Advierten de que la norma convierte al propietario "en escudo social del Estado", daña la confianza del inversor y frena la oferta.
Promotoras, fondos y consultoras cargan contra los decreto aprobados por el Consejo de Ministros y advierten de que la norma convierte al propietario en "escudo social del Estado", al tiempo que daña la confianza del inversor y frena la creación de oferta.
La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que agrupa los intereses de grandes tenedores, incluyendo a fondos de inversión, promotoras y particulares, avisa de que cada nueva intervención que hace más difícil alquilar, invertir o recuperar una vivienda "empuja a más propietarios a retirarse y frena la creación de nueva oferta".
Desde Asval preocupa especialmente la ampliación de la limitación a la adquisición de vivienda. El nuevo real decreto-ley limita hasta el 31 de diciembre de 2030 determinadas adquisiciones, y somete a esta medida a las personas jurídicas que sean propietarias de más de diez viviendas o cinco en zona tensionada.
La asociación apunta que la medida afecta a empresas cuya actividad sea "precisamente mantener viviendas en alquiler estable y de largo plazo, sin que exista necesariamente una conducta especulativa".
Simplificación ideológica
"Equiparar gran tenedor con especulador es una simplificación ideológica que perjudica directamente a la oferta. Si España necesita cientos de miles de viviendas, expulsar o limitar a quienes tienen capacidad para invertir en ellas es exactamente el camino contrario al que deberíamos recorrer", aseguran.
Para Asval el decreto impacta también al pequeño propietario con prórrogas forzosas sin compensación, preferencia del inquilino en la venta de la vivienda, incluso si es a un familiar, y pérdida del incentivo fiscal si decide adaptar la renta al mercado.
En este sentido, claman contra el derecho de adquisición preferente del inquilino. "Esto significa que un propietario que quiera vender la vivienda alquilada a su hijo, a su pareja o a cualquier otro familiar no podrá hacerlo libremente sin dar antes al inquilino la posibilidad de comprarla por el mismo precio y en las mismas condiciones. Salvo determinados supuestos, como el copropietario o quien tenga un derecho inscrito preferente, el inquilino se sitúa por delante incluso de la propia familia del propietario", aseveran.
Desde APCEspaña (Asociación de Promotores Constructores de España) también critican que se "utilicen situaciones dolorosas" para hacer política de vivienda'.
Los promotores consideran que las elecciones de noviembre pueden ser una "oportunidad" para afrontar con "seriedad y rigor" la situación. "Todo el mundo, también el sector promotor, quiere solucionar el problema de la vivienda. Hagámoslo, y no cambiemos las reglas a mitad de partido, ni utilicemos situaciones dolorosas para hacer política de vivienda'', apuntó ayer Xavier Vilajoana, presidente de la APCEspaña, durante el V Congreso Nacional de Vivienda que se celebra en Barcelona y que ha reunido a más de 400 profesionales del sector.
Los promotores recuerdan que en España se necesitan 250.000 viviendas nuevas al año y que apenas se están construyendo entre 90.000 y 110.000, es decir, menos de la mitad. Esa diferencia implica que cada año se acumula un déficit estructural de más de 100.000 hogares.
Sin consenso
Los promotores critican además que el Gobierno no ha consensuado con el sector, ni tan siquiera informado, de las medidas de los reales decretos de vivienda aprobados. El Ejecutivo tampoco ha consultado el contenido de las normas con las consultoras presentes en ACI, que son las encargadas de asesorar en la gran mayoría de las operaciones inmobiliarias que implican a inversores institucionales.
El primer decreto, que incluye la prórroga extraordinaria o la congelación de alquileres, contará previsiblemente con el respaldo de la Diputación Permanente. "Pido a las Administraciones que nos escuchen, y que nuestro trabajo no sea en balde'', dijo el presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana. Para Asprima la aprobación de los decretos supone un "paso atrás" en la construcción de vivienda y en la atracción de la financiación.
"El país arrastra desde hace años una brecha enorme entre la demanda de vivienda nueva y la producción real, y medidas como estas no hacen sino ampliarla". Para los promotores la inseguridad jurídica ya propicia una "clara huida" de la inversión destinada al desarrollo de grandes parques de vivienda en alquiler, con un impacto directo sobre los sectores de población con menos recursos.
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