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Las discotecas incendiadas, en una foto de archivo, antes de su demolición. Vicente Vicéns / AGM La Fiscalía pide penas de hasta ocho años y medio a los principales acusados del incendio de las discotecas en MurciaExige además que a los investigados por el fuego que dejó 13 fallecidos se les impida gestionar más locales de ocio
Alicia Negre
Murcia
Martes, 14 de abril 2026, 08:13
el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros ... , en Murcia, que se cobró la vida de 13 personas. En el escrito de conclusiones provisionales, al que La Verdad ha tenido acceso, esta parte reclama además que se les inhabilite para la gestión de establecimientos abiertos al público.En su informe, de hasta 64 páginas, el fiscal Antonio Jesús Vivo asienta los hechos -que considera constitutivos de trece delitos de homicidio por imprudencia, doce delitos de lesiones por imprudencia y un delito contra la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores- en una larga retahíla de faltas de seguridad e incumplimientos administrativos.
El fiscal explica en su escrito que en Teatre figuraba como administrador único Juan Inglés Rojo, quien adoptaba decisiones en torno a la empresa. Remarca, no obstante, que Marco Martínez ejercía también como «administrador de hecho» en Teatre, realizando las funciones de gestión y administración de la discoteca «con plena capacidad de decisión» sobre numerosos aspectos, como el encargo de proyectos técnicos.
Esta parte apunta a las dos máquinas generadoras de chispas de fuego frío como generadoras del incendio y hace hincapié en que su dueño «no adoptó ninguna cautela frente al riesgo que suponía utilizar las máquinas en un espacio interior». En este punto, entiende el fiscal, los administradores de Teatre incurrieron en una grave omisión del deber de cuidado generando un incendio que «comprometió la vida e integridad física de las personas que se encontraban en ambas discotecas».
Sin autorización administrativa
El Ministerio Público remarca que, cuando se produjo la tragedia, ambos locales funcionaban sin autorización administrativa. Desde que asumió la discoteca hasta el 1 de octubre de 2023, la noche de la tragedia, el inmueble sufrió diversas modificaciones, entre ellas la separación en dos locales en 2017. «A la situación de riesgo para las personas y a la rápida propagación del fuego de un local a otro, con las fatales consecuencias, contribuyó de forma decisiva la modificación del local» realizada por Marco Martínez bajo la dirección del ingeniero Carlos J. F., también acusado «sin el debido control administrativo».
La Fiscalía sostiene que los acusados «eran plenamente conscientes de que la actividad que desarrollaban generaba un riesgo para las personas». En este punto hace un recorrido por los diferentes expedientes administrativos que pesaban sobre el local y que no impidieron que la madrugada de la tragedia las discotecas estuvieran llenas.
Las acusaciones particulares, que representan a los familiares de los fallecidos en el incendio y a otros afectados, ya han presentado también sus escritos ante la instructora. El letrado José Manuel Muñoz, que representa a un grupo de damnificados, solicita las mismas penas de prisión que la Fiscalía pero exige indemnizaciones millonarias a favor de los familiares de tres víctimas, con una cuantía inicial superior a 2,4 millones de euros. Algo similar ocurre con el abogado Pedro López Graña, otro de los profesionales que ejercen la acusación particular en este caso y que se suma a la petición de penas que realiza el Ministerio Público.
Las acusaciones lamentan que se permitiera la actividad sin licencia de los locales durante años
El abogado José Manuel Muñoz, que representa a algunos familiares de las víctimas del trágico fuego, lamenta que no se hayan depurado también responsabilidades a nivel municipal. «No resulta ajustado ni adecuado a la realidad de los hechos que toda responsabilidad se haya proyectado exclusivamente» sobre los empresarios investigados. «La actividad desarrollada en los locales carecía durante largos periodos de la preceptiva licencia administrativa, habiéndose permitido, sin embargo, su funcionamiento continuado a lo largo de los años mediante sucesivos procedimientos de legalización, inspecciones no concluyentes y actuaciones administrativas que no derivaron en el cese efectivo de la actividad». Las autoridades municipales, incide esta parte, «tenían conocimiento de las deficiencias existentes en materia de seguridad y de la situación irregular de los establecimientos, sin que se adoptaran medidas».
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