El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, la vicepresidenta primera María Jesús Montero y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el CPFF de este miércoles. Europa Press
Macroeconomía La nueva financiación obligará al Gobierno a subir impuestos para pagar pensiones y Defensa y cumplir con el déficitLos cálculos de Fedea confirman que Cataluña es la más beneficiada en ingresos por habitante, con un extra de 1.440 millones por el IVA de las pymes.
Más información: El traje a medida de Montero con la financiación: blinda más dinero a Cataluña, 'topa' a Andalucía y castiga a Madrid.
Eduardo Ortega SocorroFernando Pastor Publicada 15 enero 2026 02:39hLas claves nuevo Generado con IA
El nuevo modelo de financiación autonómica repartirá casi 21.000 millones de euros extra entre las comunidades autónomas y concede ventajas específicas a Cataluña.
Expertos y organismos advierten que el Estado podría verse obligado a subir impuestos o reducir gasto público para mantener la estabilidad fiscal y cumplir con los objetivos de déficit.
Cataluña sería la comunidad más beneficiada por el nuevo sistema, recibiendo 507 euros extra por habitante ajustado y la mayor parte de los ingresos adicionales por el IVA de las pymes.
Algunas regiones como Extremadura, Cantabria, Castilla y León y La Rioja apenas mejoran su financiación, mientras que Cataluña obtendría también un gran porcentaje del fondo climático.
Los casi 21.000 millones extra que la nueva financiación autonómica repartiría entre todas las comunidades autónomas (CCAA), junto a las concesiones que hace a Cataluña, se ven como un riesgo de descapitalización para el Estado, que tendrá muy difícil cumplir con las reglas de déficit y deuda que impone la UE.
El Ministerio de Hacienda ha presentado su nuevo modelo a las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la idea fija de saltarse su rechazo casi unánime mediante su aprobación e imposición desde el Congreso.
Sin embargo, este sistema puede tener un reverso muy peligroso: el Gobierno tendrá que rebajar su gasto público e incluso subir impuestos para poder financiarlo sin desviarse de la senda de estabilidad en los próximos años.
Las CCAA del PP rechazan el 'modelo Junqueras' y retan a Page y Barbón a que vayan al Congreso a tumbarloAsí lo han advertido ya instituciones como la Airef, agencias internacionales como Standard & Poor's (S&P) o servicios de estudios como Fedea. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Estado siempre es el que más déficit acumula, frente al equilibrio de autonomías y ayuntamientos.
La propia María Jesús Montero, impulsora de nuevo modelo, ha admitido que pagar el coste de este modelo va a obligar a ciertas "renuncias" por parte del Gobierno. Además de que no va a ser la administración que más "disfrute de la mejora económica de nuestro país".
Montero ignora las críticas de las CCAA: el Congreso hará "factible" y "legítima" la nueva financiaciónLa vicepresidenta primera afirmaba este miércoles entender este tipo de preocupaciones: "Es evidente y lógico que pidan que el coste del nuevo modelo no sea a costa de quebrar la curva de consolidación fiscal. Lo compartimos".
Eso sí: "Espero que esto se tenga en cuenta cuando se repartan los objetivos de estabilidad", algo que, cuando ocurra, ella ya no estará en el Gobierno, puesto que está previsto que lo deje para ser la candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advertía este mismo miércoles que "para que las comunidades autónomas tengan más recursos, el Estado tendrá que gastar menos o tendrá que subir impuestos".
El think tank de la CEOE calcula que este modelo dejará al Estado con muy poco margen presupuestario en un momento en el que aumentan las presiones sobre sus recursos por el mayor gasto en la industria de defensa, difícil de controlar, y el creciente déficit de la Seguridad Social.
Cataluña se sale
Fedea ha sido el primer organismo que ha hecho una simulación de los efectos de la propuesta de Montero, sobre los datos de 2023, con la conclusión clara de que Cataluña es la más beneficiada.
De entrada, lograría un incremento de 507 euros por habitante ajustado, cien más que Madrid. Le siguen Valencia (496 euros), Murcia (468) y Baleares (450).
Carolina España, contra la nueva financiación: "Caviar para el independentismo y para el resto, menú del día"Del lado contrario, Extremadura, Cantabria, Castilla y León y La Rioja, no mejoran nada en ese ratio, aunque reciban más dinero en términos absolutos. Es más, pierden diez puntos en su financiación efectiva por habitante en relación con su posición actual en el conjunto autonómico.
Frente a ello, el caso catalán se dispara cuando se aplica la "jugosa prima de financiación a cuenta del IVA de las pymes". Cataluña es diferencial en esa recaudación, de forma que se llevaría 1.440 millones adicionales en ingresos directos por este impuesto, susceptibles de aumentar cada año.
Sólo seis CCAA se podrían ver beneficiadas por esta opción de recaudar una parte del IVA de sus pymes. Pero el dato catalán está muy lejos de los 232 millones de Valencia o los 191 de Madrid, que serían las siguientes en ese ranking.
Las cifras son muy llamativas, pues se asignaría a Cataluña unas tres cuartas partes del total potencial a repartir, o el equivalente a siete veces y media más que Madrid.
Page no acepta el "chantaje independentista" y Castilla-La Mancha exigirá en el CPFF una financiación "en serio"Una diferencia que los analistas no ven justificada, pues no está demostrado que se pueda relacionar el mayor peso de las pymes de un territorio con su desarrollo económico. Y mucho menos con que ese peso se deba a las actuaciones de los gobiernos regionales.
Según los cálculos de Fedea, a la Generalitat catalana irían a parar, además, la quinta parte del fondo climático (216 millones), por entender que la costa mediterránea es la más perjudicada por las catástrofes naturales que se generan.
Fedea entiende que eso es "un brindis al sol más que una herramienta útil para la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias", que exigiría recursos mucho mayores y una estructura de planes de actuación e inversión bien diseñados coordinada por el Gobierno central con financiación separada del sistema.