La Policía Nacional ha detectado la activación de tres rutas migratorias hacia España tras el anuncio de Pedro Sánchez para regularizar a 500.000 migrantes que ya residen en España a partir del próximo abril. Agentes expertos en Extranjería destacan la vía del Reino Unido -a través del Canal de la Mancha- hacia Francia para, finalmente, alcanzar España por los Pirineos. Se trata de ciudadanos pakistaníes, afganos e indios que, según las mismas fuentes, buscan legalizar su presencia en Europa. La Policía también se detiene en la llegada al país desde Francia de una «cantidad considerable» de migrantes de nacionalidad argelina y marroquí así como desde Italia.
Este último país, detallan, ofrece una casuística especial ya que se fletan furgonetas con destino a España en las que viajan ciudadanos indios, marroquíes, argelinos o pakistaníes. Estos movimientos y la falta de información con la que se ha lanzado el plan -el Gobierno no ha buscado la opinión de los expertos- ha provocado la primera reacción de los agentes de Extranjería.
Según ha podido saber EL MUNDO, la Policía se ha dirigido al Ministerio del Interior para advertirle de la «dificultad» que, según su experiencia, conlleva ejecutar la regularización masiva prevista. Las mismas fuentes especifican que se han enviado distintos correos electrónicos al ministerio de Fernando Grande-Marlaska en los que se le hace partícipe de su inquietud. «No sabemos la manera en la que hay que actuar porque no hay instrucciones, ni posibilidades ni tampoco recursos», razona uno de los responsables policiales consultados por este diario.
Un informe reciente de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) eleva el número de regularizaciones a 840.000 personas. Los policías destinados a las unidades de Extranjería y Fronteras son los que se enfrentarán a la iniciativa del Ejecutivo central, puesto que serán ellos quienes hagan frente a la tramitación «masiva» de las solicitudes de autorización de residencia, certificación de trámites administrativos, comprobaciones de las identidades y constatar los antecedentes penales. Aseguran que esta «mayor carga de trabajo» podría llegar a ser «letal» para equipos que ya están saturados de por sí en todo el territorio nacional.
Detectan la llegada de furgonetas desde el país alpino
En el organigrama de la Comisaría General de Extranjería se entronca la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) -dedicada a perseguir la trata de seres humanos y la inmigración ilegal y que será la unidad que custodiará el proceso-, así como el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que realiza labores de inteligencia.
Los agentes dedicados a la lucha contra el tráfico de personas anticipan, asimismo, que el crimen organizado podría intentar beneficiarse de la «falta de recursos» técnicos y humanos ante la avalancha que se prevé en el proceso de regularización. «Bajo falsos arraigos, pueden traer a España a mujeres para legalizar su situación y, después, explotarlas sexualmente». Recelan en este particular porque transitan por él a menudo, con la diferencia de que, si se produjera, ahora sería masivo y no casos tan «controlables». Se trata, matizan, de grupos de personas que se concierta para traer a España a mujeres desde Colombia, Venezuela y Paraguay, principalmente.
También genera desconfianza, tal como aseguran las mismas fuentes, la «falta de control» sobre cuestiones legales en algunos países de origen de las personas migrantes que se acogerán al plan de Pedro Sánchez. «Hay países en los que los funcionarios públicos son muy fácilmente sobornables y, por ejemplo, conseguir una hoja limpia de antecedentes penales no es problema», explican. Realizar las comprobaciones necesarias, dicen, «será muy difícil» con los recursos que existen en la actualidad y la cantidad de solicitudes que habrán de tramitarse. La Policía Nacional insiste en que las cifras que se barajan -tanto la de 500.000 personas como la de 840.000- «es un número difícil de asumir en este momento y en esta circunstancia». Y así se ha elevado a Interior.
Hay una «cantidad considerable» de marroquíes y argelinos
El periodo post-regularización es otro de los aspectos que centra la atención de los agentes especializados en inmigración. Temen que las mafias vean un filón en las reagrupaciones familiares. «Pueden darse casos en los que personas de países extranjeros paguen a quienes estén ya en situación legal para que les dejen hacerse pasar por familiares como un hijo o unos padres. Es decir, pagar por papeles y certificados. Ahora ya se ven casos así, en los que incluso traen a testigos, pero se detecta rápidamente porque no son tantos solicitantes».
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar, según anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, «cualquier documento público, privado o una combinación de ambos». En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular en España para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo. Otro de los requisitos será no tener antecedentes penales. El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios del mes de abril y durará hasta finales de junio.