Los informes de la Guardia Civil sitúan a antiguos altos cargos del PSOE-A y a otras figuras de la Comunidad en lugares clave de la trama de la fontanera
Regala esta noticia Añádenos en Google (J.R.C.)Sevilla
07/06/2026 Actualizado a las 00:47h.Las antiguas terminales del poder institucional andaluz han emergido en la primera línea del sumario que tramita la Audiencia Nacional y que afecta a las ... entrañas del PSOE. Las indagaciones que dirige el magistrado Santiago Pedraz apuntan de manera directa a varios personajes con papel relevante pasado o presente en el PSOE de Andalucía.
Gaspar Zarrías
Entre todos ellos destaca Gaspar Zarrías, una figura clave durante gran parte de las casi cuatro décadas en las que el PSOE-A gobernó la Junta de Andalucía, donde llegó a desempeñar, entre otras, las funciones de vicepresidente y consejero de Presidencia. Durante cerca de dos décadas, este dirigente jienense fue un factor clave en la estructura de poder socialista en la comunidad más poblada de España.
Los atestados confeccionados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil asignan a Zarrías una función nuclear en el diseño de las operaciones del entramado que se investiga en el 'caso Leire', al definirlo como el presunto cerebro jurídico de una red consagrada a neutralizar las causas penales que comprometían a la cúpula central del partido. Esta implicación formal, sustentada en los delitos de organización criminal y falsedad en documento de naturaleza mercantil, ha devuelto al primer plano judicial los mecanismos de influencia de la vieja guardia.
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Rafael Salvador, 'Torrente'
Las pesquisas sobre el terreno contaban con el auxilio técnico de Rafael Salvador, un inspector jubilado de la Policía Nacional con amplia trayectoria en las brigadas de delincuencia económica. Utilizando el alias interno de 'Torrente', este antiguo funcionario público sevillano recibió instrucciones específicas de la trama para confeccionar informes lesivos dirigidos contra la magistrada Mercedes Alaya. Las transcripciones de las conversaciones intervenidas constatan la fijeza de la red por minar el crédito de la instructora inicial de las macrocausas, recurriendo al exánime agente de la UDEF para prefabricar trapos sucios que propiciaran el descrédito civil de la jueza. Los mandos operativos ordenaban la activación del colaborador veterano bajo la consigna explícita de buscar la eliminación procesal de cualquier instructor judicial que obstaculizara los objetivos de la organización.
Ana María Fuentes
El soporte administrativo de las operaciones se gestionaba a través de la dirección económica de la organización en Madrid, con la malagueña Ana María Fuentes al frente de la tesorería de Ferraz desde el año 2021. La gerente, que al comienzo de este siglo irrumpió en la política como una joven promesa del socialismo andaluz, se encuentra encausada por validar de forma sistemática los pagos mensuales destinados a Díez, empleando facturas que la Guardia Civil califica como simuladas. Los flujos económicos que sostuvieron las labores de espionaje procedían presuntamente de las partidas asignadas a la campaña electoral de los comicios europeos del año 2024, desviando de este modo recursos ordinarios de la formación para sufragar las actividades clandestinas del grupo operativo.
Juanfran Serrano
La coordinación ejecutiva de estas peticiones laborales y de presión en los juzgados recaía en Juan Francisco Serrano, diputado por Jaén y estrecho colaborador de la secretaría federal de Organización cuando al frente de esta se encontraba Santos Cerdán. La figura de Serrano adquirió en su momento tanto peso interno que su nombre llegó a sonar como posible sucesor de Juan Espadas como secretario general del PSOE de Andalucía, aunque finalmente Pedro Sánchez se decantó por María Jesús Montero.
Los pinchazos telefónicos demuestran que Díez acudía a este diputado para reclamar la colocación laboral de personas clave en las estrategias de desgaste contra las fiscalías especiales. El caso más evidente afectó a una mujer vinculada a un litigio por supuestos delitos de índole sexual contra el fiscal José Grinda. Serrano agilizó la contratación de esta denunciante y de su pareja en la corporación pública Resurja de Jaén, una circunstancia de la que Díez alardeaba en las comunicaciones intervenidas, señalando que el representante jiennense cumplía las directrices de manera dócil.
Los encuentros para supervisar la evolución de estos litigios instrumentales se celebraban en los despachos oficiales de la calle Ferraz, donde la denunciante del fiscal ratificó ante los agentes policiales haber mantenido entrevistas directas con Santos Cerdán y el propio Serrano. La remisión de estas actuaciones al Tribunal Supremo pende de la delimitación de indicios que realice el juez Pedraz respecto a la condición de aforado del parlamentario de Jaén. Los informes detallan que el propósito prioritario de estas prebendas era apartar a los acusadores públicos más rigurosos de los sumarios que afectaban a las estructuras de las siglas gubernamentales.
Vicente Fernández
La logística habitacional de la organización en Madrid dependía de Vicente Fernández Guerrero, malagueño de nacimiento y número uno de la promoción de letrados de la Junta de Andalucía de 1999. El expresidente de la SEPI, que ocupó la Intervención General bajo la jefatura de María Jesús Montero, cedía su piso particular en la capital para que Díez mantuviera sus citas reservadas con los diversos implicados. Fernández Guerrero, absuelto recientemente de la causa relativa a la explotación minera de Aznalcóllar, reportaba de manera constante los avances operacionales a la dirección, inquiriendo en los mensajes interceptados si las gestiones ante la Fiscalía General del Estado suscitarían el aplauso del máximo responsable de la Moncloa, a quien aludían bajo términos de jerarquía interna.
La documentación incautada constata que la red instrumentalizó el bagaje técnico de Fernández Guerrero en los entresijos del gasto público andaluz para diseñar las estrategias de contraataque legal en el sur. Tras su paso por la administración, su breve incorporación a un despacho sevillano especializado en las causas del partido rival fue escrutada por los investigadores ante el riesgo de filtración de datos sensibles de los sumarios autonómicos. Esta capacidad de penetración en los entornos judiciales se complementaba con las pesquisas originadas en la mercantil Servinabar, donde el antiguo interventor ejerció labores de consultoría técnica.
Joaquín Parra
El volumen de material probatorio que consolida las acusaciones contra Zarrías y el resto de los procesados proviene en gran medida del ámbito empresarial del carburante. El sevillano Joaquín Parra, antiguo gestor deportivo sumido en una causa por fraude fiscal, aportó un abundante registro de grabaciones de audio tras recelar de los ofrecimientos de amparo judicial que le brindaba la trama. Las propuestas de la fontanera contemplaban beneficios en su situación penal a cambio de utilizar sus enlaces en Extremadura para recabar información perjudicial contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora del procedimiento que afecta al entorno familiar de la presidencia del Ejecutivo central. Las instrucciones telefónicas obligaban también al empresario a formular denuncias falsas contra la principal multinacional petrolera del país para forzar variaciones en su cúpula directiva.
Las defensas técnicas de los encausados centran sus esfuerzos en desligar las decisiones financieras de la ejecutiva de los planes de acoso judicial que pormenoriza la Unidad Central Operativa. El cruce sistemático de las transacciones bancarias de Zaño Sociedad Consultora SL y los posicionamientos geográficos de los terminales móviles sitúa las citas clave en las mismas fechas en las que se tramitaban las facturas bajo sospecha. El testimonio coincidente de los empresarios y los archivos incautados al exinspector Salvador complican la estrategia de contención defensiva, evidenciando una trama de dimensiones estatales cuyo núcleo operativo se nutrió de los antiguos despachos de poder de la administración andaluza.
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