La sentencia condenatoria al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, refleja las tensiones que la delictiva filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso produjo en el seno del Ministerio Fiscal. Durante el juicio, el acusado llegó a declarar que su entonces subordinada, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, tenía «acritud» hacia su persona y «desafección» con la cúpula de la Fiscalía General. García Ortiz dijo que Lastra se sentía «preterida» profesionalmente.
En la sentencia, el Tribunal Supremo recoge la declaración de la testigo y afirma que Lastra «no parece reticente, ni resentida, por su situación o trato dentro de la cúpula fiscal». «Por el contrario, lo que denota es que, fiel a su superior, alertó a este de lo que estaba ocurriendo y convino con él en cómo se debía proceder. Con lo que ya no estuvo de acuerdo fue en la forma en la que, posteriormente, actuó el Sr. García Ortiz, revelando una información que atentaba seriamente a la intimidad de terceras personas y a la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y fiscal para alcanzar una posible conformidad. Lo tuvo muy claro, y ya advirtió, a la Fiscal de Madrid, el malestar por proporcionarle datos que iba a revelar, advirtiéndole que tuviera cuidado», dice la Sala.
Para el tribunal, las conversaciones mantenidas entre Almudena Lastra y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ponen de manifiesto que la actuación de la primera de ellas dirigida a que los correos intercambiados entre la defensa del empresario Alberto González Amador y la Fiscalía de Madrid se mantuvieran en la confidencialidad que debía garantizarse. «No de otra manera pueden entenderse las prevenciones sobre el riesgo de divulgación, que no quisiera publicar la nota informativa desde la Fiscalía Superior de Madrid, y que reprendiese a la Sra. Rodríguez por haber pasado los correos», previendo que los iban «a filtrar».
El fiscal, Julián Salto, acudiendo a declarar como testigos en enero.E. P.En este contexto, para el tribunal también tiene lógica el enfado de Lastra, la mañana del 14 de marzo, cuando se opuso frontalmente a la divulgación de la nota que García Ortiz le ordenó difundir de manera imperativa. Aquella mañana Lastra «amonestó a su máximo jefe por haber filtrado los correos, a lo que éste se limitó a contestar que 'eso ahora no importa'».
Junto al testimonio de la fiscal superior de Madrid, hay otro que tiene especial valor para el Alto Tribunal. Es el del fiscal Julián Salto, a quien correspondió investigar el caso de fraude fiscal del empresario Alberto González Amador. Salto fue el fiscal al que García Ortiz sacó de un partido de Champions la noche del 13 de marzo de 2024 para entregar los correo. «El Fiscal General no podía esperar», declaró en el juicio. La Sala otorga además relevancia a la explicación que Julián Salto proporcionó sobre el argumento repetido por la defensa de García Ortiz -y los satélites mediáticas del Gobierno- de que 200, 400 o 600 personas (fiscales, funcionarios, personal prestador de servicios) pudieran ser potenciales divulgadores del correo del 2 de febrero, donde el letrado de González Amador admitió que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública».
Sobre este extremo, la Sala señala que la única prueba practicada al efecto fue la testifical de este fiscal que no permite tener por declarada esa prueba, pues manifestó en el juicio que no tiene acceso a los correos de las causas en las que no tiene interviene, y que ignoraba si sus compañeros sí lo tenían. «Consecuentemente no es atendible la alegación referida a que los correos electrónicos, respecto de causas en tramitación, puedan ser vistos y 'espiados' por fiscales ajenos a la atribución de la causa. Lo único que cabe extraer de su declaración es que no tiene acceso a los correos de las causas en las que no interviene, extremo que resulta de una lógica aplastante», recoge el Supremo sobre el testimonio de Salto.