La agente que ha denunciado a José Ángel González por violación tuvo que trabajar en el mismo edificio que él tras la presunta agresión sexual que investiga un juez de Violencia Sobre la Mujer y que ha motivado su cese como director adjunto operativo (DAO), máximo jefe de la Policía Nacional. La víctima había aprobado para ascender a la categoría de inspectora antes de que, presuntamente, el DAO la obligara a masturbarle y le introdujera los dedos en la vagina en un piso de Madrid el 23 abril de 2025. Tras superar la prueba, solicitó «todos los destinos posibles en Madrid», que son «más de 30», confirman desde el entorno de la denunciante.
Se da la circunstancia de que, finalmente, la Policía le dio la plaza en el edificio en el que está ubicada la sede de la Dirección General de la Policía, donde se integra la Dirección Adjunta Operativa. Es allí donde está el despacho del policía del más alto rango del Cuerpo, el hombre al que Fernando Grande-Marlaska perpetuó en el cargo colando una disposición adicional en la aprobación de las ayudas para los afectados de la dana. De esta manera, la posibilidad de que ambos se cruzaran se daría a diario. De hecho, en el momento de incorporarse a su puesto, recoge la querella, González ya acosaba a la agente con mensajes intimidatorios y su mano derecha, indica el escrito, le habría ofrecido carta blanca en la elección de un destino a cambio de su silencio. Ambos habían mantenido con anterioridad una relación sentimental que ella decidió romper.
Con estas variables, la agente se incorporó a su nuevo puesto de trabajo –en la Subdirección de Recursos Humanos y Formación, ubicada en la misma sede– el día 24 de julio del año pasado. Según la querella que ha presentado, en esa misma jornada recibió una llamada desde el despacho oficial de José Ángel González. Cuatro días después de su llegada, el 28 de julio, solicitó la baja laboral ante la perspectiva de tener que trabajar en el mismo edificio que el hombre que presuntamente la había violado tres meses antes.
A finales del mes de mayo, supo que su nuevo destino estaría en el mismo edificio en el que tenía su oficina el DAO, con lo que el 2 de junio, la inspectora se puso en contacto con el Punto de Violencia municipal de Rivas Vaciamadrid para recibir asesoramiento. Allí fue asistida por un equipo de psicólogos y un asistente jurídico. El 24 de julio, la subdirectora de Recursos Humanos y Formación, Gema Barroso –que es la actual DAO de manera provisional–, le puso en contacto con el equipo de apoyo psicosocial de la Dirección General de la Policía tras, aclara la querella, «manifestar» la denunciante «su incapacidad para trabajar por afectación de salud mental». Pero no manifestó los motivos, pues siempre evitó dar detalles en los cauces policiales, por falta de confianza en un proceso interno de este tipo. El día 28, presenta la baja médica por incapacidad temporal. La sintomatología era clara: «Diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo reactivo a agresión sexual y acoso posterior sufridos».
Cumpliendo los protocolos habituales en el Cuerpo, se le retiró su arma reglamentaria. En los seis meses que transcurrieron desde que, por motivos de salud, tuvo que dejar su puesto hasta que interpuso la querella –el pasado 9 de enero– no tuvo seguimiento por parte de los servicios médicos de la Policía a pesar de que presentó sus partes de baja en los tiempos correspondientes. Por tanto, aseguran fuentes jurídicas, no hubo control. Un hecho que, advierte su letrado Jorge Piedrafita, «no es habitual en casos de esta naturaleza».
La violación se habría producido el 23 de abril de 2025, cuando la mujer se encontraba prestando «servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada». Estaba en la fase de prácticas tras haber superado con nota alta los exámenes que la han convertido en inspectora. A partir del mediodía, la agente habría recibido «múltiples llamadas telefónicas» de González «requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria». «Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, quien alegó razones laborales obvias, el querellado, haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente», precisa la querella.
La víctima se habría trasladado a un restaurante en el que el DAO estaría comiendo con su número dos, el comisario Óscar San Juan. Después de compartir un rato con ambos, González y la mujer se trasladaron a un piso. Su superior le habría propuesto subir a la vivienda, pero ella manifestó «su incomodidad y su deseo de marcharse».
Una vez dentro de la casa, José Ángel González habría servido dos cervezas e iniciado «de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima». Acercamiento, asegura la denunciante, «que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada». Tras la agresión, la llamó 17 veces ese mismo día y, ante su falta de respuesta, comenzó presuntamente a enviarle «mensajes intimidatorios» de «contenido manipulativo, minimizador de los hechos y culpabilizador» hacia ella. Además, prosigue el escrito al que el juez ha dado recorrido, hubo por parte de González acercamientos «de naturaleza sexual», blitzkriegs telefónicos intimidatorios y whatsapps. «Borrica», contiene uno; «estás gilipollas», dice otro.
La víctima decidió no cursar la denuncia por la vía policial y se dirigió directamente al juzgado. Dos días después de que la denuncia contra José Ángel González trascendiera, el Ministerio del Interior contactó con la denunciante para ofrecerle protección policial. Fue a través de la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gema Barroso, que ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional.
Según informó Interior, la presunta víctima ha aceptado esta protección policial, ofrecida la nueva DAO. Jorge Piedrafita, abogado de la víctima, había alertado de «la cacería que está sufriendo su cliente con todo tipo de bulos y mentiras para desacreditarla». Además, destaca que su ascenso obedeció a «méritos propios mucho antes de que sucediera la agresión sexual y obtuvo su plaza por baremación, siendo una persona íntegra e incorrompible que no ha vendido su silencio a cambio de ningún puesto, embajada o prevenda».
El ministro del Interior aseguró desde el primer momento que desconocía la denuncia y rechazó dimitir por el comportamiento delictivo que le atribuye a quien era su mano derecha en la Policía hasta el martes. Los mandos interrogados por este periódico recalcan su desconcierto de estos años ante la «confianza ciega» depositada por Grande-Marlaska en González, un perfil «muy alejado» del comportamiento que se le presupone a un DAO.