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El aumento sostenido del coste de la vida es una de las principales preocupaciones de las familias. Detrás de ello no sólo está la inflación por la guerra, también políticas que a la larga salen caras.
En medio de una nueva etapa de fuertes subidas de los precios de la mayoría de los productos que consumen los hogares españoles, con el encarecimiento de las hipotecas a coste variable tras la última subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) para tratar de frenar esa inflación, la acelerada pérdida de poder adquisitivo vuelve a ser una de las principales preocupaciones ciudadanas. Es ya el segundo mayor problema, según el barómetro más reciente del CIS, sólo por detrás de la vivienda.
Achacar el deterioro de la capacidad de compra de los consumidores sólo a la inflación derivada de la guerra en Oriente Próximo, que es la causa principal, sería reduccionista. La energía explica el más de dos tercios de la reciente subida de la inflación en España, pero hay otros factores que contribuyen a tensar los precios más que en otros países de nuestro entorno. La inflación registrada el pasado agosto, del 4,6%, fue la tercera mayor entre los Veintisiete y 1,4 puntos superior a la media de la zona euro.
Desde luego el encarecimiento de la vivienda es otro gran condicionante, sobre todo de la ofertada en alquiler, lo cual responde directamente a la escasez de pisos disponibles provocado por las medidas intervencionistas del Gobierno de PSOE y Sumar. A lo que se suma el gran incremento de la demanda derivado de la alta inmigración y del crecimiento sostenido de nuevos hogares, generando así el caldo de cultivo perfecto para una fuerte subida de los precios inmobilarios.
El otro gran condicionante de la mayor inflación respecto a las demás economías de la zona euro es la repercusión, más progresiva, menos evidente, pero con efectos persistentes, de las decisiones populistas adoptadas por PSOE y Sumar. Entre otras, el inédito aumento del salario mínimo en un 66% desde 2018 sin vincularlo a mejoras de productividad o de rendimiento, el fuerte aumento de las cargas laborales que obliga a la mayoría de las empresas -especialmente las pymes- a repercutirlas en sus precios finales, la gran subida de impuestos puesta en marcha por el Ejecutivo para financiar el mal llamado gasto social y, por supuesto, la multiplicación de los subsidios ligados al consumo de ciertos colectivos (como los jóvenes) que incentivan el alza de sus precios. Se trata de un impacto más silencioso del que producen, por ejemplo, las subidas del precio de los carburantes, pero igualmente dañino para las economías particulares.
La cesta de la compra
Es en la cesta de la compra dónde más apreciables son esos efectos de las políticas inflacionarias del Gobierno. La Encuesta de Presupuestos Familiares que elabora el INE refleja cómo se ha disparado el porcentaje de su renta que los consumidores deben destinar a los gastos más comunes por su fuerte encarecimiento en los últimos años, lo que les deja menos recursos disponibles para otros gastos como viajes o cuidado personal. Las últimas cifras publicadas, que se corresponden a 2025, permiten analizar el cambio en la composición del gasto de las familias sin que se vea alterado por los picos puntuales de inflación.
La comparativa muestra cómo el gasto en productos alimenticios ha pasado de suponer un 15% del total frente al 13,65% que representaba en el año 2016, y es que en este periodo el desembolso medio en euros para adquirir alimentos ha aumentado un 36,9%, 12,4 puntos por encima del aumento del gasto medio realizado por los hogares. En contraste, el desembolso de las familias en restaurantes ha pasado de representar casi el 9% del total a suponer el 8%, pese a ser un 12% más alto en valor respecto al que realizaban en 2016.
También el porcentaje de los presupuestos familiares que absorben los alquileres de vivienda ha crecido con fuerza, pasando de significar algo más del 23% hace una década a suponer un 26% en la actualidad, tras incrementarse un 39% su coste en términos monetarios. No es sin embargo la rúbrica que registra el mayor encarecimiento, pues los gastos por la compra de vehículos han crecido un 44,5% en una década.
El peso de la ropa, el calzado, los viajes, los servicios de información, seguros y cuidado personal en el gasto medio de los hogares se ha mantenido relativamente estable, con variaciones de apenas unas décimas.
Los riesgos de un diferencial de precios elevado
El hecho de tener una inflación más elevada de forma sostenida que las demás economías de la zona euro no sólo es perjudicial para la competitividad de las exportaciones españolas. También para la riqueza relativa del ciudadano medio. Un nivel de precios más alto que el de los países con los que compartimos divisa distorsiona la transmisión de la política monetaria del BCE, con el riesgo de prolongar la escalada de precios, y con ello el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores. Un efecto negativo que se agrava si se terminan generando los temidos efectos de segunda ronda: alzas encadenadas de precios y salarios por las peticiones de los trabajadores de mejoras retributivas a sus empleadores para compensar la pérdida acumulada de poder adquisitivo. Los expertos estiman que un diferencial superior a un punto acaba empobreciendo a los ciudadanos al perder riqueza real a un ritmo más acelerado que los de países que tienen una menor inflación ya que disfrutan de menores salarios reales y ven cómo se devalúan sus ahorros.
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