Los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid han estado expuestos durante más de tres años a gases potencialmente cancerígenos sin las medidas de protección adecuadas, según denuncian sindicatos del cuerpo, que acusan a la cúpula del área de Movilidad de ocultar un informe clave de prevención de riesgos laborales.
El origen del conflicto se sitúa en mayo de 2022, cuando el área que dirige Borja Carabante adquirió tres opacímetros —dispositivos portátiles para medir emisiones contaminantes de vehículos— que comenzaron a utilizarse en la vía pública. Estos aparatos analizan en pocos segundos gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono o hidrocarburos directamente desde el tubo de escape.
Sin embargo, apenas un mes después, en junio de 2022, Madrid Salud elaboró un informe técnico en el que advertía de los riesgos asociados a esta actividad: exposición a agentes cancerígenos, posibilidad de quemaduras, inhalación de gases tóxicos y riesgos por atropello. El documento instaba a aplicar medidas "inmediatas y continuas" de protección.
Según denuncian los sindicatos PROGRESA y CEM, ese informe nunca fue trasladado a los trabajadores ni se implementaron las medidas recomendadas. Entre ellas figuraban el uso de mascarillas FFP2, guantes resistentes al calor, ropa específica, protocolos de descontaminación de los equipos o vehículos con separación del habitáculo.
Las críticas se dirigen directamente a la Subdirección General de Movilidad, encabezada por Virginia Torres Lirola, y a la consejera técnica María Dolores Molero González, a quienes responsabilizan de haber ignorado durante más de tres años las recomendaciones de prevención. "El informe se ha mantenido oculto mientras los agentes realizaban estas tareas sin protección", denuncian fuentes sindicales.
Riesgos para la salud
Los representantes de los trabajadores advierten de que la exposición continuada a gases de combustión podría tener consecuencias graves para la salud, incluyendo el desarrollo de cáncer o alteraciones celulares.
Además, denuncian que no existe un registro de los agentes que realizaron estas mediciones ni se les ha ofrecido vigilancia médica específica, tal y como exige la normativa en casos de exposición a agentes cancerígenos.
El secretario general de Progresa, Chema Sánchez, asegura que la situación persiste:
"Los opacímetros ya se han vuelto a utilizar y no se ha solucionado nada. No tenemos equipos de protección ni una prevención real. El problema no es solo lo que sale del tubo de escape, sino que el propio aparato puede liberar gases dentro del vehículo".
Los sindicatos sostienen que estos hechos podrían suponer una vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no descartan responsabilidades penales. El Código Penal contempla penas de hasta tres años de prisión por poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. En este contexto, han solicitado explicaciones a toda la cúpula del área y reclaman el cese de responsables, incluyendo a la directora general de Movilidad, Marta Alonso.
La versión municipal
Desde el Ayuntamiento defienden que el procedimiento es seguro y que los agentes no permanecen junto al tubo de escape durante la medición. Según explican, el dispositivo se coloca con el vehículo parado y los funcionarios se alejan mientras el conductor acelera, retirándolo una vez finalizada la prueba.
Además, en la respuesta remitida a los sindicatos, el Consistorio asegura que los agentes reciben formación específica para estas tareas, incluyendo información sobre la inhalación de gases y la exposición a agentes cancerígenos, y que existe una relación nominal de trabajadores habilitados para el uso de estos dispositivos.
El Ayuntamiento sostiene igualmente que los operativos no superan las dos horas de exposición y que se ha puesto en marcha una revisión médica extraordinaria para los agentes que han realizado estas funciones.
Asimismo, defiende que los trabajadores disponen de equipos de protección adecuados, como mascarillas FFP2, guantes resistentes al calor y alfombrillas de protección para la manipulación de los dispositivos.
En su conclusión, la Subdirección General de Agentes de Movilidad afirma que los efectivos "están formados y disponen de los materiales de protección necesarios y suficientes" para realizar estas tareas.
Dudas sobre la protección y el control técnico
Los sindicatos reclaman ahora evaluaciones médicas específicas para todos los agentes expuestos, estudios epidemiológicos, aplicación inmediata de medidas de protección y depuración de responsabilidades. También piden localizar a todos los trabajadores que realizaron estas tareas —incluidos aquellos que actualmente son policías municipales— para evaluar posibles secuelas.
Según fuentes sindicales, el uso de equipos de protección tampoco habría sido adecuado. En este sentido, explican que se realizó una consulta al Ministerio de Trabajo sobre la eficacia de las mascarillas FFP2 en este tipo de intervenciones. La respuesta, aseguran, fue que este tipo de protección respiratoria no resulta eficaz para filtrar los gases procedentes de los motores diésel, lo que dejaría a los agentes igualmente expuestos a sustancias potencialmente peligrosas.
Por otro lado, el sindicato PROGRESA denuncia irregularidades en el control técnico de los dispositivos utilizados. Según indican, los opacímetros deben someterse obligatoriamente a una revisión y verificación metrológica anual para garantizar su correcto funcionamiento, quedando prohibido su uso en caso de no superar estos controles. Sin embargo, sostienen que estos equipos no han sido sometidos a dichas verificaciones desde su adquisición en 2022.
Para los representantes sindicales, esta situación resulta "inaceptable", especialmente si se tiene en cuenta que los ciudadanos están obligados a cumplir con estrictos controles de emisiones en sus vehículos. "Se exige a los conductores superar pruebas contaminantes mientras la propia Administración utiliza equipos sin verificar", critican, calificando la situación de "despropósito".