Como ya informó este periódico, la causa ya arrancó marcada por la puesta en libertad del detenido al no haber comparecido la víctima al día siguiente de los hechos para ratificar la denuncia policial, y ahora queda archivada a la espera de que la Policía localice a la joven que sufrió la agresión sexual.
La decisión judicial se produce tras agotar las vías inmediatas de citación. La jueza libró un oficio a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional para que sus agentes notificaran a la víctima la necesidad de personarse en el órgano judicial y ratificar las declaraciones que realizó en su denuncia policial. Sin embargo, los investigadores constataron que la estudiante ya no se encontraba en Valencia.
Sobrepasada por el suceso y sumida en un estado de choque emocional con secuelas psicológicas evidentes, la joven decidió interrumpir sus estudios universitarios en España de forma abrupta y regresar junto a su familia en su país de origen.
El impacto de la agresión sexual sufrida en la playa devoró cualquier expectativa académica y forzó su regreso anticipado. Pese a la distancia y al dolor, fuentes del caso señalan que la joven mantiene la intención de ratificar la denuncia policial y prestar testimonio en la causa. Su voluntad es acogerse a los mecanismos telemáticos habilitados por la Justicia para declarar desde su país natal.
La víctima, cuya identidad y nacionalidad omitimos para preservar sus derechos, pretende evitar la victimización secundaria que supondría tener que regresar a la ciudad donde la violaron o enfrentarse de nuevo al sistema judicial español, que le obliga a declarar y recordar los hechos dos veces en pocas horas ante la Policía y un juez.
No obstante, fuentes jurídicas confirman que, hasta la fecha, esa comparecencia virtual aún no se ha materializado, motivo por el cual la magistrada se ha visto abocada al archivo provisional, el cauce procesal preceptivo mientras no se formule la ratificación de la denuncia que permita reabrir e impulsar la instrucción.
Riesgo de fuga
El presunto violador, un varón de 27 años y nacionalidad marroquí, se encuentra en situación administrativa irregular. El joven, que deambula por las calles de Valencia, carece de domicilio conocido y de arraigo familiar en España.
Pese a estas circunstancias objetivas que acrecientan el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados —un delito de agresión sexual con penetración—, la jueza acordó la libertad provisional del presunto agresor debido a que la víctima no compareció al día siguiente en el juzgado para ratificar la denuncia que había presentado horas antes ante la Policía. La magistrada adoptó esta decisión de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal.
Sobre el joven investigado pesa, asimismo, una acusación por un delito de atentado a un agente de la autoridad, atribuida a la violenta resistencia que opuso durante su detención. Tras ser sorprendido en plena agresión sexual en la arena cerca de la discoteca Akuarela Playa, el individuo huyó y propinó varios puñetazos a uno de los policías locales que lo persiguieron y detuvieron.
El amparo del Supremo
La resolución de la Sección de Violencia sobre la Mujer no cierra la puerta de forma definitiva a la reapertura de la causa. Muy al contrario: el sobreseimiento provisional actúa como un compás de espera procesal. La legislación penal española, impulsada por las reformas orientadas a la eficiencia y digitalización del servicio público de Justicia, ampara y prioriza el uso de la videoconferencia en supuestos de especial vulnerabilidad para evitar desplazamientos innecesarios a los ciudadanos y mitigar la revictimización en delitos contra la libertad sexual.
Esta cobertura técnica cuenta con el respaldo de la jurisprudencia: la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha equiparado de manera consolidada la validez de la declaración virtual a la física, sentenciando que los sistemas de conexión telemática segura garantizan el principio de contradicción y no merman los derechos de defensa del investigado.
Por ahora, el expediente reposa en los estantes del tribunal a la espera de que las pesquisas policiales o los enlaces de comunicación telemática logren tender un puente digital entre Valencia y el país de la víctima. Mientras tanto, no se puede reactivar una maquinaria penal que el trauma, por el momento, ha dejado en suspenso.
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