La operación ejecutada ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ascendido a Leire Díez al tablero de la corrupción en el PSOE desde su, hasta ahora, simple posición de fontanera en las cloacas del partido. Su arresto y la gravedad de los delitos que se le imputan en la causa secreta que tiene abierta en la Audiencia Nacional la sitúan en una dimensión más importante que la de la ex militante socialista que, presuntamente, intentó sobornar a dos fiscales para suavizar las investigaciones en marcha contra el círculo más íntimo de Pedro Sánchez. Ahora enfrenta cinco delitos graves que evidencian que Díez, según los investigadores, pudo moverse en los márgenes de la legalidad desde que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno.
La causa está abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude, falsedad documental, malversación y prevaricación. Junto a ella, la UCO ha detenido a Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la persona investigada por presuntamente facilitar el cobro de las mordidas de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Ambos están siendo investigados por alterar contrataciones públicas. Los dos coincidieron en organismos públicos inmediatamente después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.
El presidente del Gobierno escogió a Vicente Fernández para presidir la SEPI en el mes de junio de 2018, nada más llegar al cargo. Fernández se vio obligado a dimitir tras ser imputado por la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar, un proceso del que ha sido absuelto recientemente. En paralelo, Sánchez puso a Díez como jefa de comunicación de la Empresa Nacional del Uranio SA (ENUSA) -sociedad pública que depende la SEPI- de manera que ambos coincidieron en los destinos que reservó para ellos el presidente del Ejecutivo entre 2018 y 2019. La denominada fontanera de Ferraz permaneció en ENUSA entre 2018 y 2021. Al término de su etapa en la empresa dependiente de la SEPI, la ex militante socialista fue consejera de la sociedad Cistec Technology de 2021 a 2023.
Su nombramiento generó controversia por su falta de experiencia previa en el sector y el posterior interés de la SEPI en la compañía. La investigación está centrada en la conexión de Díez y Fernández a la hora de torcer contratos públicos desde sus puestos.
La 'fontanera' del PSOE, Leire Díez.EFELa orden de detención de Díez procede del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional que ha incoado una pieza secreta para instruir estos hechos. La Audiencia Nacional judicializó la causa después de haber recibido una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, según informan fuentes jurídicas. Las pesquisas recayeron en el juzgado que se encontraba de guardia, en este caso el capitaneado por el magistrado Antonio Piña, encargado de tutelar las entradas y registros que están practicando agentes de la UCO. La operación permanece bajo secreto sumarial. Fuentes de la investigación indican que se trata de unas pesquisas centradas en el presunto amaño de contratos, siendo el delito principal investigado el de tráfico de influencias.
Por el momento, la UCO no ha practicado registros en la sede de la SEPI, tal como atestiguan las mismas fuentes consultadas. Además de en esta causa que ha acabado con su arresto, la ex militante socialista está investigada en otra pieza por cohecho y tráfico de influencias por intentar sobornar a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. La fontanera de Ferraz está investigada en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por presuntas maniobras con las que, según sospecha la UCO, pretendía malbaratar investigaciones judiciales.
En el curso de esta última investigación, el magistrado Arturo Zamarriego rechazó el pasado martes la petición de la ex militante del PSOE de anular las grabaciones que le habían llevado a imputarla, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que ni siquiera han sido sometidas a un examen pericial. Zamarriego considera que «no cabe, por tanto, por el momento la declaración de nulidad pretendida». La ex militante socialista, que no reconoce esos audios, solicitó que se decretara «la nulidad de la totalidad de las grabaciones y de cuanto de ellas se derive, expulsándose las mismas de las actuaciones» y que no se reprodujeran el día de su declaración, el pasado 17 de noviembre, cosa que el juez también rechazó. Se refería a las grabaciones del fiscal Stampa sobre una reunión que tuvo con él en la que se oye a Díez presentarse como «la persona del PSOE» y la «mano derecha» del ex dirigente socialista Santos Cerdán.