La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado este viernes en la sede de Correos y varias direcciones generales dependientes del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica en busca de documentación sobre varios expedientes de contratación pública, según informan fuentes de la investigación a EL MUNDO.
Entre las direcciones generales a las que ha acudido la UCO se encuentran la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio que capitanea Sara Aagesen, y la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio que lidera María Jesús Montero.
Estos requerimientos de información se enmarcan en la operación que está desarrollando la Audiencia Nacional con la Fiscalía Anticorrupción sobre los presuntos amaños de contratos públicos en varias empresas estratégicas del Estado.
En este causa, que permanece bajo secreto de sumario, han sido detenidos el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández Guerrero, hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero; de la denominada fontanera de Ferraz, Leire Díez, y del socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso. Díez fue directora de Relaciones Institucionales de Correos, que depende de la Sepi.
Tal y como ha informado este periódico, en las irregularidades detectadas, cobra un papel de especial relevancia la Sepi, tanto por los amaños presuntamente llevados a cabo en la etapa en la que Vicente Fernández la presidió como por la actividad delictiva desplegada en una época posterior, cuando el grupo público estaba aparentemente descabezado pero el ahora investigado continuó operando «en la sombra» y manejando un brazo estratégico del Estado, bajo la protección de la ministra Montero.
Las fuentes consultadas sostienen que la presunta trama criminal desplegó su influencia para amañar contratos públicos de forma continuada en el tiempo y coordinada. Se investigan delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Desde que arrancó el operativo el pasado miércoles, la Guardia Civil ha practicado una veintena de requerimientos de información en las sociedades públicas Sepi, Sepides, Enusa y Mercasa, y en domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Además, los agentes de la UCO han llevado a cabo varios registros en empresas vinculadas a Servinabar (perteneciente a Alonso y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán), uno de ellos en la sede de la compañía Forestalia en Zaragoza. La Guardia Civil también se personó ayer en un despacho de abogados, SDP Estudio Legal S.L., en la capital hispalense.
Las pesquisas se iniciaron a partir del material que la Guardia Civil se incautó en la mercantil Servinabar el pasado mes de junio. Entonces, al analizar esa documentación, la UCO detectó hechos que podían ser delictivos y que excedían el ámbito del denominado caso Koldo. Tras poner estos indicios en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, el departamento que dirige el fiscal Alejandro Luzón incoó unas diligencias de investigación propias para investigar al triángulo formado por Fernández, Díez y Alonso.
En el procedimiento constan ya una decena de investigados, según fuentes de la investigación.