Nicolás Maduro aparece flanqueado por su esposa, Cilia Flores, a la derecha, y por Delcy Rodríguez, a la izquierda, en Caracas. Marco Bello Reuters
América La Justicia de EEUU fija el plazo para juzgar a Maduro mientras Trump ordena a sus fiscales proteger la inmunidad de DelcyLa Casa Blanca pide respetar la inmunidad de Delcy como jefa de Estado, un trato que niega a Maduro.
Más información:El juicio por narcotráfico contra Maduro y su esposa comenzará el 1 de junio de 2027
Álvaro Escalonilla Publicada 23 julio 2026 02:42h Las clavesLas claves Generado con IA
El horizonte judicial de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Estados Unidos contrasta, y mucho, con la situación legal de Delcy Rodríguez en ese país. De entrada, Maduro y Flores permanecen recluidos en la prisión de máxima seguridad de Brooklyn desde que fueron capturados en la madrugada del 3 de enero en Caracas. Delcy duerme desde entonces en el Palacio de Miraflores.
Maduro y Flores enfrentan cargos por conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Delcy, en cambio, recibió esta semana la inmunidad procesal de la Casa Blanca, que reclamó a los fiscales que respetaran su inmunidad como jefa de Estado. Un trato que niega a Maduro, cuya legitimidad Estados Unidos dejó de reconocer en 2019.
La fase de juicio contra Maduro y Flores comenzará el 1 de junio de 2027 a las 11:00 hora local. Así lo acordaron la Fiscalía del tribunal del Distrito Sur de Nueva York y la defensa del líder chavista, y así lo decretó en la mañana del miércoles el juez federal Alvin Hellerstein en una audiencia exprés que apenas llegó a los 15 minutos.
El magistrado, de 92 años, fijó una audiencia previa en noviembre. Será entonces cuando los abogados de Maduro soliciten al tribunal de Manhattan que desestime el caso sobre la base de la inmunidad presidencial que Washington concede ahora a Delcy.
La defensa tratará de aprovechar el hecho de que ninguna de las acusaciones contra Maduro sucedieron en territorio estadounidense para negar la jurisdicción de su Justicia sobre los hechos. También intentará sacar rédito de la dificultad de probar la conexión entre Maduro y el tráfico de drogas.
En contra del equipo que lidera Barry Pollack rema un dictamen de carácter consultivo que la Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia emitió antes de la captura de Maduro. Ese dictamen consideraba legal la operación militar en Caracas por servir al interés nacional y no alcanzar el grado de guerra que requiriera la autorización del Congreso.
El expresidente venezolano Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores y los abogados de ambos en la audiencia de este miércoles. Reuters
Donald Trump ordenó la captura de Maduro, y el Gobierno federal que preside manifestó este miércoles el compromiso de compartir en los próximos meses toda la información relativa a las actividades del expresidente venezolano para facilitar el trabajo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y arrancar una sentencia condenatoria.
La Administración no muestra la misma firmeza con el expediente de Delcy, cuyo nombre aparece en una denuncia presentada por dos ciudadanos estadounidenses y otro venezolano que sufrieron las represalias del chavismo ante el tribunal del Distrito Sur de Florida.
Liberados en un intercambio de prisioneros con Venezuela acordado durante la presidencia de Joe Biden, Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval atribuyen a Delcy y a otros dirigentes chavistas la campaña de represión llevada a cabo por el régimen en forma de secuestros, detenciones arbitrarias, torturas y actos de terrorismo.
El juez federal Darrin Gayles impuso una indemnización de 314 millones de dólares a los acusados, entre los que, además de la presidenta encargada, figuraban el propio Maduro y su presunto testaferro, Alex Saab, extraditado por la propia Delcy a Estados Unidos.
Sin embargo, el Departamento de Justicia remitió el pasado lunes una misiva al Tribunal del Distrito Sur del estado de Florida para pedir que reconociera la "inmunidad" de Delcy "frente a esta demanda". El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate, sostiene en el escrito que la demandada "es la actual jefa de un Estado extranjero, Venezuela".
Ese blindaje legal a la exvicepresidenta de Maduro no sólo se circunscribe a este caso, presentado por tres ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sufrido torturas, sino que es extensible al resto. "Las demandas en su contra deben ser desestimadas sin perjuicio", zanja la carta del Departamento de Justicia.
La Justicia de EEUU pone fecha para el inicio del juicio por narcotráfico contra Maduro y su esposa: el 1 de junio de 2027Al solicitar a los fiscales que reconozcan la inmunidad de Delcy, la Casa Blanca consolida el giro diplomático que inició el pasado mes de marzo, cuando comunicó formalmente a un tribunal federal de Nueva York que Delcy era "la única jefa de Estado con capacidad para actuar en nombre de Venezuela".
Cuando la agencia Reuters aseguró ese mismo mes que el Departamento de Justicia llevaba un tiempo preparando una acusación contra Delcy por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de capitales relacionados con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), el entonces fiscal general adjunto, Todd Blanche, se apresuró a desmentir la información.