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El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, junto a sus abogados Consuelo Castro y José Ignacio Ocio, en el juicio en el Supremo. EFE La Fiscalía General autoriza el reingreso de García Ortiz pese a la condena por delito dolosoLa Inspección Fiscal considera que la inhabilitación por revelación de datos reservados solo afecta a la condición de fiscal general, por lo que avala que se incorpore a la Sala Social del Supremo
Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo
Martes, 13 de enero 2026, 12:31 | Actualizado 13:15h.
... impuesta por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados -dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización- afecte a su carrera profesional. Ello pese a que el reglamento interno del Ministerio Público, en su artículo 32.1, abre la puerta a su expulsión de la carrera en caso de ser castigado por un delito doloso, como ha sido el caso, y la pena sea superior a los seis meses.La decisión llega menos de un mes después de que el tribunal que condenó al acusado, por cinco votos a dos, acordará ejecutar la sentencia y remitiera a la Fiscalía General cualquier tipo de consecuencia laboral para el implicado a los «efectos oportunos». Por lo tanto, la Inspección Fiscal tenía que analizar si tenía que ir más allá de esa inhabilitación especial de dos años para ejercer como fiscal general y apartarle directamente de la carrera. Finalmente, la propuesta avalada también por la actual responsable del Ministerio Público, Teresa Peramato, va en línea con la interpretación que el propio Supremo hizo en su resolución.
Esto es, que la condena solo afecta exclusivamente a la condición que ostentaba García Ortiz en el momento de los hechos: fiscal general del Estado. «Nos parece que, desde una perspectiva estrictamente penal, es proporcionada esa acotación, porque no es necesario ser fiscal para alcanzar la titularidad de la Fiscalía General del Estado», señaló en su momento la sentencia. Por lo tanto, cualquier proyección a otros supuestos sería «excesiva», añadió.
Pues bien, la Inspección Fiscal ha tomado al pie de la letra esta referencia del ponente del fallo, Andrés Martínez Arrieta, a la sazón presidente de la Sala Segunda (Penal) del Supremo, y con el respaldo de Teresa Peramato ha aceptado el reingreso del condenado al servicio activo, dejando sin efecto la situación de servicios especiales se encontraba tras su nombramiento como fiscal general por parte del Gobierno en julio de 2022.
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