Tres efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria, junto a un formador de la Ertaintza, durante una formación impartida por los vascos a los canarios en la academia de Arkaute en 2025. E. E.
Reportajes LA OTRA ERTZAINTZA La 'Guanchancha', la policía autonómica canaria señalada por oposiciones irregulares que sólo opera en dos de ocho islasEl Cuerpo, impulsado por el gobierno canario, crece entre saltos hacia funciones cercanas a la investigación penal, choques con la justicia y procesos internos bajo sospecha que amenazan con frenar su consolidación definitiva.
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Julio César Ruiz Aguilar Publicada 14 abril 2026 02:50hLa Policía Canaria —un cuerpo autonómico armado, dependiente del Gobierno regional y con competencias propias en seguridad, inspección administrativa y apoyo a la justicia— sigue siendo, dieciséis años después de su creación, una institución poco conocida fuera del archipiélago y todavía en construcción dentro de él.
Concebida en 2008 para complementar a Policía Nacional y Guardia Civil y reforzar la capacidad de la comunidad autónoma en materias como medio ambiente, turismo o emergencias, la llamada "Guanchancha" ha ido ampliando su radio de acción hasta rozar funciones de seguridad ciudadana y policía judicial; pero sin alcanzar aún ni el despliegue territorial ni el encaje competencial de otras policías autonómicas.
Hoy, mientras el Gobierno canario intenta extenderla a todas las islas, el proyecto vuelve a atascarse. El motivo: denuncias por presuntas irregularidades en las oposiciones y problemas logísticos amenazan con retrasar una expansión que debía consolidarla definitivamente.
Efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria, junto a otros de la Ertaintza, durante una formación impartida en la academia de Arkaute por los vascos a los canarios en 2025. E. E.
Para entender el momento actual hay que volver al origen. Una ley del 2008 del Parlamento de Canarias creó formalmente el "Cuerpo General de la Policía Canaria" con un objetivo explícito. "Complementar los medios del Estado", decían, no sustituirlos.
La norma fijó su misión en proteger personas y bienes, garantizar derechos y velar por la seguridad ciudadana dentro del ámbito autonómico, pero sobre todo en ejercer las competencias propias de la comunidad, como inspecciones actividades turísticas, controlar el transporte interurbano, vigilar el patrimonio cultural o proteger el medio ambiente.
Es, en su diseño, una polícia administrativa con capacidad coercitiva, inserta en un sistema donde la seguridad pública sigue pivotando sobre Guardia Civil y Policía Nacional. Sin embargo, ese diseño se materializó con lentitud. El primer centenar de agentes comenzó a operar en 2010 —bajo el gobierno de Paulino Rivero, de Coalición Canaria— con un despliegue limitado y centrado en las islas capitalinas.
Durante años, su presencia fue intermitente. Los agentes servían como refuerzo en grades eventos —como los carnavales—, apoyo en emergencias, dispositivos puntuales. La imagen que proyectaba —policías visibles pero no estructurales— reflejaba su propia escala. Lejos quedaba la previsión inicial de alcanzar hasta 1.700 efectivos.
Yino, el "demonio" que captaba a niñas tuteladas en Gran Canaria para orgías de la 'jet set': "Quería que tuvieran sexo con caballos"Aumento de competencias
El cambio empieza a percibirse una década después. A partir de 2019, y con mayor intensidad tras la pandemia, el cuerpo gana peso en el terreno. Interviene en incendios forestales, participa en dispositivos vinculados a la inmigración irregular y comienza a asumir tareas que trascienden la pura inspección administrativa.
"Una decisión política", espeta un alto mando de la Policía Nacional en Canarias a EL ESPAÑOL. Diferentes fuentes extraoficiales de la fuerza de seguridad estatal rechazan el aumento de competencias por parte de la "Guanchancha", a quienes acusan de falta de experiencia en materia judicial de asuntos como la inmigración.
En cualquier caso, el cuerpo autonómico ha dejado de ser sólo una policía de papeles. Los datos lo sostienen: en 2023 registró 788 actuaciones con origen en juzgados y fiscalías, con 152 detenidos por delitos que van desde robos y amenazas hasta violencia de género o contra la libertad sexual.
En las diligencias
Durante los últimos años, la Policía Canaria ha pasado de ser una fuerza auxiliar a convertirse en pieza clave de la Policía Judicial en el archipiélago, al frente de causas tan sensibles como la que destapó el "régimen de terror" y los presuntos malos tratos a menores migrantes en el centro La Fortaleza I, saldada con nueve empleados detenidos y el cierre cautelar del recurso por delitos de lesiones, odio y contra la integridad moral.
A esa macrooperación se suma el Operativo Vauxhall, una compleja investigación económico‑patrimonial sobre un desguace de Gran Canaria que falsificaba firmas y contratos para revender vehículos destinados a chatarra, con 38 víctimas identificadas y ocho personas imputadas por estafa, falsedad documental, administración desleal y pertenencia a grupo criminal.
Además, sus unidades especializadas han impulsado diligencias por una agresión sexual en grupo a una menor de 13 años en una playa del sur de Tenerife, por la sustracción de un niño retenido por su propia familia pese a una resolución de tutela y por reiterados casos de maltrato y abandono animal que han permitido intervenir decenas de perros, équidos y ganado en condiciones higiénico‑sanitarias extremas en distintos municipios de las islas.
A ello se añaden operaciones contra el tráfico de drogas en enclaves turísticos como Costa del Silencio, con incautaciones de hachís, marihuana, armas y dinero en efectivo, y el despliegue de la nueva Unidad de Violencia e Infancia, adscrita al juzgado pionero de Las Palmas, que centraliza las primeras pesquisas en los episodios más graves de violencia contra niños y adolescentes en Canarias.
Ese salto ha provocado un choque institucional que sigue abierto. El gobierno canario defiende que "el Estatuto de Autonomía reformado en 2018 le permite desarrollar plenamente su policía autonómica", incluida su participación en funciones de policía judicial.
Pero los órganos judiciales han marcado límites. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias requirió en 2024 que el cuerpo se abstuviera de elaborar atestados en materias que no le corresponden, tras detectar actuaciones fuera de su ámbito.
El Consejo General del Poder Judicial respaldó ese criterio y habló de una "disfunción" que debía corregirse. En la práctica, el mensaje es claro: la Policía Canaria puede colaborar, pero no sustituir a los cuerpos estatales en la investigación de delitos.
Dos agentes del cuerpo general de la Policía Canaria, de espaldas en una imagen de archivo que corresponde a un registro judicial en Gran Canaria. EFE.
Despliegue frenado
A pesar de ese freno, el crecimiento continúa. El Ejecutivo autonómico ha impulsado la mayor oferta pública de empleo de su historia y se ha fijado como meta superar los 400 agentes a corto plazo y a acercarse a las 726 plazas previstas en catálogo.
Con ese aumento de plantilla, el objetivo político es dar el salto definitivo y dar presencia permanente en todas las islas, incluidas las no capitalinas, antes del final de la legislatura en 2027. Es el momento en que la "Guanchancha" dejaría de ser un refuerzo ocasional para convertirse en una policía de proximidad con implantación real en todo el territorio.
Pero ese plan vuelve a tambalearse. Los 141 agentes llamados a protagonizar ese despliegue aún no han terminado su formación y, sobre todo, su proceso selectivo está bajo sospecha.
Cientos de aspirantes han denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades, hablando de manipulación de las bases y de un sistema diseñado "para beneficiar a terceros".
El Gobierno ha confirmado que se personará si se abre causa judicial. Mientras tanto, la incertidumbre amenaza con paralizar la incorporación de efectivos y retrasar la apertura de comisarías en islas como Lanzarote, La Gomera o Fuerteventura.
Agentes de la Policía Canaria, en una imagen difundida por el Gobierno de Canarias. E. E.
Un asentamiento frágil
A esa incertidumbre se suma la realidad material del proyecto. Las futuras sedes dependen de acuerdos con ayuntamientos y cabildos, que deben ceder y adaptar instalaciones. Sin infraestructuras adecuadas ni plantilla suficiente, el despliegue permanente se convierte en una promesa difícil de ejecutar.
"No se puede crecer sin base", señalan fuentes del cuerpo, que advierten de que nuevas competencias —como el traslado interinsular de menores con medidas judiciales— están obligando a detraer agentes de otras funciones.
En ese contexto, la Policía Canaria se mueve en un terreno intermedio. Es ya más que una policía administrativa, pero aún no es una policía integral. Tiene más presencia que hace una década, pero menos de la que proyecta el discurso político.
Una guineana de 32 años y 1,47 se hizo pasar por 'mena' en Lanzarote y engañó a 13 niñas para prostituirlas en FranciaAspira a parecerse a las grandes policías autonómicas, pero opera bajo límites competenciales que siguen generando fricción. Y trata de desplegarse por todo el archipiélago mientras su propio crecimiento se ve cuestionado por conflictos internos y procesos judiciales abiertos.
Así, la "Guanchancha" —ese cuerpo nacido para complementar y que hoy intenta ocupar un espacio propio— sigue definiéndose sobre la marcha. Entre lo que la ley permite, lo que la política impulsa y lo que la realidad sostiene, su identidad no está cerrada.
Tampoco su mapa. Porque, a día de hoy, la Policía Canaria sigue siendo exactamente eso que su entradilla prometía explicar: una policía que existe, actúa y crece, pero que todavía no ha terminado de asentarse en el lugar que reclama.