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La convocatoria electoral deja en suspenso algunas de las medidas y reformas clave para el Gobierno, que cierra la primera legislatura de la historia sin haber presentado un proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
La convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre condena al ostracismo buena parte de la hoja de ruta del Gobierno en materia económica, fiscal y laboral.
Según confirman a EXPANSIÓN fuentes del Congreso de los Diputados, todas las iniciativas que hasta hoy se encontraban en las fases de toma en consideración, debate de totalidad o enmiendas podrían recuperarse cuando arranque la próxima legislatura, el 23 de diciembre, si bien tendrían "que volver a empezar todo el proceso". Este es el caso, por ejemplo, de la quita de deuda a las comunidades autónomas, cuya negociación parlamentaria, como avanzó este diario, había encallado en los últimos meses por las exigencias del independentismo, que pedía más fondos condonados para Cataluña.
En paralelo a todas las cuestiones que se paralizan en la Cámara Baja, al menos, hasta la próxima constitución de las Cortes Generales, el adelanto electoral elimina de un plumazo una de las grandes promesas del Gobierno, la presentación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Así, esta será la primera legislatura de la historia en la que el Ejecutivo no haya cumplido con su mandato constitucional ni un solo ejercicio, después de haber mantenido las mismas Cuentas Públicas desde 2023.
El Gobierno también se deja en el tintero otras medidas que estaban a punto de aprobarse para ser llevadas a la Cámara Baja. Por ejemplo, la reforma de la financiación autonómica; o el paquete laboral con una nueva subida del SMI o el registro de jornada como dos de sus puntales.
Primera legislatura sin Presupuestos Generales
Después de gobernar durante tres años con los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el adelanto electoral forzará a arrancar el próximo ejercicio con las mismas Cuentas Públicas.
Ello, a pesar de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; como el vicepresidente, Carlos Cuerpo, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, han prometido en múltiples ocasiones que presentarían un proyecto antes de fin de año y que el Ministerio ya había celebrado varias reuniones en las últimas semanas con los líderes sindicales para avanzar en su elaboración.
Desde 2024, fecha de vencimiento de los últimos Presupuestos, el Gobierno ha tenido que redirigir más de 330.000 millones de euros entre ampliaciones de crédito y transferencias entre ministerios.
Ello, en un contexto marcado por el aumento del gasto en Defensa exigido en el seno de la OTAN o las crisis desatadas por la guerra de Ucrania, la dana de Valencia, el volcán de la Palma o, más recientemente, el conflicto en Oriente Próximo que ha disparado los precios y obligado al Ejecutivo a aprobar varios paquetes de ayudas y bonificaciones fiscales que se han podido financiar gracias al aumento de la recaudación fiscal y a la llegada de los fondos europeos, cuyo último pago el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa solicitó el pasado 30 de septiembre.
La reforma de la financiación autonómica no llegará al Congreso
Otro de los grandes frentes en clave económica que quedan en el tintero de la XV legislatura es la reforma de la financiación autonómica que Hacienda aprobó el pasado 4 de septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña y Canarias, en contra. En este caso, el nuevo modelo no llegará siquiera al Congreso de los Diputados, después de que el Gobierno haya retrasado su aprobación en el Consejo de Ministros desde entonces.
El alumbramiento del nuevo sistema estuvo envuelto en polémica desde el primer momento, después de que el Ministerio de Hacienda, entonces liderado por María Jesús Montero, pactase con ERC una reforma donde Cataluña sería una de las regiones más beneficiadas, en detrimento de otras. Por ello, incluso dos de las tres comunidades gobernadas por el PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha, votaron en contra y criticaron con dureza el texto, que resta importancia a cuestiones fundamentales para la financiación regional como el envejecimiento de la población o la dispersión territorial.
La reforma ampliaba en 21.000 millones de euros anuales la financiación de las comunidades autónomas. Una inyección que, según denunciaba en una entrevista a EXPANSIÓN el consejero de Hacienda y Administración Pública de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, "no se explica de dónde sale y debe encajarse en las finanzas estatales aumentando los ingresos o disminuyendo los gastos".
Tras el final de la legislatura, también decae el resto de medidas que el departamento que lidera Arcadi España preparaba, en paralelo a la reforma de la financiación, para buscar el respaldo del Congreso y de más administraciones regionales. Entre ellas, el llamado 'fondo de dinamismo' con el que Hacienda buscaba compensar a las comunidades que quedaran por debajo de la media; o la reforma del fondo de compensación interterritorial y los incentivos regionales.
La quita de deuda se queda en el tintero
El último gran tema económico que cae en saco roto tras la convocatoria de elecciones anticipadas es la condonación de la deuda a las comunidades autónomas de régimen común. Este asunto se encontraba en plena tramitación parlamentaria, si bien esta llevaba un retraso considerable -con varias prórrogas al plazo de enmiendas- ante las exigencias de Junts, que pedía al Gobierno más quita para Cataluña ante el aumento de la deuda de la región en el último ejercicio y los planes de austeridad que aprobaron entre 2010 y 2013.
El Ejecutivo llevó al Congreso una condonación por total de 83.252 millones de euros, con Andalucía como la comunidad más beneficiada, con una quita de 18.791 millones. Cataluña se situaba justo por detrás, con 17.104 millones, lo que supondría haber "perdonado" a la región 2.284 euros por habitante, igualándola con regiones infrafinanciadas como Castilla-La Mancha o la Región de Murcia.
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