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El Gobierno y los sindicatos tratan de culpar a la oposición del fracaso de su política de vivienda.
El rechazo parlamentario al decreto de los alquileres ha envalentonado a la izquierda. Nada menos que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llamó a la "movilización social" en defensa de la prórroga obligatoria por dos años de los contratos de arrendamiento con congelación de su importe antes incluso de que la mayoría del Congreso de los Diputados (PP, Vox, Junts y UPN) votase en contra de la regulación ultraintervencionista impulsada por Sumar (el PNV se abstuvo).
Los sindicatos CCOO y UGT recogieron el guante, incluyendo la reivindicación de la medida y de más "soluciones" con el mismo enfoque entre las principales consignas de la manifestación del Primero de Mayo, celebrada ayer en la ciudad de Málaga coincidiendo, no por casualidad, con el comienzo de la campaña para las elecciones autonómicas que se celebran en Andalucía el domingo 17. También los autodenominados "sindicatos" de inquilinos, con fuertes vínculos con formaciones radicales de izquierda, han anunciado una gran protesta en Madrid -donde gobierna el PP- para el 24 de mayo.
Es evidente el patrón seguido en ambas convocatorias y en las declaraciones de los distintos portavoces de Sumar al hilo del fracaso de la intervención de los alquileres: culpar a la oposición, a los partidos de derecha y centroderecha, además de a los propietarios de viviendas, de la crisis de asequibilidad de vivienda que se agrava mes a mes en nuestro país. Cuando la única certeza es que las políticas desplegadas por el Gobierno "progresista" a instancias de la coalición que lidera Yolanda Díaz han agravado los problemas del mercado inmobiliario en España.
Atribuir a una sola causa los cuellos de botella para acceder a una vivienda hoy día, especialmente en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid, es un reduccionismo simplista. Pero esto mismo es lo que pretenden hacer la izquierda para no asumir la ineficacia de la regulación intervencionista que ataca a los propietarios y tratar de capitalizar a su favor el malestar creciente entre grandes capas de la ciudadanía por la crisis de la vivienda, que ya es el principal problema para la mayoría de los españoles en todas las encuestas, incluyendo el CIS de Tezanos.
Una maniobra tramposa con la que justificar su cerrazón ideológica en seguir aplicando un intervencionismo desmedido en la regulación de la vivienda que ha dado nefastos resultados en todos y cada uno de los países donde se ha aplicado.
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