Miles de conductores están en vilo ante un posible recurso de casación del Ayuntamiento, para saber si podrán seguir con sus coches
Regala esta noticia Añádenos en Google Pantalla que anuncia la entrada a la Zona de Bajas Emisiones desde el norte de la capital. (Ñito Salas)Málaga
29/07/2026 a las 00:17h.El veredicto definitivo sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga se retrasa, y todavía no hay un plazo cierto para saber finalmente qué ... vehículos serán los que tendrán vetado el acceso al núcleo central de la capital, ni a partir de cuándo.
Por lo tanto, ya tendrá que ser a partir de septiembre cuando se conocerá el contenido de la aclaración, y el Consistorio decidirá si va adelante con el recurso de Casación. Este, a su vez, tardará un mínimo de seis meses a un año en resolverse, de acuerdo con los plazos habituales de los tribunales en este tipo de casos.
Para comprender la situación en la que se encuentra el trámite, conviene recordar que la aclaración de sentencia es un trámite legal que permite a los jueces, a solicitud de alguna de las partes, corregir frases que pueden inducir a error, y erratas en números o nombres, pero no afectan a la decisión principal de los magistrados. Por tanto, no entra en el fondo de la cuestión. En cambio, pedir la aclaración sí que detiene el plazo legal para presentar otros recursos, hasta que estos respondan. En definitiva, aparte de aclarar conceptos, permite ganar tiempo.
Al Supremo
Por su parte, el recurso de casación contra una sentencia del TSJA se prepara ante la misma sala que la dictó, aunque en este caso finalmente será resuelto por el Tribunal Supremo, puesto que la situación que se ha creado tras la sentencia, de supuesta discriminación de unos ciudadanos respecto a otros de la provincia, afecta a normas estatales y de la UE, y no sólo autonómicas. Los servicios jurídicos municipales tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentarlo.
35.257
denuncias
Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones han multado a esta cantidad de conductores de coches sin etiqueta ambiental, en los seis primeros meses de régimen sancionador de la ordenanza.
Como adelantó este periódico, la sala, tras un recurso Contencioso-Administrativo del grupo Vox, determinó que la ordenanza malagueña crea un agravio entre los vecinos empadronados en Málaga capital, que, de momento, no tienen problema para circular por la ZBE, con independencia de la etiqueta de sus coches; y los del resto de la provincia, que ya tienen vetado el acceso con automóviles sin etiqueta ambiental (los más viejos); y a partir de noviembre, también entrarán en este grupo los de etiqueta B, que es la más baja.
Conductores en vilo
La judicialización de esta polémica ordenanza municipal mantiene a miles de conductores malagueños en vilo, con la incertidumbre sobre qué ocurrirá con sus vehículos una vez que los tribunales digan su última palabra. Por el momento, el Área de Movilidad mantiene la ordenanza tal cual estaba, y sigue imponiendo sanciones. También continúa adelante con su calendario de implantación, para restringir cada vez más el tipo de coches que pueden acceder.
3,5
millones de euros
Es la cifra mínima, contando el pronto pago, que puede haber recaudado el Ayuntamiento en estos seis meses. La horquilla máxima serían 7 millones, si la multa es completa.
Sobre el primer punto, las multas por acceder a la Zona de Bajas Emisiones con coches no permitidos se han disparado en los primeros seis meses desde que se activó el régimen sancionador. En total, ya suman más de 35.000 notificaciones (35.257, para ser exactos), según los datos de una respuesta oficial al grupo Con Málaga y concretamente a su viceportavoz, Toni Morillas. El miedo a las sanciones ha eliminado 25.000 coches al día de las calles de este área central, según los datos de los aforos municipales.
Desde el 30 de noviembre del año pasado y hasta la misma fecha del presente, se sanciona a los coches y motos sin distintivo ambiental que paguen el impuesto de circulación (IVTM) fuera de Málaga capital. De nuevo, a partir de finales de noviembre, las sanciones se extenderán también a quienes tengan el sello B, el segundo más contaminante. Y precisamente esta distinción entre vehículos locales y foráneos es la que ha generado el actual embrollo jurídico.
La sentencia del TSJA que anula parte de la ZBE de Málaga advierte al Ayuntamiento de que no puede sancionar a los vehículos de fuera de la ciudad en exclusiva por «romper los principios de igualdad, libre mercado y libre circulación». Al respecto, Vox (que presentó el recurso Contencioso-Administrativo) y Con Málaga han presentado iniciativas para que se dejen de cobrar multas con carácter inmediato por el perjuicio al interés general, de los sancionados y de la propia Administración (por la gran litigiosidad e inseguridad jurídica que se avecina). Cabe recordar que el importe de las infracciones asciende a 200 euros, que se quedan en 100 por pronto pago y no implican retirada de puntos del carné de conducir.
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