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Resulta que incluso los jueces conservadores sólo aceptan un número limitado de ataques a las normas legales y constitucionales.
Cuando llegó el momento de que la Corte Suprema de EEUU se pusiese de pie y se hiciese un recuento, seis de los jueces respondieron al llamado.
Liderados por el presidente John Roberts, dictaminaron este viernes que el presidente Donald Trump no puede ignorar los límites legales y constitucionales y simplemente apropiarse del poder. Los límites se han mantenido, al menos en lo que respecta a la afirmación sin precedentes de Trump de que puede imponer y levantar aranceles prácticamente a su antojo.
El fallo desafía directamente a Trump en su política estrella y cuestiona los gravámenes que, según el presidente, generan 900.000 millones de dólares (764.000 millones de euros) al año, una carga que los economistas sostienen que está recayendo con fuerza sobre las empresas y los consumidores estadounidenses.
Es una reprimenda contundente y necesaria para un presidente que, desde el día que retomó el poder en enero del año pasado, ha ignorado el lenguaje claro de la Constitución que juró defender.
En este caso, Trump alegó que una ley de 1977 conocida como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) le otorgaba la facultad de imponer amplios gravámenes a las importaciones, a pesar de que la Constitución reserva específicamente los poderes fiscalizadores al Congreso y la ley no hace referencia a "aranceles" ni "impuestos".
El fallo congregó a los tres miembros del ala liberal de la corte junto con Roberts y dos designados por Trump, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, quienes en ocasiones se han mostrado dispuestos a enfrentarse a su patrocinador.
También representa la primera vez en la segunda presidencia de Trump que la Administración pierde una impugnación plenamente sustanciada de su autoridad.
El año pasado, la corte emitió 26 fallos sobre impugnaciones de las acciones de la Administración Trump, todos menos uno en el procedimiento de emergencia, donde el tribunal tramita solicitudes para suspender decisiones de tribunales inferiores mientras los casos avanzan a través del proceso de apelación. Falló a favor de la Administración en 21 ocasiones, incluida la única causa que estaba plenamente fundamentada.
Pero resulta que incluso este tribunal sólo acepta un número limitado de ataques a las normas legales y constitucionales. En diciembre, los mismos seis jueces dictaminaron en el procedimiento de emergencia que Trump carecía de autoridad para tomar el control de la Guardia Nacional de Illinois y enviarla a Chicago a pesar de la objeción de las autoridades locales.
Y en una audiencia el mes pasado, varios jueces expresaron su escepticismo sobre el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal de EEUU Lisa Cook, aunque el tribunal aún no ha emitido un fallo en ese caso.
En el caso de los aranceles del viernes, la trascendental decisión llegó en una opinión que fue a la vez compleja y limitada. La mayoría coincidió en el resultado pese a un intenso debate interno sobre qué criterio de revisión aplicar, lo que dio lugar a una opinión dividida en varias partes y a una serie de votos concurrentes, así como a dos votos disidentes.
El tribunal también declinó pronunciarse sobre la cuestión crucial de qué sucederá a continuación y de si las empresas y los consumidores que han pagado aranceles bajo el régimen ilegal tienen derecho a reembolsos, y cuándo. Pero el hecho crucial para quienes no son abogados es que los jueces cumplieron con su función de controlar a los otros dos poderes del Gobierno, según establece el Artículo III de la Constitución.
"No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como debemos, el papel limitado que nos asigna el Artículo III... En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", escribió Roberts.
Los jueces hicieron su trabajo, y por ello EEUU les debe su gratitud.
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