de reforma, la de 1978 es rígida. El pensador liberal británico James Bryce escribió en los albores del siglo XX un estudio comparado entre las constituciones flexibles -pone como ejemplo la británica- y rígidas. De estas últimas dice que obedecen a cuatro deseos: el de los ciudadanos, de asegurar derechos amenazados; el de los gobernantes, de evitar controversias respecto de la forma de gobierno definida; el de los fundadores de una nueva comunidad política, a la que quieren dar cuerpo y dotar de solidez; y al deseo de grupos o comunidades «separadas», de asegurar los términos e intereses propios en el marco de una acción conjunta.

Los constituyentes crearon una 'nueva comunidad' que salvaguarda la democracia de vaivenes

Los dos primeros, a los que corresponde el caso de 1978, se refieren a un Estado existente que cambia su Constitución; los dos segundos crean un nuevo Estado. Sin embargo, en cierto modo y con muchos matices, nuestros constituyentes crearon una nueva comunidad política a la que quisieron dar continuidad. Un nuevo y amplio marco referencial que salvaguardara la Constitución y la democracia de los vaivenes históricos, fuera y dentro.

La sociedad estaba cambiando a gran velocidad, no sólo en España. Lo explica con original sagacidad el ensayista José María Marco en Después de la nación. La democracia española de 1978. La Transición fue una revolución que descartó la idea de «nación tradicional» y la de «nación renacida». No obstante, la necesidad de acuerdo, de consenso, de restablecer la convivencia, de atestiguar la reconciliación, alumbró el nacimiento de un «consenso posnacional» que permitió a los nacionalistas poner en marcha sus propios procesos de construcción nacional y, como critica Gustavo Bueno en España no es un mito, considerar la nación española un estante, un contenedor de naciones.

«La nueva Monarquía parlamentaria debía, por pura lógica», expone Marco, «continuar la Monarquía constitucional de entre 1876 y 1923. Le tocaba culminar la democratización interrumpida (...). No fue así». Tampoco se entendieron las «rupturas propias del siglo XX» y se estableció torticeramente un vínculo de continuidad entre La Restauración, el directorio de Primo y la dictadura de Franco. La Constitución de 1876 incorporó el sentido histórico de la Corona. La Constitución de 1978 lo hizo desde un sentido práctico.

Los críticos no explican por qué está en crisis lo que permitió paz, libertad y prosperidad

En un singular, fino y lúcido análisis de Historia constitucional, el profesor Martínez Cuadrado identificó, a comienzos de los años 80 del pasado siglo, tres grandes ciclos históricos en la contemporaneidad de España, con sus correspondientes fases, corrientes en disputa, crisis, procesos de modernización, de radicalización revolucionaria, fuerzas de resistencia y pactos. Cada ciclo da lugar, aunque incluya otras, a sendas constituciones señeras: las de 1812, 1876 y 1978. Cada uno de esos ciclos supone un avance y actualización de la monarquía constitucional y del liberalismo político, aunque acoja transitoriamente a regímenes y formas políticas no democráticas. Cada ciclo dura aproximadamente medio siglo.

Los partidarios de desmantelar la Constitución introdujeron en el lenguaje reminiscencias con connotaciones añejas: «régimen del 78» o «sistema de turno»; expresiones sesgadas e impropias que establecen falsos paralelismos. Si la Constitución estuviera en crisis, sería porque un solo partido profundamente convencido de su vigencia no es suficiente para preservarla y porque se descuida frívola e intencionadamente su espíritu. Los constituyentes no previeron que el abuso de poder pudiera ejercerse dentro de los difusos límites de la Constitución.

Lo que las fuerzas destituyentes, disolventes y separatistas no explican con detalle para no enseñar el plumero es por qué consideran en crisis y superado un modelo que ha permitido alcanzar las más altas cotas de paz, libertad y prosperidad.

Por qué hoy la Constitución les resulta un obstáculo. La respuesta es que los objetivos de la izquierda radical y los separatistas son otros muy distintos [y los obstáculos son la Monarquía y la nación]: el privilegio, la división y el plebiscitarismo. Como afirmó ayer Josu de Miguel en estas páginas: la Constitución ha desaparecido lentamente de nuestra conversación pública. De Miguel lo achaca a la Ley de Amnistía. El constitucionalismo liberal no pasa por su mejor momento y, aun así, la Constitución de 1978 y el Estado de Derecho no sólo nos unen sino que nos mantienen en pie, en alerta y perplejos, pero en pie.

Gana el 'sí' en toda España pese al boicot nacionalista

El 6 de diciembre de 1978, toda España fue llamada a las urnas para votar el texto final de la Constitución en referéndum. La participación fue del 67,1%. El 87,9%, 15,7 millones de personas, se posicionó a favor de la norma. El 'sí' se impuso al 'no' en todas las provincias del país, pese a que la mayoría de partidos nacionalistas -excepto Convergencia- se habían abstenido en la votación previa en el Congreso: ERC, PNV... En País Vasco, la abstención fue mayor, pero también ganó el 'sí'.

17.218 días en vigor. Son los que cumple este martes la Constitución, que entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. Será así la más longeva de la historia desde el próximo 20 de marzo, pues la de 1876 vivió 17.250 días.

Siete ponentes. Siete diputados, los 'padres de la Constitución', redactaron el anteproyecto. Eran de cinco grupos: tres de UCD, uno del PSOE, uno del PCE, uno de Alianza Popular y uno por los partidos catalanes y vascos.

169 artículos. La actual Constitución está dividida en 11 títulos y cuenta con 169 artículos. Es la segunda más extensa, tras la Constitución de Cádiz -384 artículos-.

Tres veces reformada. Una, en 1992; otra, en 2011; y la última, en 2024, para reforzar los derechos de las personas con discapacidad.

Tres juras. Felipe VI juró al cumplir 18 años y cuando fue proclamado Rey. Leonor prestó juramento en 2023.