El 17 de enero de 2002, Garikoitz Aspiazu 'Txeroki' envió una caja envuelta con papel marrón a la casa de los padres de la periodista vasca Marisa Guerrero. Entregada por una empresa de mensajería y con un cartel de Confebask -la organización empresarial vasca- el paquete con casi 300 gramos de dinamita era una trampa mortal. Sólo la fortuna y los reflejos de Guerrero evitaron una tragedia. La ex delegada de Antena 3 en Euskadi conoce al detalle el proceso seguido por el ex jefe de ETA para salir cada día de prisión pese a estar condenado a casi 400 años de cárcel: "La salida de la cárcel de Txeroki es incomprensible, bueno no, es comprensible porque responde a los acuerdos políticos de este gobierno para que salgan de la cárcel a la calle los presos de ETA, sean quienes sean", denuncia alto y claro una de las víctimas del ex dirigente de la banda.
La concesión a Garikoitz Aspiazu de un tercer grado encubierto ha multiplicado el dolor de sus víctimas. La gran mayoría se encuentra indefensa y desinformada ante la concesión del 100.2 otorgado por la administración vasca, que desde octubre de 2021 gestiona las tres prisiones. Pero Marisa Guerrero se mantiene alerta y no está dispuesta a claudicar ante la estrategia política que está vaciando las cárceles en una calculada estrategia de traslados, permisos, 100.2 y terceros grados para el centenar de terroristas de ETA.
"El caso de Txeroki es el más sangrante, sin duda", lamenta Marisa Guerrero, que ya ha comunicado formalmente tanto a la Oficina de Atención de Víctimas del Terrorismo como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria su oposición a que el terrorista que le envió un paquete bomba pueda caminar libre por el País Vasco e, incluso, acercarse a su domicilio cuando tiene una orden de alejamiento de 50 kilómetros. "Se supone que la oficina de víctimas comunica a la Ertzaintza salidas de estos terroristas con condenas de alejamiento pero, ¿va a haber una patrulla detrás de cada etarra para garantizar que cumplen las sentencias?", advierte indignada.
Txeroki vuelve a salir de prisión tras el régimen de semilibertad concedido por el gobierno vascoE.MGarikoitz Aspiazu abandonó antes de las 8:00 horas de ayer la cárcel de Martutene sin control policial ni ninguna medida de localización. A partir de ahora, todos los días laborables saldrá de la cárcel, salvo que el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro lo anule. Guerrero, como el resto de las víctimas de Txeroki desconoce por qué la Junta de Tratamiento de Martutene ha concedido esta semilibertad al etarra cuando ha cumplido apenas 17 años de los 30 de encarcelamiento.
"Las víctimas no tenemos ni voz ni voto en la concesión de estos beneficios porque la ley actual limita nuestra participación al momento en el que se les concede la libertad condicional", señala la periodista vasca, que denuncia el flagrante y continuo incumplimiento de la Ley de Víctimas con etarras que ni se han arrepentido, ni han pedido perdón a sus víctimas, ni han colaborado con la Justicia para esclarecer los 379 asesinatos que siguen impunes.
Txeroki habría firmado una "cartita", como la define Guerrero, de desvinculación del terrorismo de ETA, que redactan los abogados del autodenominado Colectivo de Presos Vascos y que junto a ex etarras como José Antonio Ruiz 'Kubati' monitorizan la puesta en libertad de los jefes de ETA que, por su sangriento historial delictivo, son los que formalmente cumplen sus condenas en las tres prisiones vascas. "¿Quién controla todo ese cumplimiento, no sólo de los requisitos legales, sino una estricta observación de buena conducta de la cárcel? Nadie", aclara Marisa Guerrero confirmando la opacidad con la que la consejera socialista María Jesús San José facilita la concesión de beneficios penitenciarios.
"Txeroki es un estandarte de la izquierda abertzale y su supuesto abandono de la violencia es igual a cero", constata.