- JOSÉ LUIS RUIZ BARTOLOMÉ
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Es un hecho incontestable que cuando Sánchez llegó a La Moncloa el mercado inmobiliario español funcionaba muchísimo mejor que ahora.
Habíamos salido de la crisis, se empezaba a producir vivienda al ritmo necesario para cubrir la creación de hogares, y la banca había vuelto a financiar tímidamente. Es curioso comprobar cómo en 2019, antes de formar Gobierno, Sánchezseñalaba en las entrevistas que las exigencias en vivienda de sus socios de Podemos "eran irrealizables porque era un intervencionismo del mercado que ponía a los propietarios en una situación muy complicada". Sin embargo, su primera legislatura acabó con la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Este era el gran logro que esgrimía la extrema izquierda, su bandera electoral para la cita de 2023. ¿Y cómo lo había conseguido? Fue la batalla interna más importante de la izquierda en toda la legislatura. El PSOE estaba al principio totalmente en contra, pero al final tuvo que aceptar una imposición en la que en el otro lado no solamente estaba Podemos, sino el resto de partidos de ultraizquierda que sostenían al Gobierno.
Hubo, lógicamente, una negociación que afectó al apoyo a los Presupuestos (los últimos hasta la fecha), a la aprobación de otras leyes y, también, un propio giro del PSOE, pues ya en 2023 los problemas de acceso a la vivienda eran acuciantes para los jóvenes. En ese momento, Sánchez asumió como propia esta bandera de sus socios y la incorporó a su promesa. Fue cuando comunicativamente innovaron aquello de "el quinto pilar del Estado del Bienestar".
Con estos precedentes, iniciaron la actual legislatura anunciando a bombo y platillo la creación de un "Ministerio de Vivienda", al frente del cual colocaron a Isabel Rodríguez, sin ninguna experiencia ni en el ramo, ni en cualquier otra actividad en el sector privado. Lo primero que hizo fue, en desarrollo de la ley de vivienda comunista, publicar el índice estatal de precios de referencia del alquiler y las zonas tensionadas. Esta medida, que era la estrella de ley, iba a tener un recorrido muy corto, pues sólo se iba a aplicar en las comunidades gobernadas por el PSOE (aun así, en 2026 se puso en marcha también en Galicia). Sus efectos se hicieron notar rápidamente en Cataluña, con un desplome de la oferta de vivienda en alquiler y un número de demandantes por vivienda de más de trescientos, el triple que antes de su aplicación.
A pesar de ello, tendió una mano a la oposición cuando en mayo de 2024 presentó en el Congreso una reforma de la Ley del Suelo que iba por muy buen camino: dotar de seguridad jurídica la transformación urbanística. Una reforma que sin duda habría recabado el apoyo de los principales partidos de la cámara, pero, ¡ay!, se cruzó por medio la campaña de las europeas y todo se fue al traste cuando el PP anunció que ni siquiera apoyaría la admisión a trámite. ¿Qué habría pasado si esta ley se hubiera encauzado? ¿Habría cambiado la historia de la legislatura? Lo cierto es que esta ley se intentó sacar adelante en una segunda ocasión mucho más adelante, a través del PNV, y de nuevo el PP unió sus votos a los de los socios de Sánchez para impedir su toma en consideración.
El resto de la legislatura se ha caracterizado por un camino sin rumbo fruto de un diagnóstico totalmente equivocado. El elefante en la habitación, aquello de lo que nadie hablaba, que era la llegada masiva e incontrolada de inmigrantes -necesitados de un lugar en el que vivir-, y la dificultad para desarrollar suelo urbano con el sinfín de trámites y penalidades necesarios para entregar una vivienda eran soslayados por el Gobierno. Tampoco hicieron nada por modificar el Código Penal ni las leyes de enjuiciamiento para proteger a los arrendadores frente a okupas e inquiokupas. Antes bien, siguieron fomentando estas prácticas, como la prórroga del Real decreto-ley 11/2020, expulsando miles de viviendas del mercado.
Así pues, lo más novedoso en 2025 fue castigar a los propietarios que sencillamente intentaban proteger sus inversiones en otras modalidades de alquiler: el Gobierno se dedicó a idear disposiciones que entorpecieran el alquiler turístico y el de temporada. En definitiva, gestionar la escasez en lugar de combatirla.
Pero quizá el mayor fiasco a oídos de la gente ha sido el de las promesas incumplidas de viviendas públicas. Al principio de la legislatura prometió 184.000 viviendas. ¿De dónde sacó esa cifra? Quién lo sabe. Lo cierto es que no les pareció suficiente, pues a lo largo de estos tres años y medio han prometido otras 75.000 en diferentes partidas que tampoco se han hecho realidad. Lo cierto es que, de todo el paquete prometido, oficialmente sólo se han entregado diez mil y pico, de las que más de nueve mil son lo que llaman "regularizaciones" de alquileres sociales en pisos ya existentes de la Sareb. En estos casos, regularización es un eufemismo que se utiliza para evitar decir "legalizar a okupas".
Haciendo una valoración global de la legislatura uno tiene la impresión de que el Gobierno pensó que este asunto no exigía una verdadera gestión activa, sino que era suficiente una campaña de comunicación permanente, que iba desde la creación del ministerio hasta los anuncios de miles de viviendas, pasando por medidas para criminalizar al rentista Mr. Scrooge y al fondo buitre. Pensaron que el propio mercado se regularía solo, pero eso es sencillamente imposible si desde 2021 introduces en el mercado entre 150.000 y 200.000 nuevos hogares más que las viviendas que el sector constructor puede producir. Por eso, cuando acabe 2027 se estima habrá un déficit de un millón de viviendas.
La herencia de Sánchez está terriblemente envenenada, con los precios por las nubes tanto en compra como en alquiler (más de un 50% nominal en ambos casos), la inmigración desbocada, y una regulación claramente hostil.
La parte positiva es que con unos cuantos cambios legislativos, el control de las fronteras, y el propio optimismo que generaría el fin de las políticas comunistas en la vivienda sería suficiente para volver a gozar del mercado envidiable que nunca debimos perder.
José Luis Ruiz Bartolomé | Conurbia Invest
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