Los datos filtrados de Pedro Sánchez. EL ESPAÑOL
Tribunales La Fiscalía se niega a acusar por ciberterrorismo al joven 'hacker' que filtró datos de Sánchez y de varios de sus ministrosUn juez de la Audiencia Nacional sí atribuye un delito de terrorismo al pirata informático 'Akkaspace'.
Al igual que la fiscal, el abogado del otro investigado (conocido por el alias de 'Pakito') también descarta ese delito y pide que el caso sea enviado a Canarias.
Más información: El juez deja en libertad al joven que filtró datos personales de Sánchez y ministros: fue cazado por un agente encubierto
Javier Corbacho Publicada 13 abril 2026 02:31hLas claves nuevo Generado con IA
La Fiscalía se opone a calificar como "terrorismo" la filtración de datos personales de Pedro Sánchez y de varios de sus ministros por la que están siendo investigados dos jóvenes hackers.
De hecho, en un reciente escrito, la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo ha vuelto a solicitar que esta causa judicial salga de la Audiencia Nacional y sea enviada a los Juzgados de Canarias. En el archipiélago es donde, supuestamente, se produjeron los hechos.
Unos hechos que la Fiscalía considera que podrían constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos, pero no de amenazas terroristas.
Por ellos están investigados dos jóvenes, conocidos por sus alias Akkaspace y Pakito. De hecho, la defensa de este último, ejercida por el abogado Lázaro Chico, acaba de solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo mismo que la fiscal: que la causa sea enviada a Canarias.
El letrado, como el Ministerio Público, también niega que los hechos investigados —la filtración en Internet de DNIs o teléfonos de Sánchez y varios ministros— supongan un delito de terrorismo.
El juez investiga como terrorismo o delito contra las altas instituciones la filtración de datos de Sánchez y ministrosSin embargo, el juez instructor de este caso, el magistrado Francisco de Jorge, sí atribuye a ambos jóvenes un supuesto delito de "amenazas terroristas". Por ello, ahora será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia jerárquicamente superior a De Jorge, la que decida si la causa debe ser enviada a Canarias.
En su escrito, la Fiscalía señala que "la conducta desarrollada por los investigados en ningún caso puede ser calificada como constitutiva de un delito de terrorismo", por más que el hacker conocido como Akkaspace "haya puesto de manifiesto su animadversión al Partido Socialista".+
"No podemos, sin más, llegar a la conclusión de que la publicación de datos personales de políticos, periodistas y otros sujetos de la actualidad política —publicación que se hace con ánimo de lucro— fuera, ni más ni menos, que la de subvertir el orden constitucional", valora la Fiscalía.
A renglón seguido, la fiscal también descarta que los investigados —que ofrecieron en Internet, a cambio de 60 euros, acceso a la base de datos que habían reunido— pretendiesen "desestabilizar gravemente el funcionamiento de instituciones políticas" o "alterar la paz pública".
Asimismo, la Fiscalía insiste en que, de las diligencias practicadas, no se desprende que la información filtrada provenga de un ciberataque a una base de datos del Gobierno, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma.
"Nos encontraríamos ante un delito de descubrimiento y revelación de datos reservados, (...) que no sería competencia de este Juzgado Central de Instrucción [de la Audiencia Nacional]", señala la Fiscalía.
Por su parte, el abogado de hacker conocido como Pakito sostiene la misma tesis que el Ministerio Público. Por ello, ha presentado un recurso de apelación para tratar de que la Sala de lo Penal obligue al juez De Jorge a enviar esta causa a los Juzgados de Gran Canaria.
El letrado Lázaro Chico señala que la ley establece qué delitos concretos puede investigar la Audiencia Nacional, como sucede con el terrorismo, que el abogado descarta en este caso.
Condenada una empresa a indemnizar a una empleada por mandarle 'e-mails' durante su baja por ansiedad: "La cosificó"Por ello, Chico reprocha que el juez instructor mantenga en sus manos esta causa, cuando, pese a la "relevancia pública de las personas afectadas", no existen "indicios suficientes que permitan subsumir los hechos, siquiera provisionalmente, en alguno de los supuestos legalmente previstos".
Asimismo, el abogado niega que la intención de los investigados fuese la propia de un acto terrorista. En línea con la tesis de la Fiscalía, el letrado enfatiza "la ausencia de una finalidad dirigida a subvertir el orden constitucional o a desestabilizar gravemente las instituciones".
Finalmente, afea al juez De Jorge que se aferre a "la hipótesis más gravosa sin confrontarla con el resultado de las diligencias practicadas". "Evidencia una insuficiencia de motivación en un extremo nuclear para la determinación de la competencia", lamenta el letrado.
Esta causa judicial se inició tras la publicación, el 19 de junio de 2025, de un archivo en el canal de la red social Telegram y en el foro especializado Doxbin.
El enlace, titulado PoliticosSpain, exponía nombres, DNI, teléfonos y domicilios de ministros y autoridades gubernamentales.
Entre ellos, María Jesús Montero (la entonces titular de Hacienda), Fernando Grande- Marlaska (Interior), Óscar Puente (Transportes), Luis Planas (Agricultura), Diana Morant (Ciencia) y Elma Sáiz (Inclusión y Seguridad Social).
La investigación policial logró identificar tras el alias Akkaspace a un joven nacido en 2006 y residente en Agüimes (Las Palmas).
Al poco, la Justicia también comenzó a investigar a Pakito, otro joven, como el supuesto titular del monedero de criptomonedas al que irían a parar los pagos por acceder a estos datos.
El 20 de junio de 2025, la Policía alertó a la Audiencia Nacional de que en el foro Doxbin apareció una nueva publicación, idéntica a la anterior y denominada Políticos Spain Resubido.
Al día siguiente, el mismo usuario que la colgó publicó Políticos V2, que incluía datos personales (nombres completos, DNIs, algunos números de teléfono) de ministros y diputados, además de personajes de relevancia pública, como es el caso de Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes.
Estos dos últimos están siendo juzgados actualmente, por supuesta corrupción, en el Tribunal Supremo.