Política andaluza
La Junta cree que el sistema de financiación caerá en el Congreso pero contempla la vía judicialCarolina España tilda de «gobierno zombi» al Ejecutivo central y avisa de que Andalucía responderá ante lo que considera un castigo
Regala esta noticia Añádenos en Google Carolina España, tras el Consejo de Gobierno de este martes. (María José López / Europa Press)Sevilla
08/09/2026 a las 15:52h.La Junta de Andalucía está lejos de abandonar la batalla que libra contra el nuevo sistema de financiación autonómica después de que el proyecto del ... Gobierno superara su primer escollo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera gracias al respaldo de las comunidades catalana y canaria. La vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, lanzó este martes un mensaje contundente tras la reunión del Consejo de Gobierno. Aunque en el Ejecutivo autonómico confían en que la reforma no superará la votación en el Congreso, hay un plan B que pasa por los tribunales. Si la ley sale adelante, el conflicto se encauzará por la vía jurídica.
Ante ese posible escenario, la vicepresidenta tercera de la Junta señaló que la Junta dará esta batalla en todos los frentes: el político, el judicial y también el social. Remarcó que aunqueAndalucía se encuentra volcada en la trinchera política, de forma paralela se analizan minuciosamente los cauces jurídicos y la movilización social para trasladar a la ciudadanía lo que calificó como un agravio continuado. La responsable de las cuentas andaluzas reivindicó que la comunidad no pretende situarse por encima de ningún otro territorio, pero advirtió de que tampoco aceptará quedar relegada a un estatus inferior. Repitió el argumento basado en datos en el que la Junta viene sustentando su oposición a este modelo. Recordó que las cifras del reparto proyectado arrojan una brecha de 244 euros menos por cada ciudadano andaluz en comparación con un residente en Cataluña, una diferencia que traducida al criterio de población ajustada supone un desfase anual cercano a los 2.000 millones de euros.
Para la Junta, la creación de fondos específicos responden a una estrategia para desviar recursos hacia Cataluña
El argumento central del Gobierno andaluz pasa por denunciar la quiebra del principio de equidad en la prestación de servicios básicos como la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda. Desde la perspectiva de la Junta, la aceptación de la denominada ordinalidad y la creación de fondos específicos -como los vinculados al IVA de las pymes o a la transición climática- responden a una estrategia para desviar recursos hacia Cataluña por encima de los criterios poblacionales. Para ilustrar esta postura, la consejera recurrió a la analogía de un municipio que destinara más recursos e infraestructuras a los distritos con mayor nivel de renta en perjuicio de los barrios con menores ingresos, y criticó que sea una fuerza que se declara progresista la que asuma este tipo de dinámicas distributivas.
Cesión del IRPF
Respecto al recorrido de la propuesta en las Cortes Generales, el Gobierno andaluz maneja el diagnóstico de que el proyecto carece de los apoyos necesarios para salir adelante. Carolina España definió al Ejecutivo central como una estructura debilitada, que «arrastra los pies» y actúa de forma inerte tras una legislatura marcada por la dificultad para aprobar presupuestos generales. Pese a esta lectura de fragilidad parlamentaria, en San Telmo no ocultan su cautela ante la posibilidad de nuevas concesiones en la negociación de impuestos como el IRPF para amarrar respaldos clave. Por ello, la consejera interpeló directamente a los diputados socialistas andaluces para que fijen su posición en el debate parlamentario y elijan entre la disciplina de partido o la defensa territorial.
En el plano político más duro, la consejera situó este planteamiento financiero en el marco de la compra de apoyos y el pago de favores a las fuerzas independentistas. Acusó al Ministerio de Hacienda y a las formaciones catalanas de sellar un acuerdo a espaldas de la mesa multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para respaldar esta crítica, España recordó el rechazo frontal expresado por la mayoría de las comunidades autónomas del régimen común, al margen del signo político de sus gobiernos.
Ante este panorama, la Junta prevé agotar los plazos del debate legislativo con la esperanza de que la Cámara Baja frene el texto. No obstante, la maquinaria jurídica autonómica ya trabaja en el expediente que servirá de base para interponer los recursos correspondientes ante los tribunales, con el objetivo de paralizar cualquier norma que, a juicio del Ejecutivo andaluz, suponga una quiebra de la solidaridad e igualdad entre territorios.
comentarios Reportar un error