Una policía relata interferencias de un superior y otros agentes validan el registro de la casa de Villarejo, donde aparecieron los audios del espionaje a Bárcenas
Regala esta noticia El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez a su llegada este lunes a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. (EFE) 05/05/2026 Actualizado a las 16:19h.Las presiones en la Unidad de Asuntos Internos (UAI), encargada de investigar actuaciones irregulares o delictivas de los propios funcionarios policiales, como ha ocurrido en ... el 'caso Villarejo', origen de la pieza separada relativa a la 'operación Kitchen', y las interferencias sufridas en la investigación de este grupo a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias el 'pequeño Nicolás' -unos hechos coincidentes en el tiempo con el espionaje sin aval judicial a Luis Bárcenas-, se cruzaron este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional.
La policía, que formó parte de la unidad espedcial entre 2012 y 2017, es decir, coincidiendo en el tiempo con 'Kitchen' (2013-2015) señaló que el inspector Galán, que en esa época era jefe de Sección del Grupo de Vigilancias de Asuntos Internos, «ridiculizaba todo el tiempo» y «se reía» de Martín Blas, que por entonces era su superior. «Nosotros estábamos investigando a Nicolás y nos supervisaba directamente Marcelino (Martín Blas). Nuestras investigaciones no le interesaban a él (Jesús Vicente Galán). Quería que todos fuéramos enemigos de Marcelino», manifestó la testigo, atribuyendo esa animadversión al enfado de Galán por denegarle una condecoración policial. Uno de los asuntos que más tensiones generan históricamente entre los mandos del cuerpo, más si cabe cuando estas distinciones llevan aparejada una pensión vitalicia.
Tiempo después, cuando se designó la comisión judicial del caso -un momento procesal en el que los agentes no pueden compartir información y deben limitarse a despachar con las autoridades judiciales encargadas de las pesquisas-, la testigo dijo recibió una llamada por teléfono de Galán. «Le dije que no podía hablar de la investigación porque había una comisión judicial, que no tenía nada que contarle», detalló, si bien admitió que finalmente transigió y aceptó encontrarse con él.
Se citaron en un centro comercial de Madrid y, allí, Galán le conminó a pedir un cambio de destino en Galicia, de donde era la agente, «y que dejara la investigación» y que «hablara» de Martín Blas, si bien su interlocutora rechazó la proposición porque no quería abandonar el caso y, además, estaba obligada judicialmente a continuar con el mismo.
«Pues vete a una embajada. Tienes que empezar a vivir bien porque tú ya llevas muchos años en la policía, esto es un sacrificio, estáis dando mucho por esta causa y esto es absurdo, esto no os va a llevar a ningún lado», terció Galán para torpedear supuestamente la causa del 'pequeño Nicolás', según su relato. «Yo no quiero una embajada porque tengo una familia, tengo un marido y una hija aquí en Madrid», respondió ella.
Nuevas vigilancias
La policía declaró que sintió «muchísimo miedo» en el momento en que Galán «nombró el colegio» en el que estudiaba su hija. «Me acaba de acojonar. O sea, me acaba de pronunciar el colegio en el que estudia mi hija, donde yo la llevo todos los días, a una niña de tres años en ese momento», recordó al tribunal. Este episodio fue comunicado a la autoridad judicial. Precisamente, en las agendas de Villarejo fueron registrados supuestos seguimientos al jefe policial de la investigación del 'caso Nicolás', el inspector Rubén López, y al juez instructor Arturo Zamarriego. Vigilancias similares a las que sufrió la familia Bárcenas en 'Kitchen'.
Tras esta agente declararon seis policías de Asuntos Internos que participaron en los registros a la vivienda de Boadilla del Monte (Madrid) del comisario Villarejo en noviembre de 2017. Una entrada que permitió intervenir una serie de evidencias que contenían datos de la operación parapolicial al extesorero del PP para recuperar información sensible en su poder sobre la 'caja B' de la formación. Los testigos contaron que el objetivo era encontrar «toda» la documentación, en papel o digital, y que apareció «mucho material informático» en un canapé de una cama. Respaldaron la legalidad de esta diligencia y apuntaron a que Villarejo y su esposa estuvieron presentes.
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