La implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se acordará de forma inminente para que entre en vigor, previsiblemente, en febrero o marzo.
La implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado se concretará de forma inminente, asegura UGT, uno de los sindicatos de Función Pública que forman parte de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI junto con CCOO y CSIF.
Esta cuestión, que quedó pendiente tras la firma del acuerdo cuya medida estrella era la subida de sueldo del 11,4% de los funcionarios durante los próximos tres años, se cerrará estos días en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
Aunque la Administración no ha facilitado una fecha exacta para su entrada en vigor, "se ha comprometido a que sea entre los meses de febrero y marzo", adelantaba UGT Servicios Públicos en un comunicado antes de las fiestas navideñas.
Para ello será necesario modificar la instrucción de jornada y horarios de la AGE, con el fin de adaptarla a lo establecido en el Acuerdo Marco y manteniendo el mismo ámbito de aplicación subjetivo que la instrucción actualmente vigente".
Otra de las cuestiones pendientes que se tratarán será la regulación del teletrabajo que se apoyará en la base del acuerdo suscrito en abril de 2021 con el entonces ministro Miguel Iceta, aunque se prevé que su aplicación, pendiente desde hace años, lleve más tiempo que la jornada de 35 horas.
El Acuerdo Marco anterior al ahora vigente y que venció en diciembre de 2024 ya contemplaba con carácter general la implantación o recuperación de la jornada de 35 horas semanales, aunque cada Administración Pública, en el ejercicio de sus competencias de autoorganización, debe negociar su aplicación. Numerosas Administraciones autonómicas y locales ya recuperaron las 35 horas semanales mientras que su puesta en marcha en la Aministración Central se ha retrasado durante años.
En lo referente al teletrabajo, UGT Servicios Públicos ha subrayado la necesidad de contar con un "soporte normativo sólido que garantice el desarrollo homogéneo de esta modalidad de prestación de servicios en toda la AGE".
En la primera reunión de seguimiento del acuerdo celebrada en diciembre en la que se constituyó la comisión se acordó constituir cada uno de los cuatro grupos de trabajo previstos en el texto: empleo, digitalización, salud laboral e igualdad el próximo 29 de enero.
De cara a la próxima reunión, UGT Servicios Públicos ha señalado como una de sus prioridades la actualización e igualación de las indemnizaciones por razón del servicio. Otras cuestiones que se abordarán en sucesivas reuniones serán, entre otras, la puesta en marcha efectiva de la jubilación parcial y la clasificación profesional, la actualización de retribuciones del personal de Servicio Exterior, la revisión de clases pasivas, la brecha de género salarial y el mutualismo.
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