Combina investigación de Inteligencia, rastreo financiero y pruebas periciales para identificar a los organizadores y comprobar qué hicieron las autoridades españolas con las alertas
Regala esta noticia Añádenos en Google Decenas de asaltantes entran en Ceuta el pasado 30 de julio. (Reduan Dris/Efe) 20/09/2026 a las 00:08h.La investigación que María Tardón quiere poner en marcha para llegar hasta el fondo del asalto de Ceuta tiene pocos precedentes en la historia de ... la Audiencia Nacional en cuanto a su envergadura. Con la competencia ya consolidada y después de que el juzgado ceutí que investigaba al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, acordara inhibirse a su favor, la magistrada ha pasado a diseñar una macrocausa sobre los hechos de los días 30 y 31 de julio. Sus órdenes son claras: movilizar todos los recursos de todas las instituciones involucradas para aclarar este aún confuso episodio en el que -a la vista de la avalancha de diligencias ya ordenadas- la jueza sospecha que se mezclan geoestrategia, espionaje, inmigración, crimen organizado, relaciones diplomáticas y, sobre todo, mucha guerra hibrida.
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Autoría superior
El auto del 7 de septiembre dio las primeras pistas. La jueza, basándose en los documentos en su poder, ya distingue cinco niveles: quienes cruzaron, quienes difundieron la convocatoria, los organizadores sobre el terreno, los planificadores y los directores. En los dos últimos quedan pendientes las identificaciones. Ahora Tardón ha pedido a los servicios de Información de Policía y Guardia Civil, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) que averigüen «quiénes pudieron diseñar la operación» y sus conexiones con las «estructuras superiores». La comparación con las crisis de 2021 y 2024 buscará semejanzas y posibles vínculos. El Cenif, el único que por el momento ha investigado esta vertiente, describe una estructura «muy difusa», sin una jerarquía convencional acreditada.
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Redes y teléfonos
El rastro digital debe permitir pasar de perfiles y teléfonos a personas, relaciones y lugares. Tardón ha reclamado al Cenif un informe íntegro de organización digital y los identificadores de administradores y difusores. Después prevé acudir, mediante cooperación judicial internacional, a Meta, WhatsApp, TikTok, Telegram, Google o Apple, entre otras compañías. Ha solicitado la «conservación inmediata y posterior remisión» de registros, conexiones, dispositivos y contenidos utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto. La investigación tecnológica tendrá su propia pieza secreta. Averiguar quién hablaba con quién permitirá examinar si esa coordinación enlazaba con los organizadores de la frontera.
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Cadena de mando
Las resoluciones judiciales de Tardón se han hecho eco de los informes que recogen escenas en las que hombres sin uniforme imparten instrucciones a agentes marroquíes. La jueza asume la descripción policial de un «guiado activo» hacia el cruce, pero faltan identidades y relaciones de dependencia. Por eso, acaba de encargar análisis biométricos y reconocimientos faciales, con comprobaciones en archivos policiales, registros fronterizos y bases de Interpol y Europol. El CNI también ha recibido esa petición. Habrá un informe individual por persona. Para los uniformados de la parte marroquí que parecían guiar a los asaltantes, expertos de Policía y Guardia Civil deberán precisar cuerpo, unidad, graduación, funciones y conducta observada, e intentar reconstruir la cadena de mando en Castillejos los días 29, 30 y 31. El objetivo es atribuir actuaciones concretas a personas concretas.
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La pista del dinero
Para Tardón, una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas, la estimación que maneja el sumario, «difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros». La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigarán su posible financiación. Han recibido en el encargo específico de investigar movimientos económicos, sistemas informales de transferencia (como la hawala), y contratación de transportes colectivos. Se trata de localizar apoyos logísticos y a quienes los proporcionaron. La intervención del Sepblac, el servicio de prevención del blanqueo, queda para una eventual fase posterior, según lo que revelen esos informes.
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Avisos y decisiones
Es uno de los puntos más delicados para el Gobierno y Tardón no ha dudado en meterse de lleno. Quiere reconstruir la circulación de las alertas y las decisiones posteriores. Interior, la Delegación y distintas unidades de Policía y Guardia Civil deberán aportar comunicaciones, correos y órdenes entre el 20 de julio y el 7 de agosto, con destinatarios, horas y medidas adoptadas. La búsqueda de avisos alcanza también a Defensa y a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. Los mensajes desclasificados ya documentan el aviso del CNI al gabinete de la Delegación el 29; queda por precisar quién lo conoció y qué decidió. Las declaraciones del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, del jefe de la Policía Local y de Gonzalo Sanz, entonces jefe de Gabinete del delegado, ayudarán a contrastarlo. Tardón reserva otros testimonios para cuando disponga de los informes.
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Reconstrucción de la entrada
La secuencia de imágenes permitirá contrastar los relatos con los movimientos registrados. La jueza ya ha reclamado vídeos operativos, grabaciones de drones, cámaras fronterizas e imágenes satelitales. Al jefe del Estado Mayor de la Defensa le ha pedido el material disponible de sus centros y mandos sobre Castillejos y el Trampolín, entre el 20 de julio y el 7 de agosto. Todo deberá integrarse en un informe pericial audiovisual «único» que reconstruya itinerarios e identifique participantes.
También ha reclamado información a HI Iberia, la empresa tecnológica que lidera SEDA (Satellite Data AI), una plataforma de inteligencia geoespacial financiada por el Ministerio de Defensa y diseñada para descargar, procesar y analizar automáticamente imágenes obtenidas por satélites o medios aéreos. En concreto, la diligencia pretende aclarar si HI Iberia recibió algún encargo relacionado con los hechos de Ceuta para obtener, descargar o analizar imágenes de la zona mediante SEDA o cualquier otra plataforma de observación terrestre y, si existieron esos encargos, qué organismo, unidad o responsable los solicitó y en qué fechas. El requerimiento abarca cinco kilómetros hacia territorio marroquí y uno hacia España: interesa tanto lo observado como el rastro de las solicitudes.
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Muertes investigadas
La referencia judicial, por ahora, son los 83 cadáveres recuperados en aguas españolas, aunque todas las fuentes consultadas dan por hecho que hubo decenas de fallecidos más. Tardón ha reclamado las causas ya abiertas y comprobará si contienen las periciales necesarias. Cuando falten, pedirá informes sobre la causa concreta, las condiciones del cruce y «la posible intervención de terceros en la generación del riesgo que desembocó en dichas muertes». El auto del 7 de septiembre contempla provisionalmente homicidios y lesiones imprudentes vinculados al favorecimiento de la inmigración irregular.
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El negocio posterior
La instrucción alcanza los viajes clandestinos hacia la Península y los alojamientos utilizados tras la entrada. Tardón ya ha descartado la autoría directa de las redes conocidas de tráfico de migrantes, pero señala su posible aprovechamiento posterior de la crisis. El Cenif deberá actualizar sus pesquisas e identificar embarcaciones, propietarios, patrones, financiadores, rutas y beneficiarios, además de viviendas, garajes y locales de ocultación o tránsito. Su informe previo recoge pasajes de entre 3.000 y 7.000 euros por persona y al menos diez embarcaciones particulares que podrían realizar esos traslados. Hasta el 24 de agosto contabiliza 150 migrantes llegados a la Península desde Ceuta.
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