- IGNACIO DEL CASTILLO
Pretenden que el Gobierno otorgue un periodo más amplio para adecuar las redes móviles a la exigencia de aguantar al menos cuatro horas.
Telefónica, Masorange y Vodafone España pretenden lograr mejoras en el proceso de tramitación del real decreto de resiliencia de las redes presentado por el Gobierno a raíz de la caída de las redes móviles por el apagón del 28 de abril y que está abierto a alegaciones hasta el 8 de enero.
Este real decreto, cuyo borrador se difundió el 2 de diciembre, supuso un enorme contratiempo para las operadoras, que vieron cómo los objetivos maximalistas del Gobierno amenazan con costarles cientos de millones de euros en inversiones adicionales.
La principal obligación que emana del borrador es que las operadoras desplieguen en sus redes móviles baterías o generadores que permitan mantener la actividad de los emplazamientos radioeléctricos durante cuatro horas para el 85% de la población.
Para garantizar la operatividad en caso de apagón eléctrico, es necesario equipar los emplazamientos de telefonía móvil con baterías eléctricas (caras y pesadas, y que hay que reemplazar periódicamente, por lo que su instalación eleva el capex y el opex a largo plazo) o con generadores de gasóleo.
Inversiones millonarias
Reforzar la capacidad de resiliencia de las redes puede costar inversiones millonarias tanto a las telecos -Movistar, Masorange, Vodafone y Digi- como a las empresas de torres, como American Tower, Cellnex, Totem y Vantage Towers, que sólo afrontarán ese gasto si hay un contrato detrás con los operadores que les garantice una rentabilidad a la inversión, elevando así el gasto de las telecos.
Fuentes del sector señalan al menos 100 millones por cada uno de los tres grandes operadores y anticipan dificultades porque muchas de las azoteas no podrán soportar el peso de las baterías para asegurar el servicio de dos operadores. En un escenario en que las telecos atraviesan dificultades económicas, la obligación de destinar más recursos a robustecer la resiliencia eléctrica supondrá poder destinar menos a otras partidas como el aumento de la capacidad o de la cobertura.
El principal objetivo de las operadoras, que se están coordinando a través de la patronal DigitalES, es el de extender el plazo máximo para dar cumplimiento a esa obligación de cuatro horas para el 85% de la cobertura de la población. Evidentemente, no supone el mismo esfuerzo inversor para las operadoras si el plazo máximo es finales de 2027, que si se establece en, por ejemplo, 2030 o 2032, de forma que las inversiones se puedan fraccionar y repartir en más ejercicios.
Entre las operadoras se ha extendido la percepción de que va a ser muy difícil lograr que el Ministerio para la Transformación Digital que lidera Óscar López admita -una vez que ya hizo públicos sus objetivos- una reducción de su ambición de que la protección de cuatro horas llegue al 85% de la población, para que no se vea como una cesión política en detrimento de la protección de los ciudadanos.
Por eso, las telecos pretenden ir a lo práctico y además de ampliar el plazo, también pretenden obtener otras ventajas menores. Así, algunas quieren poner el acento en que exista dinero público procedente de los NextGen -que se está recuperando de programas sin ejecutar- aunque también se considera que esa pretensión no va a ser atendida por Transformación Digital.
También se pretende lograr que se permita apagar la red 5G y dejar sólo la 4G, que consume menos y que se elimine la obligación de comunicar proactivamente a la base de clientes y a la Administración de las averías.
Tres jerarquías de redes según su importancia
La novedad más destacable que implanta el borrador de real decreto es que establece tres jerarquías de redes, de forma que habrá una parte de la red que se considerará de primer nivel, otra de nivel intermedio y el resto, cada una con un plazo de resiliencia eléctrica diferente.
Según señalaba el Ministerio de Transformación Digital, "en el caso de que haya una interrupción de suministro eléctrico, las infraestructuras de primer nivel deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas.
Las instalaciones clasificadas de nivel intermedio deberán ser operativas durante al menos 12 horas. El resto deberá tener garantizada la operatividad durante cuatro horas. En el caso de una red móvil, estas cuatro horas deben mantener la cobertura al 85% de la población".
La decisión sobre cuáles serán las infraestructuras de primer nivel, intermedio y se consideran como "resto" corresponderá a las operadoras de telecos.
Sin embargo, la decisión de las operadoras sobre esta jerarquía de las redes podrá ser cuestionada por la Administración central. De esta forma, si el Ministerio considera que la clasificación es demasiado austera, podrá pedir a las telecos que eleven el nivel de protección.
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