Son 40 hojas de argumentos para no llevar al juicio a Begoña Gómez y su asesora en La Moncloa y, al final, un párrafo reconociendo que, aunque no justifique la vía penal, lo investigado sí entra en el campo de lo ética y políticamente cuestionable.
"Hay determinadas cuestiones», expone el fiscal del caso Begoña, «que pueden no resultar éticas ni deseables en un Estado democrático y una Administración transparente, y resulta necesario huir de situaciones de riesgo o dudas sobre la rectitud de los funcionarios públicos y la desviación de poder".
"Es una cuestión de índole política o de realizar una regulación apropiada sobre las incompatibilidades y el papel que deben jugar cónyuge o familiares de cargos públicos", añade el representante del Ministerio Público, antes de insistir en que, pese a ello, "no hay delito" en los hechos investigados.
El fiscal cierra de la misma forma dos escritos presentados esta semana con el mismo objetivo y destinatarios diferentes: uno al juez Juan Carlos Peinado, para informarle de que se opone a su propuesta de abrir juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno; otro ante el tribunal de la Audiencia Provincial que revisa las decisiones, para que revoque la decisión del instructor de llevar el caso ante un jurado. De lo que resuelva la Sección 23 dependerá que la esposa del presidente del Gobierno se siente en un banquillo por presuntos delitos de corrupción.
"De la misma suerte que podrá existir mayor o menor afinidad con el Ejecutivo de turno, pero habrá ciertas cuestiones como seguridad, viajes, acompañamientos, personal auxiliar asistente, facultativos, y gastos vinculados al presupuesto público, que resultarán inevitables; otros podrán ser más o menos ajustados o suntuarios, discutidos o comprendidos; pero no parece que deban derivarse a la vía del Derecho Penal" insiste José Manuel Baldomero.
Desde la apertura del procedimiento hace dos años, el fiscal del caso ha pedido su archivo. No ha visto en ningún momento delito, si bien las dudas sobre la confusa situación de la figura de la esposa del presidente y su ayudante ya aparecían en escritos previos. En los más recientes y en el del pasado octubre que se oponía al primer intento de Peinado de llevar el caso a un jurado, el fiscal decía que "la mera relación conyugal de Gómez" no puede funcionar como una presunción de actuaciones sospechosas. Pero le ponía matices: "Más allá de consideraciones éticas o estéticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones".
Las menciones del Ministerio Público sobre la situación de Begoña Gómez y su asesora habrán interesado en La Moncloa, donde esa investigación es uno de los asuntos que más zozobra provoca. Desde el primer momento, la máxima ha sido presentar el asunto como una operación contra el presidente del Gobierno para hacerlo caer. "Se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa", escribió Sánchez en su carta a la ciudadanía en abril de 2024, cuando se conoció que el juez investigaba a su mujer. "Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa».
En los últimos dos años, en distintas entrevistas se le ha preguntado directamente a Sánchez acerca de si no había nada cuestionable o reprochable en la actividad de su mujer. "Lo hizo todo bien", aseguró en La Sexta. "Aquí no hay caso, hay fango. Estamos hablando de un enorme bulo, que lo único que pretende es hacer daño a mi esposa y por extensión a mí". Pregunta en La Ser: "¿No hay nada en la actividad profesional de su mujer que sea reprochable, aunque no sea constitutivo de delito". Respuesta: "No hay nada, absolutamente nada".
Sin embargo, esas dudas sí han aparecido en algunos socios del PSOE. El PNV abrió esa caja en el Congreso, ya en julio de 2024, cuando su entonces portavoz, Aitor Esteban, apuntó que, desde su punto de vista, "seguramente no habrá caso penal, pero hay límites más allá de lo legal. Es puro sentido común. Hay cosas que no se deben hacer. Y hay que decirlo. Cuando suceden estas cosas, hay que llevarlas al punto de gravedad que tienen... Pero negar este tipo de cosas y no abordar el aspecto ético me parece un error por parte de todos".
También otros partidos como el Partido Popular, pero también ERC, se mostraron partidarios de regular la figura del cónyuge del presidente o presidenta del Gobierno porque así "acabaríamos con según qué cosas", expuso Gabriel Rufián, portavoz de los republicanos.
Desde el Ejecutivo han rechazado acometer esta regulación, argumentando la dificultad del asunto y, entre otras cosas, que Begoña Gómez no es un cargo ni empleado público y que los familiares de altos cargos ya están sujetos a control. Defienden que todas las parejas de los presidentes del Gobierno han contado con una persona que les ha asistido en cuestiones logísticas y operativas.
Sánchez y sus ministros han repetido todos estos meses una idea: "No hay nada". "Estamos absolutamente tranquilos, porque no hay caso. Más pronto que tarde, la verdad se abrirá paso y pondrá las cosas en su sitio", es el mensaje que repiten fuentes gubernamentales. "Es una persecución indudable, injustificada, inhumana y cruel contra el presidente del Gobierno y contra su familia", han llegado a asegurar los miembros del Ejecutivo.
Aunque el supuesto objetivo directo de esa persecución sea la esposa del presidente, ha alcanzado a su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, a la que Gómez escogió en 2018 como su colaboradora. Sobre ella, el fiscal considera que lo que haya podido dedicar a las tareas particulares de la esposa de Sánchez no bastan para entrar en el campo penal. "Las actuaciones adicionales que haya podido realizar en esta peculiar situación y relación no deben considerarse como delictivas, habida cuenta de la insignificancia de la actuación (a la vista de la naturaleza de las gestiones y tiempo presumiblemente empleado), y por la inexistencia de perjuicio para al erario público".
También pide el fiscal para reclamar el archivo tener en cuenta que todo aquello que le tocaba cumplir como empleada pública lo llevó a cabo. "Ha desempeñado las funciones inherentes al puesto para el que fue designada, con unas funciones que no gozan de una reglamentación expresa desarrollada, pero que han sido cumplidas sin reparos".