La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en el Senado, en una imagen de archivo. Efe
Tribunales MEMORIA DE LA FISCALÍA 2026 La Fiscalía reprocha a Argelia y Marruecos las trabas para acoger a sus nacionales que expulsa la Justicia españolaEl reino alauita exige que los marroquíes condenados y expulsados de España tengan pasaporte en vigor, lo cual no es habitual.
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Javier CorbachoBrais Cedeira Publicada 10 septiembre 2026 13:12h Las claves Síguenos Las claves Generado con IALa Fiscalía reprocha a Argelia y Marruecos las trabas que ambos países ponen a la hora acoger a sus nacionales que han sido expulsados de España por la Justicia.
Así lo expresa el Ministerio Público en la Memoria de la Fiscalía de 2025, de más de 1.600 folios y hecha pública este jueves por la Fiscalía General del Estado (FGE), tras la Apertura del Año Judicial en la que ha participado el rey Felipe VI.
Como ya documentó EL ESPAÑOL, el documento subraya que los dos países africanos "mantienen una posición extremadamente restrictiva" para acoger a sus propios ciudadanos que son expulsados de España.
El limbo legal de Mohamed: España quiere expulsarle y Marruecos no le considera marroquíLa Memoria señala los obstáculos y "problemas estructurales" para que Marruecos y Argelia les acojan. Problemas "persistentes que, lejos de disminuir, se han consolidado como uno de los principales factores que comprometen la eficacia real de este instrumento legal".
Además de la escasa colaboración de los dos países africanos, la Fiscalía se queja del "colapso que sufren los órganos judiciales", así como de "la no localización del investigado o penado", lo cual retrasa o impide la expulsión decretada por la Justicia.
"No obstante", expresa la Fiscalía, "son el déficit de documentación y la limitada colaboración consular los elementos que, un año más, se erigen como el principal factor de frustración de expulsiones".
Marruecos sólo acepta la repatriación si el condenado presenta un pasaporte original y en vigor, documento que muchos penados ocultan deliberadamente.
Expulsado el marroquí que se metió en calzoncillos en la cama de una vecina de Ceuta mientras ella dormíaArgelia, por su parte, prácticamente no documenta expulsiones, "hasta el punto de que en algunas provincias esta vía se considera materialmente inviable", expresa la Memoria.
Varias Fiscalías —la de Sevilla, la de las Islas Baleares, la de Valencia, la de Murcia y la de Zaragoza— se han quejado a la FGE de que los consulados marroquí y argelino "mantienen una posición extremadamente restrictiva".
Otras provincias, por contra, presentan lo que la Fiscalía denomina como "contrapunto positivo".
"Segovia, por ejemplo, constituye un caso excepcional: de 16 solicitudes de expulsión, 14 fueron autorizadas y 13 de ellas llegaron a ejecutarse efectivamente, demostrando que, cuando los elementos administrativos y documentales confluyen adecuadamente, la expulsión sigue siendo una herramienta eficaz", compara la Memoria.
La sustitución de una pena de prisión por la expulsión del territorio nacional es una medida regulada en el artículo 89 del Código Penal español.
Permite que un ciudadano extranjero condenado por un delito en España sea devuelto a su país de origen, en lugar de cumplir de forma íntegra la condena de cárcel.
En ocasiones, tanto el acusado como la Fiscalía y el Juzgado pactan esta decisión.
Para que se produzca la expulsión, la pena de prisión impuesta en sentencia debe ser superior a un año.
Uno de los invasores de Ceuta está reclamado por homicidio en Francia y trató de colarse en el ferry a AlgecirasEsta medida está pensada fundamentalmente para nacionales de terceros países, ajenos a la UE. Para los ciudadanos de la Unión Europea rigen criterios mucho más estrictos y sólo procede la expulsión si representan una amenaza grave e inmediata para el orden público o la seguridad.
Suben año a año
La última Memoria de la Fiscalía —elaborada con datos de 2025— pone de manifiesto que las expulsiones de extranjeros condenados suben año a año.
En 2023, se registraron 4.144 solicitudes. En 2024, esta cifra se elevó a 4.656. En 2025 se alcanzaron 5.551 peticiones. Ello supone un incremento del 19,2% respecto al año anterior y del 34% en relación con 2023, consolidando una tendencia al alza.
Principalmente, afecta a delitos contra el orden público, contra la seguridad vial y robos.
"Un fenómeno emergente durante 2025", detalla la Fiscalía, "es el incremento de peticiones voluntarias de expulsión por parte del penado en fase de ejecución, especialmente en Madrid, Navarra y Cataluña, incluso cuando la sentencia no lo previó originalmente".
Esta situación ha supuesto que la Fiscalía de Madrid consulte a la FGE si es posible ejecutar una expulsión que ha sido solicitada por primera vez, por el propio condenado, en la última fase de cumplimiento de la pena de prisión impuesta en sentencia.
Tras la invasión de Ceuta, ocurrida los pasados días 30 y 31 de julio, se han decretado, por parte de varios Juzgados de la ciudad, varias expulsiones de ciudadanos marroquíes.
Uno de ellos, el joven que se introdujo, semidesnudo, en la cama de una mujer ceutí.
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