La Unidad Central Operativa (UCO) ha entregado al juez que investiga a Begoña Gómez un nuevo informe que desbarata algunas líneas de defensa de la esposa del ex presidente del Gobierno. El atestado se acumula a los indicios que había hasta ahora y que ya habían llevado al juez Juan Carlos Peinado a proponer la celebración de un juicio con jurado.
PAGOS A SU EMPRESA
Begoña Gómez comenzó a facturar con la empresa de la que era administradora única y que tenía un nombre idéntico al de la cátedra de la Complutense que dirigía. Una de ellas era que la sociedad unipersonal Transforma TSC SL, que registró a su nombre en 2023, «no tuvo ningún tipo de actividad». Con ello esgrimía que nunca actuó con ánimo de obtener beneficios económicos como responsable de Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva (TSC), alejándose del delito de apropiación indebida que se le imputa.
«A pesar del corto periodo de vida de la mercantil, más allá de la intencionalidad o pretensiones perseguidas comercialmente con la fundación de la misma y que, en apariencia, se vieron frustradas de manera temprana, se apunta que esta efectivamente llegó a mantener una actividad comercial». Lo acompaña de dos facturas por un valor total de 6.687,85 euros giradas a una pyme.
No se han detectado más ingresos, si bien la UCO apunta a que la sociedad pasó a inactividad coincidiendo con la apertura de la investigación penal en la Plaza 41 de Madrid, en abril de 2024.
UN 'SOFTWARE' TERMINADO
En ese procedimiento, el juez Peinado ha revisado la actuación de Gómez en la cátedra. Especialmente, en lo relacionado con la plataforma digital que se creó en su seno y que tenía como objeto medir el impacto social de las pymes. Una web permitía a las empresas registrarse y, conforme a las facturas de la UCO, pagar por los servicios. El dueño de la sociedad que hizo los dos pagos se acababa de registrar en esa web.
La unidad especializada de la Guardia Civil también desmiente la afirmación de Begoña Gómez de que ese software no llegó a entrar en funcionamiento. Lo hace en el apartado denominado «acciones que contravienen las pautas marcadas por la UCM sobre propiedad intelectual».
Según la UCO «el desarrollo de la Plataforma fue dado por finalizado». «En última instancia, la herramienta fue puesta a disposición de grupos de pymes, mediante talleres promocionales y del público general a través del portal web transformatsc.org, según se tenía planificado desde un inicio», indica.
SIN PROTECCIÓN
Los investigadores añaden que la Complutense «no habría podido gestionar debidamente» los derechos de propiedad de la plataforma «ante la ausencia de la comunicación previa por la unidad responsable del proyecto, en este caso la Cátedra». En lugar de facilitar esa protección, hubo pasos en la dirección opuesta: «Por el contrario, desde la Cátedra, como responsables de proyecto, no solo no habría seguido el proceso establecido por la titular de los derechos, la UCM, sino que además se llevaron a cabo acciones de divulgación que habrían afectado a la propiedad intelectual de la Plataforma», se indica, en referencia al tour de Begoña Gómez promocionando la plataforma.
Otro apartado del informe revisa las «vinculaciones y analogías de la plataforma con el entorno privado-empresarial de Begoña Gómez». Una de las ramas del caso Begoña se ha dirigido a aclarar si tras su actuación en la UCM existía una intención de lucrarse, aprovechando lo que, como la plataforma digital, debía ser propiedad del centro universitario.
La UCO concluye que «de las analogías de denominación, objeto y figura visible [Begoña Gómez] de ambas, unidas a la ausencia de aviso legal en el portal web que identifique plenamente la/s entidades responsables detrás de la Plataforma, pueden derivarse dudas razonables sobre si Transforma TSC SL es una de ellas».
A esa confusión entre lo privado y lo público el informe incorpora otro elemento. Gómez ha alegado que pagó el registro de la marca y el dominio de internet que correspondían a la cátedra con la intención de evitar que terceros ajenos los emplearan. Sin embargo, afrontó ambos casos con fondos privados suyos, no de la cátedra, a diferencia de cómo actuaba con otros gastos igualmente referidos a su trabajo en la UCM.
Por ejemplo, la inscripción de la marca le supuso 206,57 euros, que abonó con cargo a una cuenta «de la que es titular Begoña Gómez, junto con su cónyuge». También asume 118,58 euros por el dominio www.transformatsc.org.
«Pagos que difieren de lo observado con respecto a otros de cuantía similar o mayor, derivados de asuntos diversos relacionados con la Cátedra o la Plataforma y que, al contrario de lo que sucede con los antedichos, son asumidos con fondos de la UCM».
CONTRATOS AMAÑADOS
Respecto al estricto desarrollo tecnológico de ese software, el informe resalta irregularidades en las adjudicaciones con cargo a fondos de la Complutense. Las de Deloitte «estaban premeditadas». De hecho, la consultora ya había iniciado sus funciones «con anterioridad a la adjudicación del primer contrato». Y sospecha que hubo «ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte». La propia UCM había detectado irregularidades previas en un contrato con otra sociedad.
LA ASESORA, «INTEGRADA»
El juez Peinado imputa a Begoña Gómez tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Este último por la dedicación de su asesora de en La Moncloa, Cristina Álvarez, en las tareas profesionales privadas de la esposa del presidente. Singularmente, en el funcionamiento de la cátedra y su máster. Gómez alegaba que habían sido ayudas ocasionales. Por contra, la UCO afirma que su tarea «responde íntegramente a este tipo de funciones de gestión y auxilio a la Dirección de la Cátedra de la UCM». «Independientemente de la ausencia de una relación formal con la Universidad, a efectos de exposición se considera a Cristina Álvarez integrada en el equipo de trabajo de la Cátedra».
APELACIONES
El juez Peinado considera que hay indicios para sentar en el banquillo a la esposa del presidente y que el juicio debe celebrarse ante un jurado. Que la vista oral llegue a celebrarse depende ahora de la respuesta de la Audiencia de Madrid a los recursos de apelación. Las defensas y la Fiscalía solicita el archivo del procedimiento. Por su parte, las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, piden para la esposa del presidente una condena de 24 años de prisión.