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Política tribunal de cuentas La Guardia Civil, maniatada ante el narco: el 40% de sus lanchas averiadas, helicópteros con 40 años y fusiles obsoletosEl Tribunal de Cuentas explica que hay “un porcentaje significativo” de vehículos que tienen “antigüedad y kilometraje excesivos” y que muchos de ellos superan los 15 años de vejez.
Más información: Los dos guardias civiles asesinados en Barbate iban en zódiac porque las tres patrulleras de Cádiz están averiadas
Ángela PovesM.A. Ruiz Coll Publicada 29 diciembre 2025 03:37hLas claves nuevo Generado con IA
El 40% de las embarcaciones de vigilancia de la Guardia Civil están fuera de servicio por averías, y el 83% supera su vida útil.
La flota aérea cuenta con helicópteros cuya antigüedad media es de 16 años, algunos con más de 40 años en servicio, y se prevén próximas bajas por obsolescencia.
El 49% de los fusiles de asalto tiene más de 35 años y la antigüedad de los vehículos compromete la seguridad y eleva los costes de mantenimiento.
El informe del Tribunal de Cuentas alerta de una insuficiencia estructural de inversión en el Ministerio del Interior, lo que impide la renovación sistemática de los medios policiales.
El Tribunal de Cuentas ha puesto cifras, en su último informe, a las dificultades que afronta la Guardia Civil para luchar contra la delincuencia y el narcotráfico en zonas calientes como el Estrecho, debido a la falta de inversiones del Ministerio de Interior.
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil cuenta actualmente con 51 patrulleras, 22 buques y otras 68 embarcaciones menores. Sin embargo, el 83% de estas embarcaciones ha superado ampliamente su período de vida útil.
Esto se traduce, indica el Tribunal de Cuentas, en modelos con diseños desfasados (con la consiguiente dificultad para conseguir repuestos), constantes "problemas mecánicos de las naves y un incremento de los costes de mantenimiento" (15,6 millones de euros anuales).
La Fiscalía, tras Barbate: "La Guardia Civil siempre pierde en el mar porque no tiene medios"Con un dato especialmente preocupante: al cierre de 2024 más del 40% de embarcaciones de vigilancia se encontraban fuera de servicio por averías o labores de mantenimiento.
Esta falta de medios en ocasiones tiene un coste en vidas humanas muy elevado. Dos guardias civiles fueron asesinados en febrero de 2024 en la bahía de Barbate (Cádiz), al ser arrollados por una narcolancha.
Los agentes habían recibido la orden de acudir en una zódiac neumática, para intentar abordar la embarcación de los narcos, porque las tres patrulleras de la Guardia Civil que tienen su base en Cádiz se encontraban averiadas.
Algo similar ocurre con las aeronaves de la Guardia Civil, también esenciales en labores de vigilancia y rescate. Su flota ha quedado reducida este año a 36 helicópteros (tras dar de baja siete) y tres aviones.
Pero la antigüedad media de estas aeronaves es de 16 años. Algunas de ellas superan los 40 años de servicio, a pesar de que su vida útil estaba calculada en 25 años.
De hecho, el Ministerio de Interior tiene previsto dar de baja en los próximos meses otras 10 unidades, ya que se trata de modelos fabricados antes de 1995.
La tragedia de Barbate: "Quien lo pudo evitar no lo hizo""La elevada antigüedad de las unidades", explica el Tribunal de Cuentas en su informe publicado el viernes, "no resulta adecuada debido a los mayores costes de mantenimiento y limitaciones en su capacidad operativa". Sin olvidar que puede poner en peligro la vida de los agentes.
La Dirección General de la Guardia Civil aprobó en 2005 un plan para comprar 31 nuevos helicópteros. Sin embargo, de las unidades previstas al final sólo se adquirieron 13, y gracias a los fondos europeos.
El Instituto Armado ha logrado paliar, sólo en parte, esta falta de medios con la compra de 468 drones, especialmente útiles en tareas como la observación y vigilancia, fotografía aérea, control de grandes eventos, lucha contra los incendios y búsqueda de desaparecidos.
También ha descendido la inversión del Ministerio de Interior en la compra de vehículos para la Guardia Civil. De su flota actual, el 8% son alquilados mediante fórmulas de renting y otro 10% proceden de incautaciones (por ejemplo, a redes de narcotráfico o blanqueo).
La Guardia Civil los usa gracias a la autorización judicial.
También en este caso, el 21% de los turismos y el 26% de los todoterrenos de la Guardia Civil tiene más de 15 años de antigüedad o más de 300.000 kilómetros. Lo que, de nuevo, eleva su coste en mantenimiento y reparaciones, y la peligrosidad de su uso.
Gracias a los fondos europeos Next Generation, el Ministerio de Interior compró 1.599 vehículos híbridos y eléctricos para la Guardia Civil (hoy suponen el 6% de su flota).
Pero, advierte el Tribunal de Cuentas, no es una medida demasiado operativa en este cuerpo. Especialmente en el caso de las unidades que desarrollan su labor en el medio rural: no tienen puntos de recarga para enchufar los coches y se ven limitados por su falta de autonomía.
En cuanto al armamento de la Guardia Civil, el 49% de los fusiles de asalto empleados tienen más de 35 años de antigüedad, debido a la falta de inversiones del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
El Ministerio del Interior destina hoy menos recursos a la renovación de los equipos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que hace 17 años.
Así lo constata el informe del Tribunal de Cuentas, que alerta de una insuficiencia estructural de inversión que compromete la modernización de ambos cuerpos policiales.
El informe analiza la evolución de los créditos de inversión del programa presupuestario de Seguridad Ciudadana, del que dependen los principales gastos en vehículos, armamento, equipamiento técnico, infraestructuras y sistemas tecnológicos de Policía y Guardia Civil.
La comparación histórica es clara: en 2008, Interior tenía presupuestados 459 millones de euros para estos fines, frente a los 263 millones consignados en 2024, el último ejercicio fiscalizado.
El coronel Merino, nuevo jefe de la UCO, fue 'tutor' de Felipe VI y coincidió 4 años con Sánchez en Seguridad Nacional de Moncloa“Se ha identificado una insuficiencia estructural de recursos para la financiación de inversiones del Ministerio del Interior [...], de manera que no existe financiación para dar curso a las necesidades recogidas en las propuestas de las distintas unidades”, asegura el Tribunal.
Esta reducción sostenida de la inversión tiene un impacto directo en la capacidad del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para renovar los medios materiales de los cuerpos policiales.
Según el Tribunal, el presupuesto ordinario no permite abordar de forma sistemática la sustitución de equipos antiguos, lo que obliga a priorizar el mantenimiento de medios envejecidos.
En la práctica, esto se traduce en flotas de vehículos con una elevada antigüedad media y mayores costes de reparación y consumo.
En el caso de los vehículos, el organismo fiscalizador explica que existe “un porcentaje significativo” que tienen “antigüedad y kilometraje excesivos”, una situación que “dista de ser óptima para el servicio”.
Así, destaca que, por ejemplo, “el 35 % de los vehículos de los que dispone la Policía Nacional tiene más de 100.000 kilómetros recorridos. El 50% de las unidades tiene más de 5 años de antigüedad y un 25% más de 15 años”.
A ello se suma, que la renovación de los equipos se hace de forma puntual mediante fondos europeos o programas excepcionales, y no a través una inversión ordinaria estable. Esto indica que, por tanto, hay una dependencia de los fondos de la UE, que ya no son complementarios, sino estructurales.
El informe subraya que estos fondos, aunque han permitido actuaciones concretas, son una solución temporal y no estructural.
El Tribunal también destaca la dependencia de los contratos de arrendamiento o renting de vehículos, un modelo que considera “no viable” a largo plazo.
Por ello, insta al ministro del Interior a elaborar un plan de renovación de flota a medio y largo plazo que equilibre el número de vehículos en propiedad y en arrendamiento.
Otras carencias
Las carencias no se limitan al parque móvil. En materia de armamento y material técnico, el informe tampoco detecta una política integral de modernización, sino reposiciones selectivas y actuaciones aisladas para mantener la operatividad.
En este ámbito, resulta significativo que en 2008 se adquirieran más de 12.000 unidades de armamento, mientras que en el último ejercicio no se superaron las 6.350.
Las conclusiones del Tribunal coinciden con las carencias que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil llevan reclamando desde hace meses.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha asegurado en una conversación con El ESPAÑOL, que la antigüedad de los vehículos "compromete directamente la seguridad de los agentes y de los ciudadanos".
"No solo es ineficiente desde el punto de vista del gasto público, es profundamente irresponsable. Mantener ‘vehículos zombis’ implica un sobrecoste continuo en reparaciones y un riesgo permanente", ha explicado.
El secretario de Comunicación de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Antonio Fernández Capilla, también ha detallado en una conversación con este periódico que hay otras deficiencias a destacar.
"Habría que tener en cuenta también la falta de chalecos de protección individual para todos los agentes, escasez de munición, carencias en uniformidad, ausencia de pistolas eléctricas incapacitantes en todas las patrullas, y la falta de medios marítimos y aéreos para combatir al narcotráfico, además de un déficit de unos 20.000 efectivos".
Las asociaciones reclaman un plan plurianual de inversiones que permita renovar en torno a 2.000 vehículos al año para mantener una flota de más de 10.000 unidades con una antigüedad inferior a cinco años.
“Patrullar con coches de más de 300.000 kilómetros no es austeridad, es abandono institucional”, concluyen, especialmente grave en la España rural y en un contexto de creciente criminalidad organizada.