Leire, Antxon y el ex de la SEPI ofrecían edificios históricos de Correos con financiación pública a cambio de comisiones

El empresario Antxon Alonso, la fontanera Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Arte EE

Los inmuebles eran enseñados por la exdirectora de Relaciones Institucionales de Correos y Vicente Fernández ofrecía su influencia en la Sepi como garantía.

La trama proponía a los empresarios ayudas de la empresa pública Sepides para la adquisición y la puesta en marcha del negocio que fueran a instalar en el inmueble.

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Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández ofrecían edificios históricos de Correos a empresarios, facilitando financiación pública a cambio de comisiones.

La trama presentaba estos inmuebles, ubicados en ciudades como Madrid, País Vasco y Andalucía, para proyectos hoteleros tras su adquisición y reforma.

Parte de la financiación se gestionaba a través de Sepides, y la influencia de Fernández en la Sepi se utilizaba como garantía ante los interesados.

La Guardia Civil investiga a los tres por tráfico de influencias, comisiones y posibles amaños de contratos públicos por valor de 132 millones de euros.

Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández ofrecían a empresarios la compra de edificios históricos de Correos con financiación pública a cambio de comisiones.

Según revelan fuentes conocedoras de las negociaciones a EL ESPAÑOL, la fontanera del PSOE y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) enseñaron estos inmuebles a diversos interesados.

En un momento posterior de la negociación ambos presentaban a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, para proponer también que la constructora de la trama se hiciera cargo, directa o indirectamente, de la reforma.

Generalmente proponían que una vez adquirido el edificio, que solía estar en una zona emblemática de la ciudad, el proyecto tuviera carácter hotelero.

Entre los registros realizados por la Guardia Civil en este caso se encuentra el de la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Los edificios de Correos que fueron ofrecidos por la trama están ubicados en diferentes comunidades autónomas, entre las que se encuentran Madrid, País Vasco y Andalucía.

Para facilitar la operación, el expresidente de la Sepi y la fontanera del PSOE ofrecían a los empresarios financiación pública para la adquisición y reforma de los inmuebles.

Esta financiación, según fuentes de las negociaciones, se realizaría a través de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides).

La influencia de Vicente Fernández Guerrero en la Sepi era presentada como una garantía a los interesados de la viabilidad de las adquisiciones y de la financiación pública.

Fernández se encargaba de encontrar posibles empresarios interesados en invertir en la compra de estos edificios.

Por su parte, Leire Díez fue la directora de Relaciones Institucionales de Correos desde finales de 2021 a marzo de 2024 y su presencia era una muestra de la importante influencia de la trama.

Interés por los edificios

Según ha podido constatar EL ESPAÑOL de fuentes cercanas a Correos, este tipo de operaciones se estudian de forma habitual. "Son muchas las empresas que se interesan por edificios icónicos de la sociedad", explican.

Ahora bien, no se trata de procesos frecuentes dado que tienen una gran complejidad que requiere la autorización del consejo de administración de Correos y de la Sepi.

Las fuentes consultadas recuerdan que no es extraño que Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso trataran de sacar provecho de este tipo de procesos.

Durante la estancia de Díez en Correos como directora de relaciones institucionales, la sociedad vendió distintos inmuebles en Almería, Castellón, Valencia, o Barcelona, entre otras ciudades.

Los tres mosqueteros de Santos Cerdán compartían un grupo de WhatsApp para gestionar sus negocios llamado Hirurok, que en vasco significa "los tres juntos".

Este grupo fue encontrado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un dispositivo de Antxon Alonso durante el registro realizado el pasado mes de junio.

La documentación incautada, tanto en Servinabar como en el domicilio del socio de Cerdán, ha servido para abrir esta pieza secreta en la Audiencia Nacional, que investiga amaños por valor de 132 millones de euros.

En esta cantidad se incluyen los 112,8 millones de euros del rescate que recibió la empresa vasca Tubos Reunidos por parte de la Sepi.

Otras operaciones investigadas son un contrato público de Mercasa adjudicado a Servinabar y otro por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri SL- Afesa Medio Ambiente SA con un importe de 2,8 millones.

La investigación

También se investigan pagos de Enusa Industrias Avanzadas a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP y una ayuda de Sepides a Arapellet SL, empresa perteneciente al grupo Forestalia, por un valor de 17,3 millones.

Una parte de las supuestas comisiones cobradas por la trama habrían sido canalizadas a través de la empresa Mediaciones Martínez SL, afincada durante años en Zaragoza.

Mediaciones Martínez pagó 148.000 euros a la constructora de Cerdán y Alonso en 2022 y 2023.

Carmelo Aznárez, propietario de la sociedad, la domicilió en la calle Serrano, 76 de Madrid tras realizar los pagos a Servinabar y cambió su denominación a Promociones Inmobiliarias Ku-ma.

Forestalia en el foco

La antigua Mediaciones Martínez también está estrechamente vinculada a sociedades de Forestalia y Sumelzo.

Aznárez es dueño también de Mascún Obra Civil. Esta constructora está asociada a Sumelzo SA y su dirección en Huesca es sede ahora también de Infraestructuras Montearagón.

La UCO sostiene que Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández formaban una gran trama de tráfico de influencias en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los tres fueron detenidos entre el pasado miércoles y el jueves. Este sábado han pasado a disposición judicial y el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dictaminado su puesta en libertad.

Tal y como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL este viernes, Cerdán y Leire extorsionaron a empresas del Ibex 35.

El entonces secretario de Organización del PSOE y la fontanera de Ferraz pidieron un millón de euros a las empresas para frenar noticias negativas. Ambos decían representar al Gobierno en estos chantajes.

Las reuniones con los directivos tenían lugar en el piso de Diego de León, en Madrid, alquilado por Vicente Fernández.

Leire y Cerdán amenazaban a las compañías con querellas falsas de terceros y con utilizar material de los audios de Villarejo en su contra.

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