La ex consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha declarado como acusada en el juicio por la paralización de las vacunaciones a policías nacionales y guardias civiles en la pandemia y niega haber ordenado detener sus inoculaciones. La ex dirigente de Esquerra se ha escudado en los criterios que fijó el Consejo Interterritorial de Salud -de priorizar a los mayores de edad- y en la escasez de dosis para justificar los retrasos que se registraron.
"Nuestra intención era vacunarlos a todos. A ellos y a todos los colectivos esenciales", ha asegurado Vergés, que ha respondido a las partes menos a la acusación ejercida por sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil.
En una reunión del Consejo Interterritorial del 22 de marzo se acordó reanudar la vacunación con Astrazeneca a partir del 24 de marzo, pero priorizando la edad, ya que era un factor determinante en las cifras de hospitalizaciones, ingresos en la UCI y mortalidad, por lo que se decidió empezar por el grupo de entre 55 y 65 años. Este "criterio sanitario", siguiendo las pautas que marcaba la estrategia estatal de vacunación, es el que ha defendido en varias ocasiones tras incidir en la falta de vacunas para toda la población que había en esos momentos, en 2021.
Dos ex consejeros de la Generalitat de ERC y Junts, Alba Vergés y Josep Maria Argimon, se sientan desde este la semana pasada en el banquillo de los acusados por el retraso de las vacunas a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados en Cataluña durante la etapa más dura de la pandemia. El juicio se alargará hasta el 15 de julio con varias jornadas alternas.
Ahora, la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para los dos ex responsables de Salud (Vergés y Argimon, aunque este último ocupaba entonces el cargo de director general del Instituto Catalán de la Salud), a los que acusa de prevaricación por haber "discriminado" al personal de ambos cuerpos de seguridad destinados en la comunidad. El Ministerio Público sostiene que los acusados eran "plenamente conscientes" de que al posponer la inmunización de los policías nacionales y guardias civiles "estaban, de hecho, discriminando" a los agentes de esos cuerpos, que "se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales y autonómicos, ya estaban protegidos".
El Ministerio Público pide la misma pena para el ex secretario general de Salud, Marc Ramentol, y para el ex director del Servicio Catalán de Salud, Adrià Comella. Por contra, reclama el sobreseimiento para el responsable de servicios del departamento, Francesc Xavier Rodríguez.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el 24 de marzo de 2021 los procesados decidieron, "de forma conjunta, paralizar el programa de vacunación" que se había acordado con los delegados de la Guardia Civil y la Policía Nacional, unas inmunizaciones que estaban programadas a partir del 15 de marzo.
A su juicio, el Departamento de Salud de la Generalitat acordó "priorizar" la vacunación de las personas de entre 60 y 65 años, "en detrimento de dichos funcionarios, salvo si tenían edades comprendidas en ese margen". Y lo hizo, añade el Ministerio Público, "a pesar de ser conocedores" de que en esa fecha solo estaban vacunados un 2,8 % de los guardias civiles y un 3,6 % de los policías nacionales, frente al 77 % de mossos y guardias urbanos, el 77,9 % de policías locales y el 68,9 % de bomberos.