- El Supremo tumba el registro único de alquileres turísticos por invadir competencias autonómicas
- Análisis. ¿Y si la solución a la vivienda fuera dejar que el mercado se regule solo?
El Tribunal Supremo rechaza que la crisis de la vivienda justifique los atajos legales como imponer un registro nacional sobre los autonómicos.
El fallo del Tribunal Supremo que invalida el registro nacional obligatorio de pisos turísticos por considerar que invade las competencias autonómicas es un acertado recordatorio para el Gobierno de que ninguna situación de emergencia socioeconómica justifica el intervencionismo desmedido.
Desde 2018, PSOE y Sumar -antes Podemos- han aprobado diversas medidas cada vez más restrictivas para tratar de frenar la subida de los precios de los contratos de arrendamiento, además de impedir el trasvase de pisos desde el mercado del alquiler tradicional a otros segmentos alternativos por parte de los propietarios que trataban de huir de la inseguridad jurídica creada por la propia Administración central. Pero al toparse con la negativa de la mayoría de los gobiernos regionales a ponerlas en marcha a sabiendas de los efectos contraproducentes que podrían producir, el Ejecutivo buscó vías para imponer su visión ideologizada de la regulación inmobiliaria.
El ejemplo paradigmático es la Ley de Vivienda, presentada como un hito por ser la primera de carácter estatal en democracia pese a que esta materia es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El Constitucional controlado por la mayoría progresista afín al Gobierno reconoció que se trataba de una invasión de competencias, pero la justificó en base al derecho a una vivienda digna y adecuada que recoge el artículo 47 de la Constitución. En cambio, el Supremo rechaza que la crisis de la vivienda justifique los atajos legales como es imponer un registro nacional sobre los autonómicos ya existentes, hasta el punto de vaciarlos de contenido.
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