Antes de que el nombre del director adjunto operativo (DAO) José Ángel González saltara a los titulares por una presunta agresión sexual, la inspectora que lo ha denunciado ya había sufrido otro presunto episodio de hostigamiento de una ex pareja. En junio de 2017, siendo oficial de policía interpuso una denuncia por acoso contra Víctor Manuel Duque León, entonces secretario general del sindicato Unión Federal de Policía (UFP), después de que su número de teléfono privado comenzara a aparecer en páginas de contactos sexuales.
El caso lo instruyó el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Arganda del Rey (Madrid), pero en marzo de 2019 el juez lo archivó provisionalmente al no considerar suficientemente probado quién estaba detrás de los hechos.
Todo empezó a finales de junio de hace nueve años. La ahora inspectora comenzó a recibir llamadas y mensajes de hombres desconocidos que aseguraban haber encontrado su número en chats de contactos, donde alguien se hacía pasar por ella con distintos alias.
El 30 de junio, un varón que dijo llamarse Dani le contó que había estado chateando con ella. Días después, otro contactó con ella diciendo que había hablado con ella en otra web. La inspectora presentó su denuncia el 15 de septiembre de 2017 ante la Dirección General de la Policía y Duque fue detenido dos meses después por acoso cibernético relacionado con los celos.
La Brigada Central de Investigación Tecnológica rastreó el origen de los datos. La dirección IP desde la que alguien había publicado la información de la agente era la correspondiente a la sede del sindicato UFP en la plaza de Carabanchel, en Madrid, lugar donde trabajaban tanto la denunciante como Duque. En la inspección del despacho del sindicalista, los investigadores encontraron un portátil cuyo historial de navegación había sido borrado el 16 de octubre de 2017, fecha que la inspectora ya había señalado en su declaración.
También detectaron una conexión desde un iPhone al portal Chatpolis el 4 de julio de ese año, y en una cuenta de Dropbox encontraron un archivo comprimido con el nombre «wasap Chat... Valladolid». Cuando se le pidió a Duque que facilitara las credenciales de acceso, se negó.
Pese a todo, el juez consideró que la investigación —descrita en el auto como «completa y compleja»— no había logrado determinar qué dispositivo realizó concretamente la conexión ni quién tenía el control en ese momento.
Señaló, además, que varias personas tenían acceso al despacho y a las contraseñas del investigado: su secretaria, el informático y la propia denunciante. Duque negó los hechos en todo momento. El magistrado archivó la causa provisionalmente al entender que, aunque podían concurrir indicios, no eran suficientes para continuar el proceso. También descartó los delitos de amenazas, coacciones y acoso laboral relacionados con la relación sentimental que ambos habían mantenido anteriormente, por falta de hechos concretos y de testimonios que los respaldaran.
El archivo no cerró el enfrentamiento entre las partes. El sindicato denunció después a la inspectora por presunta apropiación indebida de material de la UFP, en concreto un móvil y enganches a internet.
En respuesta, ella acusó a Duque y a otro dirigente sindical, secretario de organización, de cargar gastos personales, comidas y copas en tarjetas del sindicato. Esa acusación derivó en una investigación por apropiación indebida y malversación de fondos que llevó a un juez de Madrid a procesar al sindicalista en octubre de 2023. En septiembre de 2025 se dictó auto de procesamiento contra Duque y el otro sindicalista por apropiación indebida de 500.000 euros. Ese auto fue recurrido por ambos solicitando la imputación de la denunciante, aún pendiente de resolverse en la Audiencia Provincial de Madrid.
Mientras tanto, el caso por la difusión de sus datos en webs de prostitución nunca fue reabierto. El archivo de 2019 sigue vigente, aunque la inspectora denunció haber sufrido acoso laboral y amenazas durante todo ese tiempo.